Esteban Oviedo. 25 noviembre, 2020
Manifestantes al frente de la Asamblea Legislativa en enero pasado. Foto: Archivo/Lilliam Arce.
Manifestantes al frente de la Asamblea Legislativa en enero pasado. Foto: Archivo/Lilliam Arce.

La Contraloría General de la República (CGR) les advirtió a los diputados de que un transitorio incluido en la última versión de la reforma al empleo público golpearía las “precarias finanzas públicas” del país en el corto plazo.

Según una estimación elaborada por la Contraloría, aplicar el transitorio en 30 instituciones del Gobierno Central aumentaría el gasto en salarios públicos entre un 1% y un 5%, en momentos de fuerte déficit fiscal.

En el ejercicio elaborado por la CGR, el presupuesto tendría que subir en unos ¢18.800 millones en el primer año de vigencia de la ley.

El proyecto de empleo público pretende crear un sistema de salario global, en el que los empleados públicos devengan un sueldo global sin necesidad de la enorme cantidad de pluses que hoy distorsionan y encarecen el pago de remuneraciones en el Estado.

No obstante, en las últimas sesiones de discusión del proyecto de ley, en la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración, los diputados aprobaron un transitorio propuesto por el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca para incluir a los empleados públicos actuales, en el nuevo esquema, de la siguiente manera:

-Los funcionarios que hoy superen el salario global solo recibirán aumentos por costo de vida hasta que el nuevo esquema los alcance-

-Los empleados que devenguen una remuneración inferior al futuro salario global tendrán la posibilidad de pasarse voluntariamente al nuevo esquema en un plazo de seis meses.

La preocupación de la Contraloría es sobre este último punto: “Debe advertirse que esta modalidad de transición tendría implicaciones fiscales a corto plazo que, en la situación actual de las finanzas públicas, haría inviable su financiamiento y pondría en riesgo la efectiva y sostenible transición al modelo de salario único y sus beneficios futuros”.

“Es nuestro deber, como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, alertar sobre la ausencia de datos claros y precisos sobre las estimaciones económicas del costo de la implementación del transitorio y su fuente de financiamiento, lo que puede provocar un mayor desequilibrio fiscal del que ya tienen las finanzas públicas”.

En el ejercicio elaborado con 30 instituciones, la CGR estimó que cerca de un 23,5% de los empleados actuales podría hacer ese traslado inmediato al nuevo esquema de salario global, lo que aumentaría los presupuesto de salarios de cada entidad entre un 0,1% y un 12,8% “dependiendo de factores como el salario definido y la estructura organizacional”.

“La CGR no recomienda la aprobación del transitorio en los términos actuales dado el efecto significativo sobre las finanzas públicas”, agrega el informe.

Por tanto, la Contraloría considera imprescindible una reformulación del texto que permita una “transición sostenible y gradual a partir de una medida razonable para lograr una verdadera reforma al régimen de empleo público”.

“Tal medida podría ser que, tratándose de personas servidoras públicas que, a la entrada en vigencia de la ley devenguen un salario inferior al que les corresponde según la categoría de salario global pertinente, su traslado se faculte en tanto resulte viable conforme a las posibilidades financieras de la Administración, ligado con el comportamiento de la deuda del Gobierno Central, de tal forma que los traslados voluntarios puedan autorizarse de conformidad con el análisis de la disminución de la deuda pública”.

“Así, los traslados voluntarios podrían permitirse únicamente cuando la deuda del Gobierno Central sea inferior al 60% del PIB; de lo contrario, no existirá la posibilidad del traslado”, propuso la Contraloría.

Una moción de la liberacionista Silvia Hernández, que fue rechazada en comisión, proponía que los empleados que queden por debajo del salario global sigan con el sistema de pluses hasta que alcancen el nuevo esquema y, en adelante, se haga el cambio.

La Contraloría también llamó la atención sobre la necesidad de tomar decisiones con base en información clara: “Es indispensable para su análisis y aprobación que el legislador disponga de datos claros y precisos suministrados por el Poder Ejecutivo sobre las estimaciones económicas que estos mecanismos de transición conllevan y que aporten evidencia de que existirán las fuentes de financiamiento necesarias para hacer frente a las erogaciones que puedan derivarse, no solo a nivel de todo el sector público sino de frente a cada realidad institucional”.

”Dicha información permitirá también gestionar atinadamente -desde ya- eventuales efectos inmediatos y durante los primeros años, sobre las finanzas públicas, especialmente en el complejo escenario económico actual caracterizado por el desequilibrio fiscal que compromete severamente la disponibilidad de fondos para hacer frente a nuevas erogaciones por parte del Estado”.

Por otra parte, la CGR advirtió de que, en el plan, no se contemplan las instrucciones de transición para aquellas instituciones públicas que ya han implementado esquemas de salario único o global con base en sus propias regulaciones especiales.