La semana que termina permitió conocer los cuatro componentes que tendrá el ajuste fiscal que el país negociará con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como la magnitud de cada uno.
Ante la insistencia del Gobierno por la aprobación legislativa de un crédito de $250 millones del BID y la negativa de la oposición a tramitarlo, mientras no exista una ruta clara del ajuste fiscal, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, envió una carta al Congreso el jueves 10 de diciembre.
En el documento, el jerarca delineó los cuatro componentes del ajuste que el Poder Ejecutivo le planteará al FMI, y precisó el aporte económico de cada uno.
La propuesta va de la mano con lo que había adelantado el presidente Carlos Alvarado el 3 de diciembre. No obstante, el jerarca de Hacienda expuso importantes detalles de cada medida y aprovechó para exponer el aporte político que requerirá de parte de la oposición.
El planteamiento incluye medidas para disminuir el desbalance de las finanzas públicas en un 3% del producto interno bruto (PIB). La nueva meta supera la que se planteó en el diálogo entre el Gobierno y sectores, que era de un 2,5% del PIB.
El detalle de los componentes es el siguiente:
1. Recorte del gasto público por un 1,5% del PIB. Este es el mayor componente de todos.
En este punto, el ministro adelantó que será fundamental el proyecto de reforma al empleo público que se discute en el Congreso.
Si los diputados querían que se les definiera una ruta clara, el Gobierno les respondió con claridad en este apartado. Tan es así que Villegas adelantó que la reforma será convocado a la agenda del Congreso el lunes 14 de diciembre y les señaló a los legisladores que, “para que este (proyecto) tenga un impacto pronto y positivo en las finanzas, es necesario hacer ajustes al texto actual, en la línea de lo que ha propuesto la ministra de Planificación”, Pilar Garrido.
El martes 8 de diciembre, Garrido les presentó a los diputados los resultados de una estimación económica de los efectos que tendrían los distintos escenarios del proyecto de reforma al empleo público.
Estas son las principales conclusiones del cálculo:
-Excluir a los funcionarios públicos actuales del proyecto de reforma al empleo público impediría al Gobierno Central ahorrarse ¢29 billones en un plazo de 42 años, para un promedio de casi ¢695.000 millones anuales.
-Si se aprobara el proyecto original, el Gobierno desembolsaría ¢136,2 billones en remuneraciones en 42 años. En este escenario, el salario global solo cubriría a los nuevos funcionarios públicos. En cuanto a los servidores actuales, la regla fiscal les congela los incrementos por costo de vida por unos 12 años, mientras la deuda pública no baje del 60% del PIB, pero sí se les reconocen nuevas anualidades.
-Si se aprueba la versión actual del proyecto, el costo sería de ¢135,2 billones en el mismo plazo, apenas ¢1 billón menos que con la versión original.
Este texto plantea el salario global para todos los funcionarios, pero sin aplicarles la regla fiscal a los actuales funcionarios, es decir, otorgando incrementos por costo de vida durante la crisis fiscal.
Además, se traslada de inmediato, al nuevo esquema, a 27.000 funcionarios actuales del Gobierno que quedarían por debajo del salario global, lo que provocaría un incremento inmediato de unos ¢25.700 millones.
-Si se procede con un texto alternativo planteado por la ministra de Planificación, el costo en remuneraciones sería de ¢107 billones en los mismos 42 años, un 21% menos que con el proyecto original y prácticamente un 20% menos que con el texto actualmente dictaminado.
En este escenario, el salario global cubre a actuales y futuros funcionarios; además, se respeta la regla fiscal y, a los servidores actuales que queden por debajo del salario global, se les permite seguir con el sistema salarial de pluses hasta que alcancen el sueldo global, de forma paulatina.
-Los ahorros serían mucho mayores si se permitiera dirigir al Gobierno Central los ahorros que se generen en el resto de instituciones.
-Sin embargo, todavía falta ver cuál sería el precio de no hacer nada. Es decir, de permitir que las cosas sigan como están establecidas actualmente, con el esquema de salario y pluses, pero con la aplicación de la regla fiscal.
Las negociaciones sobre empleo público no serán fáciles. En el PLN, luego de que el jefe de fracción, Luis Fernando Chacón, achacó a Roberto Thompson y a Karine Niño oponerse a la reforma, el verdiblanco David Gourzong afirmó que, una vez que las finanzas públicas se recuperen, el tema salarial debería volver a la “normalidad del aumento por inflación y por anualidades”, aunque la reforma justamente procura eliminar el encadenamiento a pluses como las anualidades.
En cambio, una versión muy distinta expuso la liberacionista Silvia Hernández, presidenta de la Comisión de Hacendarios y una de las principales impulsoras de las medidas de contención de gasto, quien escribió en su perfil de Facebook: “Falta mucho por hacer y la bola está en la cancha del Ejecutivo. No se puede atrasar más el proyecto de empleo público, por poner solo un ejemplo”.
2. El segundo componente de la nueva propuesta al FMI es el de nuevos ingresos por la vía de impuestos. Se trata de un 0,8% del PIB.
De ese 0,8%, ya sabemos de dónde provendría un 0,2%: del impuesto a los premios de la lotería y de la introducción del esquema de renta global.
Sobre el restante 0,6%, el ministro dijo: “Es decir que el restante 0,6% debe ser negociado con el FMI, pero principalmente con las señoras y señores diputados”, afirmó Villegas.
De nuevo, el ministro traza una ruta, pero advierte a los diputados de que requerirá de su apoyo en el duro terreno de la aprobación de nuevos impuestos.
3. El tercer componente es el de la eliminación de exoneraciones de impuestos, por un 0,5% del PIB, a fin de aumentar la recaudación del Gobierno.
El Ejecutivo no ha revelado qué exoneraciones pedirá derogar. En la propuesta de setiembre, por ejemplo, incluyó el beneficio de las cooperativas, del salario escolar de los empleados públicos y de la Sutel, por ejemplo. En este tema, será necesario revisar la relación costo-beneficio de cada exoneración, y será sometida a prueba la capacidad de los diputados de resistir el lobby sectorial.
4. En aportes de empresas estatales, el ministro anunció un plan equivalente al 0,2% del PIB con un proyecto que será remitido posteriormente.
El ministro de Hacienda precisó que, con la nueva propuesta de ajuste fiscal, la meta es alcanzar un superávit primario del 1% en el año 2023, rompiendo el ciclo de desequilibrio.
Al principio de la pandemia, cuando el Gobierno adquirió un primer crédito rápido de $508 millones con el FMI, se comprometió a que, una vez pasada la crisis sanitaria, tomaría medidas para alcanzar un superávit primario del 2,2% del PIB en el 2024.
Un superávit primario consiste en que los ingresos del Gobierno Central sean superiores a sus gastos, pero sin tomar en cuenta el dinero que se va en el pago de los intereses de la deuda pública.
En el 2019, el Gobierno más bien tuvo un déficit primario del 2,78% del PIB: los gastos superaron a los ingresos en más de ¢1 billón (un millón de millones), incluso sin tomar en cuenta el pago de intereses. Este año, también habrá déficit primario.
En la carta, el ministro expuso la intención de reducir el gasto primario corriente de un 16,45% del PIB a un 13% del PIB entre el 2020 y el 2025.
El gasto primario corriente es el dinero que el Gobierno destina a remuneraciones, adquisición de bienes y servicios, y transferencias corrientes a instituciones.
Tomando como base el PIB del 2020, eso significaría bajar el gasto primario corriente de ¢5,7 billones a ¢4,5 billones. Sin embargo, el PIB de cada año cambia, de acuerdo con las condiciones de crecimiento de la economía.
Si la economía del país creciera con fuerza y el Gobierno contiene sus gastos, sería mucho más fácil alcanzar esa meta.
Elian Villegas afirmó que será necesario reducir el gasto público en un 3% del PIB a lo largo de los próximos cuatro años.
Además de la reforma al empleo público, el ministro anotó que ya hay reformas en camino para alcanzar esa meta, como los recortes presupuestarios.
En un informe reciente, la Contraloría General de la República destacó que, por los esfuerzos de recorte de los diputados, el déficit del 2021 se redujo en un 0,4% del PIB en el presupuesto.
Esta semana, también surgieron tres informes que vale la pena revisar:
-El déficit financiero del Gobierno Central, acumulado en los 11 meses transcurridos este año, alcanzó un monto equivalente al 7,7% de la producción, informó el jueves 10 de diciembre, el Ministerio de Hacienda. La proyección oficial del Gobierno para este indicador para el 2020 es de 9,3% de la producción.
-La compañía de servicios financieros Barclays ve posible que Costa Rica y el FMI alcancen un acuerdo de financiamiento en el primer trimestre del 2021, con base en una propuesta de ajuste fiscal más balanceada que la presentada en setiembre. De acuerdo con la firma londinense, el Gobierno empieza a dar señales de progreso sobre la posibilidad de conseguir un consenso sobre un programa de ajuste financiero en las próximas semanas.
-La agencia calificadora de riesgo Moody’s emitió un comunicado, el 8 de diciembre, en el cual indica que el perfil crediticio de Costa Rica concuerda con la actual calificación.”El perfil crediticio de Costa Rica (calificación de emisor B2) refleja la fortaleza económica “baa3” del país basada en una economía pequeña y diversificada con una larga historia de crecimiento estable y niveles de riqueza moderados”, indicó la calificadora.