La actual redacción de la reforma al empleo público abriría la puerta para que más de 28.000 empleados del Estado reciban un aumento salarial inmediato, al emigrar al nuevo esquema de salario global.
El traslado implicaría un incremento de poco más de ¢32.000 millones en el gasto público solo en el primer año, entre el Gobierno Central y el resto de instituciones estatales.
La cifra se desprende de una estimación hecha por el Ministerio de Planificación (Mideplán) sobre la efecto que tendría la reforma al empleo público en un periodo de 42 años, con diversos escenarios.
En el escenario del texto actual, el incremento obedece a que la redacción abre la puerta para que, en los primeros seis meses de haber entrado en vigencia la ley, emigren al esquema de salario global los servidores que reciban sueldos por debajo del futuro salario global, en su respectiva escala.
Mideplán detectó que con esa medida, propuesta por el diputado socialcristiano Pablo Abarca, 26.923 funcionarios del Gobierno Central realizarían el traslado y 1.712 de otras instituciones.
En total, se trata de un total de 28.640 servidores, cerca del 10% de un universo de 285.000 empleados analizados por el ministerio.
De ese modo, en el Gobierno Central, que abarca a la Presidencia, 18 ministerios, los poderes Legislativo y Judicial, y el Tribunal Supremo de Elecciones, así como los órganos adscritos, el pago de salarios se dispararía en ¢25.725 millones el primer año, el 0,07% del PIB.
En las otras instituciones el pago de salarios subiría en ¢6.525 millones por ese traslado, un 0,02% del PIB.
El texto, que ya se dictaminó en la comisión de Gobierno y Administración, no contempla el pago de anualidades, pero sí incrementos por el costo de vida durante los próximos 12 años, a pesar de que la regla fiscal del 2018 ordena congelarlos durante ese periodo, mientras la deuda pública no baje del 60% del PIB.
En esas circunstancias, después de incrementar el pago de salarios en el primer año, ese texto generaría un ahorro promedio anual del 0,61% del PIB en los siguientes 29 años.
Posterior a ese tiempo, volvería a disparar el gasto público. Del año 30 al 41 de haber entrado en vigencia la norma, el pago de salarios aumentaría en 0,60% del PIB en cada uno de esos años, según Mideplán.
Para evitar ese gasto, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, le recomendará a los diputados, esta semana, modificar una parte del transitorio propuesto por Abarca, en lo concerniente a los trabajadores que queden ganando menos del global.
La ministra les sugerirá que esos 28.600 funcionarios sigan ganando su salario compuesto por un monto base más pluses anuales.
Ellos emigrarían al nuevo esquema hasta que el monto equipare al del salario global.
En cuanto a los funcionarios actuales que superen el salario global, la ministra recomendará congelar los sueldos hasta que sean alcanzados por el nuevo régimen, respetando incluso las medidas extraordinarias ordenadas por la regla fiscal, las cuales suspenden por aumentos por costo de vida mientras la deuda pública no baje del 60% del PIB.
Precisamente, el nuevo esquema de salario global sería de un monto único dentro de las escalas del sector público. Ya no contendrá pluses que disparen el gasto a medida que pasen los años. pero sí sumará ajustes por costo de vida.
