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Los diputados vuelven este lunes 7 de enero a laborar y desde esta misma semana se focalizarán en impulsar más recortes a las pensiones de lujo, pagadas por el Estado.
Así lo confirmó Víctor Morales Mora, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien dijo que el martes 8 de enero tiene programada una reunión con el director nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora.
Ambos se vienen reuniendo desde finales del 2018 con el objetivo de idear un proyecto de ley que englobe todas las iniciativas presentadas por los legisladores, para disminuir el dinero que destina el Gobierno a estas jubilaciones, las cuales tienen cargo al Presupuesto Nacional y, en algunos casos, llegan a los ¢16 millones (en monto bruto) cada una.
Solo en el 2018, cuatro proyectos de ley de esa índole entraron en la corriente legislativa, promovidos por los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN), Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio.
El propósito es consolidar una sola propuesta que tome elementos de todas las demás iniciativas y, con el documento listo, buscar apoyo de todas las fracciones representadas en el Congreso.
El pago de esas pensiones se comerá el 9,7% del Presupuesto Nacional de este 2019, o sea, ¢1.060.437 millones (más de ¢1 billón). Se trata de un monto que creció un 11,2% respecto al presupuesto ajustado al 31 de agosto de 2018.
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Las últimas cuatro propuestas de recortes
El proyecto de ley del PUSC, liderado por el diputado Pedro Muñoz, propone cerrar el ingreso de más personas a los regímenes especiales existentes –el de Capitalización del Magisterio Nacional y el del Poder Judicial– y que todos los nuevos contribuyentes entren al régimen de Invalidez Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Por su parte, la iniciativa de Restauración Nacional, encabezada por la congresista Xiomara Rodríguez, plantea tasar estas jubilaciones con contribuciones solidarias extra a las impuestas por la Asamblea Legislativa a las pensiones de lujo en el 2016.
Estas nuevas contribuciones se aplicarían en distinta proporción, de acuerdo con el régimen del que provengan las jubilaciones, ya sea el Magisterio Nacional, el Gobierno o el Poder Judicial.
Adicionalmente, la propuesta de ley de Restauración postula que ninguna pensión supere los ¢4,5 millones.
En el caso del proyecto de ley del PLN, presentado por la diputada Franggi Nicolás, este busca que ninguna pensión supere la suma de ¢1,5 millones –monto máximo pagado por una pensión del IVM de la Caja– y, además, sugiere que el aporte estatal al fondo de retiro de todos los trabajadores, independientemente del régimen al que pertenezcan, sea el mismo que hace esa entidad de salud, de 5,08%.
La propuesta verdiblanca también plantea eliminar la figura de pensión anticipada, que permite retirarse antes de tiempo a quienes todavía no hayan cumplido la edad o las cuotas para ello.
Asimismo, el proyecto liberacionista impone un tope, también de ¢1,5 millones, para quienes reciben más de una pensión, de manera que la suma de ambas no supere ese monto.
Este se tramita con el número de expediente 21.130.
En tanto, José María Villalta, único congresista del Frente Amplio en la Asamblea Legislativa, fue el último en presentar un proyecto para recortar las pensiones de lujo. Lo hizo el 1.° de noviembre del 2018.
Su planteamiento consiste en eliminar la posibilidad de recibir una jubilación con cargo al Presupuesto Nacional y, además, percibir dietas por cargos remunerados en la Administración Pública.
La iniciativa del frenteamplista también insta a multar y a pagar intereses a quienes, recibiendo una de esas pensiones, no comuniquen si ingresaron a la función pública.
Adicionalmente, Villalta pide regular el otorgamiento de pensiones a viudas o viudos quienes ostenten un cargo en la Administración Pública.
Dicho proyecto de ley se encuentra bajo el expediente 21.063.
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Ajustes insuficientes
Si bien la Sala Constitucional avaló imponer un tope de ¢2,7 millones a las pensiones de lujo, esta medida tocará a muy pocos jubilados, pues la ley les permite evadir el recorte.
Ya en el 2016, una reforma había impuesto una contribución especial de entre un 25% y un 65% a los pensionados de Gobierno que recibieran más de ¢2,5 millones mensuales.
Pese a esos ajustes, el director nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora, ha dicho que se necesitan más recortes.
Las pensiones de lujo son consideradas como tales porque sus beneficiarios no cotizaron lo suficiente para recibirlas y, además, se acogieron a la jubilación con favorables condiciones, por ejemplo, con el 100% del mejor salario devengado en su vida laboral.
Al tener cargo al Presupuesto Nacional, el costo de estas, finalmente, terminan asumiéndolo los contribuyentes con el dinero que tributan, pues los impuestos son una de las principales fuentes de captación de recursos del Estado.
