Casi 3.800 personas gozan de una pensión superior a los ¢2,5 millones mensuales sin haber cotizado lo suficiente para ello, lo que obliga a los contribuyentes a pagar la diferencia mediante el pago de impuestos. Algunos tienen jubilaciones hasta de ¢12 millones.

Estos beneficios forman parte de lo que se conoce como “pensiones de lujo”, es decir, jubilaciones con condiciones muy favorables, cuyo costo supera por mucho el aporte que los beneficiarios hicieron a lo largo de su vida laboral. Algunos, por ejemplo, se pensionaron a los 50 años con el 100% del promedio de los últimos mejores 24 salarios.

En cambio, en el sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que cubre al resto de la población, la gente se pensiona a los 65 años con el 60% del promedio de los salarios de los últimos 20 años.

Las pensiones de lujo provienen principalmente de tres fuentes: Magisterio Nacional, Poder Judicial y la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo, la cual administra 14 fondos de jubilación de funcionarios gubernamentales.

Para exponer la magnitud del problema, La Nación solicitó a estas tres fuentes la lista de todos los pensionados que reciben más de ¢2,5 millones, tomando en cuenta que la última reforma a los fondos de pensiones gubernamentales consideró que ese era el monto a partir del cual debían cobrarse contribuciones solidarias.

Además, se les solicitó especificar la institución por la cual se pensionó cada persona y las deducciones de ley que se les hace. Usted puede consultar la base de datos completa aquí:

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¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué reciben tanto? ¿En dónde trabajaron?

Casi la mitad de las pensiones de lujo proviene de las universidades públicas. De las 3.777 existentes, un total de 1.733 provienen de la UCR, la UNA, el TEC y la UNED, es decir, el 46%.

La mayor parte proviene de la Universidad de Costa Rica (UCR), de donde salieron 975 de estas jubilaciones. Eso significa que 1 de cada 4 pensiones de lujo las tienen exfuncionarios de la UCR. Muchos provienen de puestos de catedráticos, por ejemplo.

En las U públicas, la pensión promedio es de ¢3,4 millones y, en la UCR, de ¢4,1 millones. Tras las deducciones, tales montos pasan a ¢2,7 millones y ¢2,9 millones, respectivamente.

Las jubilaciones universitarias incluso superan las del Poder Judicial, entidad que, en promedio, cancela las pensiones netas más costosas del país.

En la Corte, el beneficio más oneroso es el de Zarela Villanueva, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien registra una pensión bruta de ¢9,9 millones, la cual baja a ¢6,3 millones con los rebajos de ley.

Sin embargo, en este análisis hecho por La Nación, la exjerarca del Poder Judicial se ubicó en el puesto 35 de las pensiones de lujo más caras. Ella es rebasada por 34 funcionarios de la UCR, la UNED y la UNA, ya restando las deducciones.

De hecho, quien ostenta la pensión más alta en el país es Bernardo Montero Bolaños, un excatedrático de la UCR. Él recibe un monto bruto de ¢12 millones y uno neto de ¢9,2 millones.

En el caso del régimen administrado por el Ministerio de Trabajo, la mayor cantidad de pensionados proviene de la Asamblea Legislativa (124 personas).

No obstante, allí quienes más dinero reciben provienen de bancos como el Nacional (BN) y el Popular (BP), así como de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Las pensiones de las universidades públicas son parte del régimen del Magisterio, de donde proviene la mayoría de las jubilaciones de lujo.

El 61% de estas pensiones corresponden a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, entidad que cubre a los jubilados del sector educación.

En segundo lugar, el Poder Judicial produjo el 21% de las pensiones de lujo y, por último, los regímenes del Gobierno representan el 18%.

¿Cuánto cuestan?

Estas 3.777 pensiones de lujo suman un monto de ¢14.300 millones mensuales. Sin embargo, tras las deducciones, la cifra que el Estado les reparte es de unos ¢10.150 millones.

En promedio, cada beneficiario tiene una jubilación de ¢3,8 millones, pero recibe una media de ¢2,6 millones tras las deducciones.

En el IVM, en cambio, la pensión máxima es de ¢1,5 millones y, excepcionalmente, puede subir a ¢2,2 millones si la persona posterga su jubilación y trabaja unos años más después de cumplir la edad de retiro.

El régimen del Magisterio es el más costoso: sus pensiones demandan ¢6.145 millones mensuales tras los rebajos. En tanto, las jubilaciones del Poder Judicial suman ¢2.515 millones y los regímenes del Gobierno, unos ¢1.490 millones.

Pensiones de la Corte tienen los rebajos más suaves

Las pensiones netas más caras están en el Poder Judicial. Allí, en promedio, cada jubilado tiene una pensión bruta de ¢3,5 millones, pero recibe ¢3 millones con deducciones.

Les siguen los beneficiarios del Magisterio, con un promedio bruto de ¢3,7 millones y uno neto de ¢2,6 millones.

Por último, los de Gobierno tienen una media de ¢3,9 millones por pensión bruta, la cual pasa a ¢2,3 millones tras las deducciones.

¿A qué se debe que las pensiones brutas más bajas terminen siento las pensiones netas más altas y viceversa?

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Las tres fuentes de pensiones de lujo han pasado por reformas legales con la idea de reducir su costo. Sin embargo, los recortes han sido de diferente magnitud.

A los que más se les deduce dinero es a los jubilados de lujo del Gobierno. A ellos se les rebaja, en promedio, un 42% de la pensión sumando contribuciones solidarias, impuesto de renta y cotización para el Seguro de Enfermedad y Maternidad de la CCSS.

En el 2016, la Asamblea Legislativa aprobó cuatro proyectos para ahorrar dinero en los 14 regímenes administrados por el Ministerio de Trabajo, en los cuales ¢9 de cada ¢10 los debe poner el Gobierno, pues sus cotizaciones solo cubren ¢1.

Uno de los cambios más significativos fue el cobro de una contribución especial a las pensiones que exceden los ¢2,5 millones, es decir, las que superen el equivalente a 10 veces el salario base más bajo pagado por la Administración Pública.

A esos jubilados se les retiene entre el 25% y el 65% del excedente sobre los ¢2,5 millones, dependiendo de cuán grande sea la jubilación.

En segundo lugar, a los pensionados del Magisterio Nacional se les deduce en promedio un 29%, incluyendo también contribución solidaria, impuesto de renta y seguro.

En este caso, la reforma data desde 1995. Ese año, la ley 7531 gravó las pensiones que superan los ¢3,8 millones, el equivalente al salario de un catedrático de la UCR, con 30 anualidades y dedicación exclusiva.

Las que sobrepasen ese monto deben pagar una contribución especial, solidaria y redistributiva, que va desde el 25% y hasta el 75%, dependiendo de cuánto exceda el tope.

No obstante, el exdiputado Ottón Solís reveló que 325 pensionado de lujo del Magisterio no están pagando la contribución solidaria, lo que motivó a la actual administración a plantearles procesos judiciales para cobrárselas.

Y, por último, a los jubilados de lujo que menos dinero se les deduce es a los del Poder Judicial, con un recorte promedio del 16%.

La diferencia está en que, en la Corte, la contribución solidaria se cobra a partir de los ¢4 millones. En abril de este 2018, la Asamblea aprobó una reforma que, entre otros cambios, exigió pagar este aporte, el cual alcanza hasta de un 55% sobre el exceso a partir de esa cifra. También, se les aumentó la edad para jubilarse y se les cambió el cálculo de la pensión.

Hay que tomar en cuenta que las cotizaciones también eran distintas. Los beneficiarios del Poder Judicial cotizaron un 11% (recientemente subieron el porcentaje a un 13%), los del Gobierno un 5% (posteriormente se los subieron a 9% en 1992) y los del Magisterio, un 5%.

En todos los casos, de todos modos, el resto de contribuyentes terminó pagando la diferencia por la vía de los impuestos o por vía de aporte patronal. En la Corte, por ejemplo, el Gobierno les aporta a los beneficiarios una cotización del 15,6% en su doble condición de patrono y Estado.

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El origen: décadas con un régimen deficitario

A causa de que los regímenes gubernamentales y del Magisterio eran deficitarios, el Gobierno corrió con el pago de la mayor parte de estas pensiones.

Básicamente, el Ejecutivo toma dinero de los impuestos cobrados a los contribuyentes para pagar estos beneficios. Eso explica por qué actualmente Hacienda destina alrededor de ¢1 billón anuales para pagar estas pensiones, lo que constituye una de las causas del déficit fiscal.

Dentro de esa cifra no solo están las pensiones de lujo, sino que también miles de jubilaciones que están por debajo de los ¢2,5 millones pero que también nacieron de un sistema defiticario.

En 1958, con la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, se creó el “régimen transitorio de reparto” del Magisterior, el cual se cerró el 15 de julio de 1992 por ser deficitario, lo que impidió que más personas entraran a cotizar en este.

Ese mismo año, se aprobó la Ley de Creación del Régimen General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, la cual agrupó todos los regímenes de funcionarios estatales, como Hacienda, Obras Públicas, Registro Nacional y Ferrocarriles; y exigió al Gobierno terminar de pagar sus jubilaciones. A su vez, esta ley también cerró estos regímenes. Es decir, nadie más pudo entrar, pero aún quedan personas por pensionarse: las que entraron antes de 1992.

Los funcionarios que entraron a laborar en ese año debieron acogerse al IVM.

En el caso de los docentes que empezaron a laborar después de 1995, podían cotizar para el IVM o adherirse a un nuevo régimen del Magisterio, el de capitalización colectiva, que es el que está activo en la actualidad.

La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) asegura que hoy este régimen cuenta con un fondo apropiado para responder por sus beneficiarios.

Según datos de Jupema y de la Dirección de Pensiones del Ministerio de Trabajo, este régimen podría pagar la pensión al 100% de los empleados actuales. La entidad dice tener una reserva de ¢2,5 billones.

Sin embargo, el Estado sigue arrastrando el hueco económico de los primeros sistemas de jubilación de funcionarios, pues aún cubre a 84.000 pensionados, 43.000 de Jupema y 41.000 del Gobierno, quienes reciben una pensión con cargo al Presupuesto Nacional, o sea, costeadas por el Ejecutivo.

De hecho, en Jupema todavía están pendientes de pensionarse 8.000 personas del viejo régimen.

“El Estado nunca conformó las reservas previsionales para pagar las pensiones. Esa plata siempre entró a Hacienda y se gastó en otras cosas: escuelas, calles, etc... Estimaciones actuariales confirman que si se hubieran conformado las reservas para el régimen transitorio de reparto, en la actualidad habría ¢4 billones para pagar las pensiones de ese régimen”, alegó Róger Porras, director ejecutivo de Jupema.

Pensiones absurdas

Una primera ley de pensiones demasiado permisiva fue lo que ocasionó que hoy el Estado tenga que costear hasta ¢12 millones por una pensión.

“Por ejemplo, un médico que trabajaba en la UCR y tenía, simultáneamente, el puesto de médico en la Caja, entonces podía sumar las dos cosas. Tenía los 30 años de trabajar en el Magisterio, entonces se pensionaba con la suma de las dos cosas”, contó José Antonio Segura, director de Pensiones de Jupema.

Por su parte, Rodrigo Aguilar, presidente de la Junta Directiva de esa misma entidad, recordó casos de personas quienes habían laborado en el Magisterio Nacional y, al final de su carrera, desempeñaban algún puesto diplomático y la ley les permitía pensionarse con el último salario.

“Una persona que se iba de embajador al extranjero, regresaba y se pensionaba no con el salario de educador, sino con el de embajador. También pasaba con gente que se iba a la Asamblea Legislativa”, aseveró Aguilar.

Conforme iban develándose situaciones de ese tipo, fue necesario socar aún más la faja al sistema de jubilaciones que, aunque ya había cerrado, debía garantizarles una pensión a quienes formaban parte de este.

“Eso se trató de controlar con la ley 7268 (Reforma Integral a la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, en 1991), estableciendo un promedio (de salarios para el cálculo de la pensión) y diciendo que cualquier persona tenía que estar los dos últimos años en e sector educación”, agregó Aguilar.

En 1995 vino una segunda modificación a la normativa de pensiones del Magisterio, la cual ocasionó que muchos de los contribuyentes se pasaran al régimen de pensiones de la Caja. Al menos 10.000 personas, de 25.000, se trasladaron.

“Las medidas fueron drásticas. Se amplió el tiempo de servicio, que con las leyes anteriores era de 30 años, a 400 cotizaciones (33 años y 4 meses). Además, se bajaron los montos de pensión y la cotización por parte del trabajador pasó de entre el 10% y el 16% (cuando antes era del 5%)”.

Pese a los paliativos por cerrar la lleve de un régimen de pensiones que hoy paga exorbitantes jubilaciones a unos pocos, el Gobierno sigue arrastrando esas deudas.