La intención de oponerse a esta iniciativa la dejaron ver los sindicalistas en la letra pequeña del cronograma de actividades de esta semana de la Unión Sindical y Social Nacional. Abajo, el afiche dice: “¡No al proyecto de reforma de pensiones exp. 20927!”.

Ese expediente corresponde a una propuesta elaborada por el diputado Pedro Muñoz, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), para ponerle freno al crecimiento de las pensiones de lujo.

El proyecto de Ley de Justicia, Solidaridad y Solidez de las Jubilaciones en Costa Rica establece que todo nuevo trabajador, sin excepción, debe ingresar al régimen del IVM.

Los trabajadores del sector privado cotizan para el IVM, al igual que buena parte de los funcionarios del Gobierno central y de instituciones públicas como la CCSS, pues los sistemas de pensiones del Gobierno fueron cerrados en 1992, al igual que el Transitorio de Reparto del Magisterio.

Ambos regímenes eran deficitarios, lo que aún hoy obliga al resto de la población a pagar las pensiones mediante impuestos.

Sin embargo, quedan dos sistemas exclusivos abiertos: el del Poder Judicial y el de Capitalización Colectiva del Magisterio. Si bien los dos fueron reformados para elevar las cotizaciones y atenuar los beneficios, todavía implican una carga adicional para el resto de los contribuyentes.

Una de las principales cargas radica en la cotización por parte del Estado.

El régimen de pensiones costarricense se fundamenta en un sistema tripartito en el que obrero, patrono y Estado contribuyen para asegurar una jubilación a los trabajadores. En el IVM, el trabajador aporta un 3,84% de su salario, el patrón le agrega un 5,08% y el Estado, un 1,24%.

Sin embargo, en los regímenes exclusivos, el Gobierno aporta un monto mayor en su condición de patrono.

En el régimen del Poder Judicial, el Gobierno aporta un 14,36% como patrono y, en el Magisterio, un 6,75%.

En consecuencia, también hay diferencias en los beneficios. En el Poder Judicial, ahora se otorga el 83% del promedio de los últimos 240 salarios (20 años), mientras que, en el IVM, se otorga el 60%.

Por su lado, en el régimen de Capitalización del Magisterio, las personas se pueden pensionar a los 55 años y, en el IVM, a los 65.

El proyecto del PUSC argumenta que, una vez cerrados esos sistemas y estando todos los contribuyentes en el IVM, acabarían las disparidades entre los pensionados.

“Hay pensiones que son injustamente altas. Eso produce dos cosas: le quita solidez al sistema (del IVM), porque lo sangra; y causa malestar social, porque la gente no está dispuesta a pagar impuestos si lo están haciendo para pagar esas pensiones injustas”, explicó el diputado Pedro Muñoz.

Según Muñoz, la propuesta de cerrar los fondos de pensiones del Magisterio Nacional y del Poder Judicial permitiría al Estado ahorrar dinero y le inyectaría recursos al régimen de la Caja.

“En primer lugar, es ponerle un límite a las pensiones de lujo; en segundo, traer orden y consolidar todo en un solo sistema, que es el IVM, incluso para fortalecerlo”, agregó.

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En estos regímenes exclusivos, hay pensiones de lujo. En la Corte, por ejemplo, la jubilación mayor es la de la expresidenta judicial, Zarela Villanueva, con ¢9,9 millones, pero que baja a ¢6,3 millones con las deducciones.

¿Por qué los sindicatos se oponen a equiparar pensiones?

Mélida Cedeño, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), alegó: “Nosotros tenemos nuestro propio régimen, el de Jupema, en el que todos contribuimos solidariamente para mantenerlo y somos los únicos que seguimos cotizando aunque nos pensionemos”.

“Quieren llevarnos a todos a la CCSS. Al llevarnos a todos a un mismo régimen de pensiones, entonces se van a llevar los fondos para el régimen de pensiones de la CCSS y Jupema desaparecería”, prosiguió.

La dirigente, quien tiene un salario de ¢1,6 millones, no se pensionará por el régimen de Capitalización del Magisterio, sino por uno mucho más ventajoso, el Transitorio de Reparto.

No obstante, asegura que defiende los derechos de sus compañeros que se pensionarán bajo el régimen de Capitalización.

“Yo no sé si habrá plata para mi pensión, porque esa la administra el Estado, pero yo estoy luchando para que los compañeros que están dentro del régimen de capitalización de Jupema, que sí es eficiente, tengan su pensión”.

Agregó sobre el régimen del IVM: “Uno sabe que cuando se pensionan (las personas bajo el sistema del IVM), pierden una serie de beneficios”.

No obstante, existen otras voces dentro del movimiento sindical. Lenín Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), dijo a La Nación que él no se opone “a un régimen que busque la igualdad entre los contribuyentes”.

Por el contrario, afirmó estar de acuerdo en que se cierren los portillos a la generación de más jubilaciones de lujo.

Al consultársele por qué uno de los materiales gráficos de la huelga insta a oponerse al proyecto de ley del PUSC, Hernández contestó que los responsables de generar ese contenido habían sido sus compañeros de la APSE.

“Nosotros no nos oponemos a un proyecto que busque igualdad. Siempre hemos estado en contra de las pensiones de lujo. Los que hicieron el programa fueron los compañeros de Jupema”, enfatizó el líder sindical del Sinae.

¿Regímenes inconstitucionales?

Dentro de la exposición de motivos, el proyecto objetado por los sindicatos argumenta que los actuales regímenes de pensiones irrespetan el artículo 73 de la Constitución Política, el cual afirma que la Caja debe administrar los fondos de pensión.

“La administración y gobierno de los seguros sociales estarán a cargo de una institución autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. No podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas a las que motivaron su creación los fondos y las reservas de los seguros sociales”, enfatiza la Carta Magna.

Sin embargo, la realidad es otra. Históricamente, estos regímenes no han sido administrados por la Caja, sino por otras entidades como la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), el Poder Judicial y le Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo.

Por otra parte, los fondos que debieron ser creados para pagar las pensiones de antiguos regímenes no existen. Fueron empleados para distintos fines por los gobiernos; por ejemplo, para la construcción de obra pública.

Por eso es que se tornaron deficitarios y son los contribuyentes quienes deben pagar, con sus tributos, las pensiones con cargo al presupuesto nacional.

“Han sido legisladores los que han aprobado la creación de regímenes básicos especiales con condiciones completamente diferentes en lo que respecta al aporte tripartito, es decir: al aporte obrero, al aporte patronal (en este caso el Estado) y al aporte estatal”, reza el proyecto.

“También han sido disímiles las condiciones en cuanto a años de cotización, número de años utilizados para calcular el monto de la pensión, tipo de ingreso utilizado para calcular la pensión (salario base, horas extras, recargos por funciones extraordinarias u otros), edad para jubilarse y su tope. Es decir, fueron creados por puro cálculo y conveniencia política, nunca con un fundamento técnico”, prosigue la argumentación.

Según el diputado Muñoz, la propuesta de su bancada se afianza en los principios de justicia, solidaridad y solidez.

“Justicia porque no debería ser el pueblo el que corra con esos gastos; solidez porque los regímenes que pagan esas pensiones son deficitarios –lo cual hace tambalear el sistema–, y solidaridad porque todos los trabajadores merecen una vejez digna, independientemente de si tuvieron salarios altos durante su vida laboral”, agregó el congresista.

Aparte de Muñoz, la iniciativa es respaldada por sus compañeros de fracción Pablo Heriberto Abarca, Rodolfo Peña, María Inés Solís, Shirley Díaz, Erwen Masís y Aracelly Salas.

‘No tiene sentido cerrar un régimen solvente’

Róger Porras, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), consideró que “no tendría ningún sentido” cerrar el régimen administrado por la entidad que él representa, llamado régimen de capitalización colectiva. Este cubre a quienes entraron a trabajar al Magisterio Nacional después de 1995.

Según él, los estudios actuariales han demostrado que este fondo de pensiones es solvente y los índices de gestión de la Contraloría General de la República han verificado que está bien administrado. Por ello, aseguró, clausurarlo sería un error.

“No tendría ningún sentido cerrar un régimen como el de Capitalización Colectiva del Magisterio Nacional con la premisa falsa de que tiene problemas”, afirmó.

Adicionalmente, el líder de Jupema agregó que no conoce ningún estudio técnico que determine que el IMV tendrá solvencia al recibir más contribuyentes.

Asimismo, Porras añadió que cambiar el perfil de beneficios para los futuros pensionados del Magisterio podría hacer tambalear el sistema.

“Una cosa es darle sostenibilidad a un régimen de pensión y otra es tratar de resolver los problemas de las finanzas públicas del Estado... Lo que se puede generar es una desestabilización en un sistema que es solvente”, enfatizó.

Además, Porras dijo que, al referirse solo a funcionarios públicos, el proyecto de ley excluye a los educadores de primaria y secundaria de la educación privada, quienes forman parte del régimen de capitalización colectiva del Magisterio.

“Evidentemente, no hubo análisis técnico de las poblaciones que cubren todos los regímenes”, concluyó el director ejecutivo de Jupema.

Por su parte, La Corte alegó: “El Poder Judicial tiene su propio régimen de jubilaciones y pensiones, el cual fue reformado recientemente por la Asamblea Legislativa con el fin de darle sostenibilidad en el tiempo”.

En abril de este 2018, el Congreso aprobó una reforma que, entre otros cambios, exigió pagar una contribución especial, o solidaria, a las jubilaciones que excedan los ¢4 millones. Esta alcanza hasta un 55% sobre el exceso a partir de esa cifra. También, se les aumentó la edad para jubilarse y se les cambió el cálculo de la pensión.

Además, en el 2016, la Asamblea Legislativa aprobó cuatro proyectos para ahorrar dinero en los 14 regímenes administrados por el Ministerio de Trabajo, en los cuales ¢9 de cada ¢10 los debe poner el Gobierno, pues sus cotizaciones solo cubren ¢1.

A esos jubilados también se les cobró una contribución solidaria. En este caso, se aplicó a las pensiones por encima de los ¢2,5 millones, es decir, las que superen el equivalente a 10 veces el salario base más bajo pagado por la Administración Pública.

A ellos se les retiene entre el 25% y el 65% del excedente sobre los ¢2,5 millones, dependiendo de cuán grande sea la jubilación.

Freno a las dobles pensiones

El proyecto de ley también contempla el cobro de una contribución solidaria para los pensionados de regímenes básicos especiales con más de una pensión, siempre que la suma de estas supere los ¢1,5 millones, monto máximo pagado por el IVM de la Caja.

“Hay una tabla progresiva. Si la persona gana ¢1,5 millones, no se le toca la pensión. Si recibe una de ¢3 millones que es el doble (del monto máximo de la CCSS), se le baja el 10% del excedente sobre los ¢1,5 millones; o sea, ¢150.000. Entonces, le va a quedar una pensión de ¢2.850.000”, explicó Muñoz.

Según comentó el socialcristiano, el porcentaje de contribución subiría en proporción al monto de la jubilación.

“O sea, que si usted ya tiene una pensión de ¢10 millones, usted va a estar en la parte más alta y se le va a quitar un 45% o un 50%”, agregó el congresista.

Otra de las condiciones que impondría la propuesta a los pensionados de regímenes especiales es que reciban los mismos aumentos que los beneficiarios del IVM.