Un proyecto de ley del Partido Restauración Nacional (PRN) pretende que más pensiones de lujo sean gravadas mediante el cobro de contribuciones solidarias.
Se trata de jubilaciones más ventajosas que las de la CCSS y cuyos beneficiarios no cotizaron lo suficiente para recibirlas, por lo que terminan pagándose con impuestos, como en el caso de los regímenes de Gobierno y del Magisterio.
El proyecto, además, recaería sobre pensiones que se nutren con altas cotizaciones por parte del Estado, las cuales no recibe ningún otro trabajador, como en el caso del Poder Judicial (el Gobierno aporta el equivalente al 15,6% del salario como patrono y como Estado).
La iniciativa la presentó este lunes la diputada Xiomara Rodríguez ante la secretaría del Directorio legislativo.
Actualmente, las jubilaciones más onerosas de este tipo son reducidas mediante un gravamen llamado contribución solidaria, el cual se aplica sobre el excedente a partir de cierto monto.
¿A partir de cuál monto? Depende de cada régimen, pues los diputados establecieron distintos topes a lo largo de los años para las pensiones del Magisterio, Gobierno y Poder Judicial.
El proyecto de Restauración pretende reducir esos límites, con la intención de que más pensiones entren a pagar la contribución solidaria, lo que aliviaría presión sobre el gasto público, pues el dinero recaudado se destinaría al pago de deuda, explicó la diputada.
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Cambio en los montos exentos
Actualmente, en el Poder Judicial la contribución la pagan quienes tienen una pensión superior a ¢4,1 millones. A ellos se les rebaja entre un 35% y un 55% del monto que se exceda ese tope. El proyecto de ley propone que el gravamen se aplique a partir de los ¢3,7 millones.
Por su parte, a los pensionados del Gobierno se les retiene hoy entre un 25% y un 65% del excedente sobre ¢2,6 millones. La propuesta es que el gravamen se cobre desde los ¢2,2 millones.
En tanto, a los jubilados de Jupema se les descuenta entre un 25% y un 75% sobre el excedente a partir de ¢3,9 millones. La idea es que ese rebajo se haga también a partir de ¢2,2 millones.
La iniciativa de Restauración Nacional incluiría a las pensiones existentes –siempre que, con este nuevo ajuste, a estas no se les rebaje más del 55% permitido por ley– y a las nuevas.
Actualmente, los referentes utilizados por la legislación para fijar los topes exentos de la contribución solidaria son de tres tipos: el salario más bajo pagado en el Poder Judicial (¢4.13.800) multiplicado por 10; el sueldo base más bajo de la Administración Pública (¢267.000) también multiplicado por 10, y el salario de un catedrático de la Universidad de Costa Rica (¢1.249.855) más 30 anualidades y dedicación exclusiva.
El proyecto de ley sugiere que esa fórmula baje a ocho salarios base.
“Lo que hacemos es bajar la base exenta para que haya mayores contribuciones sobre esa contribución solidaria, porque, por ejemplo, solo al año, en el Poder Judicial se recaudan ¢11 mil millones, y en Jupema, ¢2,5 mil millones. Entonces, ¿qué haríamos con ese dinero? Darle un fin específico, que es el pago de la deuda interna y externa del país por 10 años”, explicó la diputada Rodríguez.
Según dijo, la idea de hacerlo por ese lapso es intentar que la iniciativa se ejecute durante tres gobiernos, al menos los últimos dos años de la administración de Carlos Alvarado –mientras se aprueba el proyecto de ley– y las próximas dos gestiones.
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No más de ¢4,5 millones
La iniciativa de ley de Restauración también propone que ninguna pensión supere los ¢4,5 millones, independientemente del régimen al que pertenezcan.
En la actualidad, en Costa Rica existen unas 65.000 pensiones de lujo, algunas de las cuales alcanzan hasta los ¢12 millones.
“Lo que hicimos fue poner un tope equitativo a estos regímenes (Poder Judicial, Jupema y Ministerio de Trabajo), que fuera tres veces más de la pensión máxima de la Caja Costarricense de Seguro Social, la cual es de ¢1,5 millones... Nadie va a tener una pensión mayor a ¢4,5 millones”, agregó la legisladora.
Adicionalmente, el proyecto de ley también sugiere que las personas se acojan a la figura de jubilación obligatoria excepcional. Es decir, que no se permita seguir trabajando a quienes ya se pensionaron.
“Esas personas ya no cotizan, entonces mejoramos el empleo, porque nuevas personas están entrando a trabajar y empiezan a cotizar”, enfatizó Rodríguez.
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Según el director nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora, las jubilaciones con cargo al Presupuesto Nacional, como es el caso de estas, son todas de lujo, puesto que sus beneficiarios no cotizaron lo suficiente para recibirlas.
Estas jubilaciones se comen poco más de ¢1 billón de los casi ¢11 billones que componen el Presupuesto Nacional para el 2019.
Dado que dichas pensiones las debe cancelar el Estado, quienes realmente las pagan son los contribuyentes, mediante los impuestos que les cobra el Gobierno.
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