Silvia Artavia. 30 septiembre, 2018
Luis Paulino Mora Lizano, director nacional de pensiones, afirma que el país requiere de un nuevo marco jurídico para pagar jubilaciones más equitativas. Fotos: Mayela López.
Luis Paulino Mora Lizano, director nacional de pensiones, afirma que el país requiere de un nuevo marco jurídico para pagar jubilaciones más equitativas. Fotos: Mayela López.

El jerarca de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo, Luis Paulino Mora Lizano, tiene el panorama muy claro a pesar de la nebulosa que cubre la entidad que administra. Para él, el país está obligado a migrar a un sistema de jubilaciones más justo.

Es el jefe de una institución que tan solo puede financiar, con cotizaciones de los beneficiarios, el 8% del casi ¢1 billón que paga anualmente por concepto de pensiones a 65.000 personas.

Se trata de pensiones provenientes de los regímenes de Gobierno y Exdiputados, así como del régimen transitorio de reparto, el cual nació en 1958, con la creación de la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

Por no contar con los fondos suficientes para pagar las jubilaciones a sus beneficiarios, estos régímenes se cerraron y el costo de las pensiones se cargó al Gobierno central.

¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que, a partir de entonces, el Ejecutivo, por medio de los impuestos que cobra a los ciudadanos, el que debió asumir esa carga. Es decir, son los costarricenses quienes terminan pagando dichas jubilaciones.

Pese a tener que administrar un ruinoso fondo de pensiones, Mora sueña con un sistema de jubilaciones más equitativo.

“… si no velamos por las finanzas públicas hoy, puede ser que mañana no tengamos ni esa expectativa que tenemos ahora, ni nada”, exhorta.

El siguiente es el extracto de una entrevista que sostuvo el director nacional de pensiones con La Nación.

–¿Cuál es la opinión de la Dirección Nacional de Pensiones acerca del del proyecto de ley del PUSC, que propone que todo nuevo contribuyente ingrese al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja?

–Nosotros lo celebramos aquí y es un buen paso. Ahí el tema es –hablo del fondo de Jupema (Junta de Pensiones del Magisterio Nacional), que es el que conozco más–, ellos tienen un fondo que se financia con las cotizaciones de los pensionados y de quienes se van a pensionar, y también con la plata que ellos mueven, ganándole rendimientos al fondo. Si nosotros le quitamos los nuevos contribuyentes, podemos hacerlo tambalear.

… ¿Qué puede pasar ahí? El que va a pagar los platos rotos, al final, es el Estado, y el Estado somos todos.

La idea (del proyecto de ley) parece interesante, pero hay que tener cuidado de que eso no le salga más caro al Estado en el largo plazo.

Celebramos iniciativas como esa, pero consideramos que hay que meterle más pensamiento desde el punto de vista actuarial, para evitar el debilitamiento de los fondos existentes.

Tenemos que encontrar una solución que, para vestir el santo de la equidad, no desvistamos el santo de la sustentabilidad de los fondos.

–Usted ha dicho en reiteradas ocasiones que el fondo que administra es deficitario. De hecho, estas jubilaciones le cuestan al Estado casi ¢1 billón de colones, un suma con cargo al Presupuesto Nacional. ¿A cuántas personas le pagan pensión?

–Por los 65.000 señores que tenemos –incluidos los de los regímenes no contributivos– son ¢995.000 millones, casi ¢1 billón.

Si tomamos en cuenta que el Presupuesto Nacional de este año fue de ¢8,3 billones, es un 10.27%. Y no solo eso porque, además, el presupuesto operativo también viene de impuestos.

–¿Cómo se podría bajar ese monto?

–Sí, claro. Tal vez no hay una varita mágica que nos lo baje de hoy para mañana, pero si establecemos normas que nos equiparen los beneficios con los del régimen universal, paulatinamente, eso va a empezar a bajar.

–¿Cuando habla de equiparar los beneficios con los del régimen universal sugiere pasar todos al IVM?

–Aunque los mantengamos acá, que se les pague como si estuvieran en el IVM. Y la razón de mantenerlos acá sería, justamente, porque no se sabe si llevar tanta gente al IVM es bueno o es malo para ese régimen.

Ese es el cuidado que hay que tener porque, como dicen, hay que tener el corazón ardiente y la cabeza fría. El objetivo es bueno, pero hay que ver que no cometamos ningún error y, desgraciadamente, los errores actuariales se pagan por miles de millones de colones anuales.

–¿Cómo podría hacer el Estado para pasar al régimen universal a gente que ya cuenta con un monto de pensión proyectado?

–Ya lo que se pudo hacer se ha venido haciendo, que es el establecimiento de las contribuciones solidarias, las cuales pueden ser hasta de un 55%. Hay que quitarles la contribución propiamente dicha, la renta, el seguro de salud que paga el 5%. Todo eso sumado no puede dar más de 55%.

Con las leyes del 95, con la ley del Poder Judicial de este año (2018), con las leyes del 2016, ya podríamos decir que todas las personas a quienes se les otorgó el derecho anteriormente ya tienen esa contribución solidaria.

Junto con eso están los topes. Eso significa que las nuevas pensiones ya no van a pagar contribución solidaria, pero van a venir topadas. Eso es mejor todavía, porque el sistema de la contribución solidaria no deja de ser un poco perverso para el Estado, porque yo tengo que conseguir la plata para pagarte y después quitarte, pero ya me tuve que endeudar para hacerte un primer pago.

–Pero ya la gente que tiene pensión no se tocaría…

–No. Más de ese 55% que tocaría, ya no se podría más. Habría que revisar, porque, justo en el estudio que hizo La Nación hace poco, se determinó que estamos rebajando más nosotros que el Poder Judicial. Entonces, tal vez hay un espacio para trabajar en el Poder Judicial, inclusive nosotros mismos.

–¿Estamos hablando de pensiones de lujo o de todas?

–Dependiendo de lo que se defina como una pensión de lujo. Para mí, nosotros solo damos pensiones de lujo, porque si tomamos en cuenta que solo nos autofinanciamos en un 8%, eso significa que las cotizaciones que están dando no son suficientes para pagarlas. Entonces, aunque sean de ¢100.000, serían de lujo.

Pero definiendo las pensiones de lujo como aquellas que excedan el tope, sí hay mucho margen todavía para hacerles cambios.

–Usted dice que no “están contribuyendo lo suficiente para pagárseles”, pero dado que se trata de un régimen que ya cerró, el transitorio de reparto, son personas que ya no contribuyen…

–No, pero siguen contribuyendo con su cotización y con su contribución solidaria, por ejemplo. Podemos seguir racionalizando.

–¿La opción sería pasar a un régimen más igualitario las nuevas pensiones, no las que ya se otorgan?

A los nuevos jubilados, irlos equiparando al régimen universal; a los viejos, hacerles las exacciones que la ley les permite, que son esas del 55%.

–Pero eso aplica actualmente para quienes ganan altos montos. ¿Usted propone fijarlo para todos los jubilados?

–A todos. A todos los que ganen por encima de un tope que se considere lo justo, que, en este caso, podría ser el de ¢1,5 millones que establece la Caja.

Hacia allá apunta un proyecto que le leí a la diputada Franggi Nicolás (del Partido Liberación Nacional), de ir aproximando hacia ese 55% todas las exenciones que se les hacen a los pensionados ya con derechos declarados. A esas personas habría que darles un tratamiento distinto por los derechos adquiridos que tienen.

–¿Cómo haría el Estado para decirle a alguien: ‘a partir de ahora va a recibir menos de la pensión que tenía proyectada’?

–Por ejemplo, en otros países ha habido convenciones colectivas de empresas que están cercanas a la quiebra que llegan a acuerdos con los trabajadores de rebajar condiciones laborales, justamente, porque es la diferencia entre ganar eso o no ganar nada.

¿Entonces? ¿Cómo se justifica entre las nuevas generaciones? Primero, decirles que vamos a ser más justos entre todos nosotros. Segundo, que si no velamos por las finanzas públicas hoy, puede ser que mañana no tengamos ni esa expectativa que tenemos ahora, ni nada.

–¿Quién es el gran culpable de esas abismales diferencias entre unas pensiones y otras y de que el Estado hoy arrastre regímenes deficitarios?

Los regímenes que nacieron a partir del año 35 hasta la fecha, que crearon condiciones que ahora son incompatibles con la realidad de las finanzas públicas y con la expectativa de equidad que tiene la sociedad costarricense actual.

–¿Qué necesita usted, como jefe de la Dirección Nacional de Pensiones, para ir ordenando un poco la casa?

–Un nuevo marco jurídico, definitivamente. Hay varias propuestas de los diputados. Nosotros vamos a plantear la nuestra en su momento.

Eso depende del poder Ejecutivo, pero esperaríamos poder plantear una reforma que le dé esa paz social y contable a los regímenes de pensiones que necesita este país para los próximos 25 años, para empezar a desenredar nudos, uno a la vez.

–¿Cuáles son las características de un régimen de pensiones sustentable socialmente?

–Un régimen que la gente perciba como justificable; un gasto justificable y equitativo. Difícilmente, la gente perciba como justificable que todos los ministros tengan un Mercedes Benz, por ejemplo, pero tal vez un carro para hacer su trabajo, sí.

Entonces, ¿cómo sería una pensión justificable desde mi perspectiva? Una que le permita a la gente llevar la vejez con dignidad, pero no enriquecerse.

–¿Considera que en el país hay gente que se ha enriquecido con una pensión?

–No sé si enriquecido, pero, definitivamente, hay un tratamiento diferente con respecto a cierta población y, al establecerse condiciones diferentes, la gente tiende a pensar que no es equitativo el régimen.

–Usted ha sido vehemente en que el régimen que administra es deficitario. ¿Cómo describiría el estado actual de ese sistema ?

–Es deficitario en el sentido de que solo recibimos el 8% de lo que gastamos, sin contar los gastos operativos.

Por ejemplo, un régimen sano, como el de Jupema (el actual, de capitalización colectiva), ellos cobran una comisión de ¢5 por cada ¢1.000 para gastos operativos. Aquí, en cambio, los gastos operativos los paga la ciudadanía. Entonces, no solo paga las pensiones propiamente dichas, sino el aparato administrativo que permite el mantenimiento de esas pensiones; o sea, pagan todo.

Lo justo sería que también hubiera un impuesto de administración sobre las pensiones, la cual nos permitiría tener mejores condiciones y ejercer mejores controles, porque la gente también se disgusta, con justificado motivo, por las cifras giradas de más, y esas son dificultades que tenemos nosotros para conseguir la información de quién se muere, de la forma más rápida posible.

Teniendo mayores recursos, podríamos tener sistemas computarizados más eficientes, que nos permitan darnos cuenta de ciertas cosas.