Gerardo Ruiz R., Sofía Chinchilla C.. 18 octubre, 2018
La ministra de Hacienda Rocío Aguilar pronuncia su discurso ante magistrados de la Corte Plena. Foto: Albert Marín.

La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, afirmó este jueves, ante los magistrados de la Sala IV, que el 22% del dinero cobrado a los contribuyentes en impuestos se destina a pagar pensiones de lujo. Eso equivale a un 2,9% del producto interno bruto (PIB), es decir, casi ¢1 billón al año.

Así lo afirmó al defender el tope de ¢2,6 millones que el Gobierno le quiere imponer a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, en donde hay jubilaciones superiores a ¢10 millones mensuales con el inconveniente de que son deficitarias, esto es, que los beneficiarios no cotizaron los suficiente durante su vida laboral para recibirlas una vez jubilados.

(Video) Ministra de Hacienda: es un tope razonable

Para el 2019, en impuestos, el Gobierno recibirá alrededor de ¢4,7 billones y estas pensiones costarán cerca de ¢1 billón.

La Sala IV celebró una audiencia para escuchar a las partes que debaten el tope impuesto en el 2014 por el entonces ministro de Trabajo, Víctor Morales Mora, y el entonces presidente, Luis Guillermo Solís. Ellos recurrieron a una ley de 1998 que nunca había sido aplicada.

En agosto de ese mismo año, ante el ingreso de decenas de acciones de inconstitucionalidad, el tribunal constitucional suspendió la medida, y ahora convocó a oponentes y defensores de esta para escucharlos antes de emitir sentencia.

“Es posible que la aplicación de esa ley se haya pospuesto durante tantos años porque quizás el Estado mantenía holgura para sostener el monto anterior. ¿Por qué es que nosotros consideramos imperativa la aplicación de este tope que consideramos razonable, que supera muchísimo los porcentajes solidarios que aplican a la mayor parte de los costarricenses?”, preguntó la ministra de Hacienda.

“La razón fundamental es que es un régimen deficitario, los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto son el equivalente al 22% de los ingresos que percibe el Estado. La primera pregunta que nos salta es si es justo, si es equitativo y si constituye una igualdad destinar un 22% de los impuestos para cubrir este monto”.

El tope recaería sobre las pensiones de regímenes de Gobierno y del Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional.

En el país, hay unas 3.800 pensiones de lujo superiores a ¢2,5 millones. Una de cada dos pensiones de lujo, de hecho, están en manos de exfuncionarios de las universidades públicas de ese régimen del Magisterio.

El 61% de estas jubilaciones se originaron en el régimen de Reparto del Magisterio y un 18% en los de Gobierno y Asamblea. El 21% restante es del sistema del Poder Judicial, pero este no se vería afectado por el tope, al igual que las pensiones del régimen de Capitalización del Magisterio.

“Desde hace ya muchos años, los montos que se reciben como contraprestación apenas alcanzaban para un 10% u 11% (del costo de las pensiones), ya la fecha eso no alcanza ni para el 7,5%”.

“Son pensiones evidentemente muy superiores a las que la mayoría de los costarricenses reciben, que superan a las de un sistema solidario como el de la CCSS, ni qué decir de las pensiones del régimen no contributivo, que ni siquiera han logrado alcanzar al 100% de la población".

Añadió que el déficit fiscal se acerca al 8%. “Sin un cambio, no podremos seguir financiando al Estado costarricense”, concretó.

“Cuando más de la mitad del presupuesto, un 53% se financia con deuda, es una deuda que le estamos heredando al resto de las generaciones”, continuó.

Y dijo: “Las medidas pueden resultar mucho más dolorosas si el Congreso de la República no logra concluir el segundo debate del proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (la reforma fiscal), que no es suficiente pero es indiscutiblemente necesario para iniciar una ruta de ordenamiento.

“No podemos darles una respuesta a los costarricenses cuando mantenemos esos desequilibrios. No podemos pedir que se soquen la faja cuando no avanzamos en la toma de decisiones y en la eliminación de estos beneficios que el país se dio el lujo de poder otorgar, pero que al no haber incorporado su financiamiento, los financiamos con deuda”.

“Por supuesto que no creo que eso sea atribuible a los pensionados. Esto, al fin y al cabo, corresponde a decisiones que ha tomado el Estado y a correcciones que no ha hecho oportunamente, pero que hoy día nos vemos en la imperiosa necesidad de poner en operación”.

“Hoy día no solo se nos está adentrando, porque ya estamos en ella, una crisis que se ve en los niveles de endeudamiento de las personas, sino que se está, lamentablemente, cruzando con una crisis internacional, así que la oportuna resolución de esto es algo que agradecemos”, terminó la jerarca de Hacienda.