Ante los magistrados de la Sala IV, el presidente Carlos Alvarado defendió el recorte a las pensiones de lujo decretado en el 2014 mediante la imposición de un tope de ¢2,6 millones. El mandatario argumentó que 'la situación crítica de las finanzas hace insostenibles estos privilegios’.
Este jueves, el tribunal constitucional celebró una audiencia para debatir el tope que el expresidente Luis Guillermo Solís y el exministro de Trabajo, Víctor Morales Mora (actual jefe de fracción del PAC), decretaron hace cuatro años.
Ellos recurrieron a una ley de 1998 para aplicar un límite equivalente a diez salarios mínimos de la administración pública para todas las jubilaciones con cargo al Presupuesto Nacional, entre las que había algunas hasta de ¢16 millones mensuales. El límite recaería sobre las pensiones de los regímenes de Gobierno y Asamblea, así como sobre el régimen Transitorio de Reparto.
En el país, existen casi 3.800 jubilaciones que superan los ¢2,5 millones mensuales. Casi 1 de cada 2 de estos pensionados proviene de las universidades públicas.
El 61% de estas se originaron en el régimen de Reparto del Magisterio y un 18% en los de Gobierno y Asamblea. El 21% restante es del sistema del Poder Judicial, pero este no se vería afectado por el tope, al igual que las pensiones del régimen de Capitalización del Magisterio.
A raíz del decreto del 2014, decenas de personas presentaron acciones de inconstitucionalidad en la Sala IV con la intención de evitar el rebajo y este quedó congelado desde agosto del 2014. Este jueves, el magistrado Fernando Castillo anunció que la decisión final se tomará antes del 18 de noviembre.
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El tribunal constitucional decidió celebrar una audiencia para discutir el tema, a la cual acudieron los recurrentes y los defensores de la medida. En este último grupo, participaron el presidente de la República, Carlos Alvarado, y la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. Aquí le relatamos lo que ocurrido:
Alegato del presidente Carlos Alvarado
“Me presento con una única finalidad: abogar por el fin de las pensiones de lujo en Costa Rica respaldado en razones jurídicas, técnicas y éticas, en representación de miles de familias costarricenses que no aceptan la permanencia de pensiones de lujo mientras muchas familias tienen carencias”.
“Es deber del Estado resguardar un sistema de seguridad justo y equitativo, acorde con las necesidades del Estado social de derecho, capaz de ofrecer calidad de vida a todas las personas retiradas, y no solo a algunas de ellas”.
“La sostenibilidad de dicho sistema se logra en buena medida mediante la eliminación de beneficios y asignaciones desproporcionadas, en donde todos aportemos segun nuestras posibilidades”.
“Han pasado 20 años a la fecha desde que se emitió dicha ley y cuatro desde que se emitió la mencionada directriz, y esta medida, que es indispensable para el país, no ha llegado aún a ser aplicada de forma plena”.
“Costa Rica está a la espera de esa decisión. Ello no solo permite lograr un ahorro signiticativo en el ahorro del Estado, sino que corrige la correcta distribución de la riqueza. Las pensiones son para dar una vida digna a las personas en la edad adulta, no son para enriquecerlas".
“Las personas a las que se les ha puesto un tope seguirán aumentando, pero no de manera irrazonable ni desproporcional, sino por costo de vida”.
Dice que el crecimiento actual del costo de las pensiones de lujo es “éticamente insostenible y económicamente ruinoso”.
Les pide a los magistrados que, de forma especial, pongan atención a la argumentación del gobierno ética para defender los topes a las pensiones de lujo, así como una resolución pronta.
“La situación crítica en que se encuentran las finanzas públicas hace insostenible la preservación de estos privilegios. Si bien hay distintos regímenes, la sociedad es una sola. Hay que recordar que este régimen coexiste con el de la CCSS, que tiene como tope ¢1,5 millones y como mínimo, ¢133.000; al tiempo que existe el régimen de pensiones no contributivas (para personas de escasos recursos), que es el principal programa de combate a la pobreza y que da a los adultos mayores una pensión de ¢78.000 al mes".
“Está en juego la confianza de la ciudadanía costarricense en sus instituciones”.
Alegato de la ministra de Hacienda
Habla la titular de Hacienda, Rocío Aguilar: “Atendemos esta vista con el propósito fundamental de brindar elementos de juicios necesarios”.
“Es posible que la aplicación de esa ley se haya pospuesto durante tantos años porque quizás el Estado mantenía holgura para sostener el monto anterior. ¿Por qué es que nosotros consideramos imperativa la aplicación de este tope que consideramos razonable, que supera muchísimo los porcentajes solidarios que aplican a la mayor parte de los costarricenses”.
“La razón fundamental es que es un régimen deficitario, los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto son el equivalente al 22% de los ingresos que percibe el Estado”.
“La primera pregunta que nos salta es si es justo, si es equitativo y si constituye una igualdad destinar un 22% de los impuestos para cubrir este monto”.
“Desde hace ya muchos años, los montos que se reciben como contraprestación apenas alcanzaban para un 10% (del costo de las pensiones), hoy apenas alcanzan para un 7,5%”.
“Son pensiones evidentemente muy superiores a las que la mayoría de los costarricenses reciben, que superan a las de un sistema solidario como el de la CCSS, ni qué decir de las pensiones del régimen no contributivo, que ni siquiera han logrado alcanzar al 100% de la población".
Añade que el déficit fiscal se acerca al 8%. “Sin un cambio, no podremos seguir financiando al Estado costarricense”.
“Cuando más de la mitad del presupuesto, 53%, se financia con deuda, es una deuda que le estamos heredando al resto de las generaciones”.
“Las medidas pueden resultar mucho más dolorosas si el Congreso de la República no logra concluir el segundo debate del proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (la reforma fiscal), que no es suficiente pero es indiscutiblemente necesario para iniciar una ruta de ordenamiento".
“No podemos darles una respuesta a los costarricenses cuando mantenemos esos desequilibrios. No podemos pedir que se soquen la faja cuando no avanzamos en la toma de decisiones y en la eliminación de estos beneficios que el país se dio el lujo de poder otorgar, pero que al no haber incorporado su financiamiento, los financiamos con deuda”.
“Estamos en una crisis que se ve en los niveles de endeudamiento de las personas, que se cruza con una crisis internacional, que se alínea de forma negativa”.
Alegato de pensionados de Hacienda y Asamblea
Le toca el turno a Alejandro Abellán y Óscar Pizarro, de los regímenes de Hacienda y Poder Legislativo.
Abellán tiene 88 años. Se pensionó en abril de 1986, con 30 años de servicio en el régimen de Hacienda. Tiene una pensión de ¢6,8 millones que, con los rebajos actuales, le queda en ¢3,2 millones.
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Pizarro no asistió por razones de salud, dijo la abogada de ambos, la cual alega que no se debe aplicar la ley de 1998 porque ya entró en vigor una nueva ley, aprobada en el 2016, que aplica nuevos rebajos a los pensionados de lujo mediante la figura de contribuciones solidarias.
Añade que no hubo debido proceso para fijar el tope y que los adultos mayores son quienes más necesidades tienen. “Es cuando más se enferman. Estamos hablando de pensiones altas, pero las familias ya no las ven”.
Dice que hay pensionados con compromisos bancarios y que atienden a sus nietos, además de que no hubo preparación para que los señores vieran si podían subsistir con el monto que les habría quedado.
Alegato de pensionado de Jupema
Álvaro Valerio Sánchez es otro de los accionantes. Él es pensionado por la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) desde 1991, con un monto de ¢3,3 milones.
Aduce que a su pensión se le hacen todos los rebajos que dicta la ley y que "un cambio en el ordenamiento jurídico no puede tener como consecuencia sustraer el bien que conforma el patrimonio adquirido por una persona".
Sostiene que las pensiones de Jupema no son con cargo al presupuesto y que fue un error del Ministerio de Trabajo incluirlas entre las que estaban sujetas al rebajo.
Alegato de procurador general
El procurador general, Julio Jurado, dice que hay antecedentes de la misma Sala según las cuales se pueden poner topes a pensiones, así como de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
“El monto específico de la pensión es la parte dinámica y, por lo tanto, es modificable, no se puede eliminar el derecho, pero su monto es cambiable”, explicó.
La Procuraduría General avala el tope a las pensiones, incluso si ya están vigentes.
“Sostenemos, en este caso, que la imposición de este límite está fundamentado en valores y principios constitucionales, un principio de solidaridad y hay un fin público que se persigue, que tiene que ver con la sostenibilidad de los regímenes de pensiones”, continuó.
Alegato de director jurídico de Casa Presidencial
El director jurídico de Casa Presidencial, Marvin Carvajal, alegó que la acción de inconstitucionalidad no cabe, entre otros argumentos, porque no viola el principio de irretroactividad de la ley, porque el Gobierno no está pidiendo la devolución de los montos que ya recibieron los pensionados de lujo, sino establecer un mecanismo sostenible y razonable de pago de pensiones.
Dice Carvajal que el tope que se está estableciendo es 9 veces el costo de vida promedio estimado por el IMAS.