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El Gobierno desempolvó una ley de 1998 y fijó un tope a las pensiones de lujo con cargo al presupuesto de la República: ahora no sobrepasarán los ¢2,3 millones por mes.
La medida, anunciada ayer por el ministro de Trabajo, Víctor Morales, regirá para 910 pensionados a partir del 1.° de setiembre.
Morales echó mano al artículo 3 de la Ley N.° 7858, que establece “como tope máximo la suma de diez veces el salario más bajo pagado en la Administración Pública”.
Dicho salario es de ¢236.700 por mes, por lo cual el monto máximo en el cheque de las pensiones cargadas al Presupuesto Nacional llegaría a los ¢2.367.000 al mes.
Es así como el ingreso más bajo de un misceláneo determinará el límite para las pensiones de lujo.
El tope de ley hecho público en el auditorio de la Casa Presidencial supondrá un ahorro a las finanzas del Estado de unos ¢12.000 millones por año, aseguró Morales.
De momento, la pensión más golpeada es la del economista Rolando Ramírez Paniagua, que dejará de percibir los ¢16 millones mensuales y, a partir del 1.° de setiembre quedará en ¢2,3 millones.
La lista con los nombres de los exfuncionarios a los que se les aplicará la rebaja deberá llegar a Hacienda de parte de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP).
Para Morales, el Ejecutivo está en toda su potestad de aplicar la norma, pues así lo establece la ley.
¿Y antes? Sobre por qué no se puso en práctica el tope en el pasado, Morales dijo que se necesitaba de una fuerte coordinación entre el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo.
Durante los gobiernos de Miguel Ángel Rodríguez (1998–2002); Abel Pacheco (2002–2006); Óscar Arias (2006–2010) y de Laura Chinchilla (2010–2014), la norma no se aplicó, pese a la difícil situación de los regímenes de pensiones y de las finanzas estatales.
El artículo 3 de la Ley N.° 7858 señala que el tope a las pensiones se activa cuando los ingresos por cotizaciones sean menores a los egresos derivados de las pensiones.
Actualmente, los ingresos del Estado solo alcanzan para pagar el 8,76% de lo que el fisco destina al pago de este rubro. El restante 91,24% sale de los impuestos pagados por todos los costarricenses.
El presupuesto para pensiones este año supera los ¢700.000 millones, por lo que un ahorro de ¢12.000 millones ayuda, explicó Elizabeth Molina, jerarca de la DNP.
Si bien de momento cubre a estos 910 jubilados, la ley rige para todos los funcionarios públicos retirados, desde gerentes de bancos hasta funcionarios de añeja data y cuya pensión salga de las arcas del Estado y no entren en las excepciones establecidas en la norma.
Las excepciones son más. Pese al anuncio, las excepciones son la regla en cuanto a la aplicación del tope de pensiones pagadas con recursos de la Hacienda Pública.
Así lo explicó Molina, al señalar que hay una serie de excepciones de ley que dejan por fuera de la aplicación a los 170 exdiputados que gozan un aumento del 30% anual.
Tampoco rige para los pensionados del régimen del Magisterio Nacional que postergaron su fecha de retiro.
Esto quiere decir que los funcionarios que se quedaron trabajando por un tiempo mayor a la fecha de su jubilación no serán objeto de la rebaja anunciada ayer.
Al respecto, Molina manifestó que hay poco más de 16.000 pensionados del régimen del Magisterio a los cuales no se les tocará el monto de su jubilación.
“De una población total de cerca de 59.000 pensionados, se van a poder topar 910”, dijo Molina, para aclarar de seguido que no toda esta gente tiene pensiones de lujo.
“Esto no es responsabilidad de un ministro ni de dos ni de tres. Esto no se aplica a las pensiones de curso de pago, porque le correspondía al Ministerio Hacienda en coordinación con nosotros”, puntualizó la jerarca de la DNP.
