Silvia Artavia. 20 noviembre, 2018
El director nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora (de blanco), se reunió este lunes con el jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora. Foto: Alejandro Gamboa Madrigal.
El director nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora (de blanco), se reunió este lunes con el jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Mora. Foto: Alejandro Gamboa Madrigal.

Luego de que la Sala IV avalara la semana pasada la imposición de un tope de ¢2,7 millones a las pensiones de lujo, el Director Nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora, considera que todavía hay que hacer más para bajar el gasto de ¢1,1 billones que demandan las jubilaciones pagada con impuestos.

Por eso, esta oficina del Gobierno propone bajar el techo a ¢1,5 millones mensuales, como ocurre con las pensiones del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

“Si tomamos en cuenta que la Caja tiene un tope de ¢1,5 millones, que es prácticamente el doble (de los ¢2,7 millones avalados por la Sala), pues habría que ver los fundamentos técnicos para decir que se pueda rebajar un poquito más”, comentó Mora.

Él se reunió este lunes con Víctor Morales Mora, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), para buscar apoyo “multipartidario” en la Asamblea Legislativa.

“Por supuesto que hay que equipararlas (las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional) porque, bien que mal, si usted se pensiona con la Caja, se va con el promedio de los últimos 240 salarios traídos a valor presente. En cambio, lo otro es (el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional, de Gobierno y de Asamblea), de los 24 últimos salarios, los 12 mejores. Ahí se está trabajando con cierta ventaja”, enfatizó Luis Paulino Mora.

Un único proyecto de ley

La idea del jerarca de Pensiones y del líder del partido oficialista es lograr consenso legislativo y elaborar un proyecto de ley que permita recortar una mayor cantidad de pensiones de lujo, pues el límite avalado por la Sala IV (10 veces el salario más bajo de la administración pública) fue fijado por ley.

El objetivo es que la iniciativa esté lista para discusión de los diputados entre diciembre de este 2018 y enero del 2019, dijo el diputado Morales Mora, de manera que pueda revisarse en el período de sesiones extraordinarias del Congreso, que empieza el próximo mes y se extenderá hasta abril del siguiente año.

Varias propuestas para recortar las pensiones de lujo han sido presentadas recientemente en la Asamblea Legislativa.

Una de estas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), propone cerrar el ingreso de más personas a los regímenes especiales existentes –el de Capitalización del Magisterio Nacional y el del Poder Judicial – y que todos los nuevos contribuyentes se sumen al régimen del IVM.

La otra iniciativa, de Restauración Nacional, plantea que bajar el tope a ¢2,1 millones, que más jubilaciones de ese tipo sean tasadas mediante el cobro de contribuciones solidarias y, además, que ninguna pensión supere los ¢4,5 millones, independientemente del régimen al que pertenezca.

Luz verde por parte de la Sala

Tanto Luis Paulino Mora como el líder del PAC están de acuerdo en que el pronunciamiento de la Sala Constitucional abre una puerta a los diputados y al Gobierno para recortar más las pensiones de lujo.

“Por supuesto que, como dice el señor Burns (personaje de la serie animada Los Simpson), ‘lo cambiaría todo por un poco más’. A mi me hubiera gustado irme a los pensionados de retroactivo y poder cobrarles desde el 2014, que fue cuando emitió la directriz don Víctor... haberles cobrado toda esa plata, pero tras la lectura del por tanto (de la Sala) pareciera que no lo vamos a poder hacer”, comentó Luis Paulino Mora.

Víctor Morales Mora, siendo ministro de Trabajo en la administración Solís Rivera, echó a andar un decreto que permitió imponer el tope de los ¢2,7 millones.

Esa directriz reactivó la ley 7858 de 1998, la cual, aunque mandaba no cancelar jubilaciones mayores a esa cifra, no se cumplía.

Sin embargo, la Sala IV resolvió que no se le puede aplicar el tope a quienes se jubilaron antes de 1998 y que no se pueden hacer cobros retroactivos.

Más recortes a las caras jubilaciones

Según dijo el líder de la Dirección Nacional de Pensiones, lo que buscarán, a partir de ahora, es impactar la mayor cantidad de jubilaciones.

Ya en el 2016, una reforma había impuesto una contribución especial de entre un 25% y un 65% a los pensionados de Gobierno que recibieran más de ¢2,5 millones mensuales. Sin embargo, el Gobierno busca mayores recortes, dijo Mora.

El líder de Pensiones aseguró que el planteamiento es que la mayoría de jubilaciones caras queden gravadas, ya sea con la figura de contribución solidaria del 2016 o con los topes.

Además, comentó que valorarán incluir también los regímenes del Poder Judicial y el de Capitalización Colectiva de la Junta de Pensiones del Magisterio (Jupema).

Sobre ese último punto, insistió el líder de Pensiones, habría que trabajarlo “con cuidado”, para no desestabilizar los fondos que sostienen a dichos regímenes.

Luis Paulino Mora también dijo que revisarán los aportes que hace el Estado a los distintos regímenes.

El régimen de pensiones del IVM se fundamenta en un sistema tripartito en el que obrero, patrono y Estado contribuyen para asegurar una jubilación a los trabajadores. En el IVM de la Caja, el trabajador aporta un 3,84% de su salario, el patrón le agrega un 5,08% y el Estado, un 1,24%.

Sin embargo, en los regímenes exclusivos, el Gobierno aporta un monto mayor en su condición de patrono. En el del Poder Judicial, lo hace con un 14,36%, y en el Magisterio, con un 6,75%.

“Hay muchos diputados que se me han acercado a decirme que el objetivo de ellos, en esos regímenes, es acercarlos a una contribución similar a la que se hace en la Caja, y esa aspiración debería ser respaldada. Eso sí, hay que tener cuidado de no desbalancear esos fondos”, prosiguió Luis Paulino Mora.

Una excepción legal les permitirá a cientos de pensionados de lujo del régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional (educadores) evitar el tope de los ¢2,7 millones gracias a una figura llamada postergación.

Esta exime de esa disposición de la Sala a quienes hayan trabajado, aunque fuera un día más, después de la fecha que tenían fijada para jubilarse.

Uno de los ajustes que deberán hacerse a la ley para las futuras pensiones, coinciden el jerarca de Pensiones y el jefe de fracción del PAC, es acabar con la figura de la postergación.

“Pareciera que es un mundo al revés. Por ejemplo, se establecen incentivos por postergar la pensión. Si dicen: ‘si postergás la pensión, no te ponemos tope’, ¿qué va a hacer la persona?’… Esos incentivos a la postergación los tenemos que buscar en la legislación”, enfatizó Luis Paulino Mora.

Las pensiones de lujo son consideradas como tales porque sus beneficiarios no cotizaron lo suficiente para recibirlas y, además, se acogieron a la jubilación con favorables condiciones, por ejemplo, con el 100% del mejor salario devengado en su vida laboral.

Al tener cargo al Presupuesto Nacional, el costo, finalmente, terminan asumiéndolo los contribuyentes con el dinero que tributan, pues los impuestos son una de las principales fuentes de captación de recursos del Estado.