La deuda por ¢21.800 millones que arrastra la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), con acreedores y otras instituciones públicas, crece como una “bola de nieve” y pronto “será inmanejable”.
El propio presidente de la República, Carlos Alvarado, recibió esa advertencia de parte del jerarca del Consejo Nacional de Producción (CNP), Ángel Jiménez.
Jímenez se presentó a la sesión de Consejo de Gobierno del 9 de noviembre anterior, para informar acerca de los resultados del estudio financiero que se realizó en esa empresa estatal.
Antes de ese análisis, contratado a la firma internacional KPMG por $75.000, la Fábrica simplemente desconocía el tamaño de sus deudas.
Ahora se sabe con mayor certeza que la deuda registrada en libros es de ¢6.500 millones con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), ¢3.400 millones con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), y ¢3.500 millones con el Ministerio de Hacienda.
También, la empresa estatal adeuda ¢8.300 millones al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y otros ¢136 millones en juicios laborales.
La Nación solicitó el informe financiero completo al CNP desde el 20 de diciembre anterior; sin embargo, la institución aún no remite el documento de acceso público.
“Se destaca (por parte del jerarca del CNP) que la Fanal está sobreapalancada y que se ha venido construyendo una bola de nieve en relación con la deuda, donde será inmanejable”, señala el acta del Consejo de Gobierno del 9 de noviembre.
Dicho documento añade que, “en el estudio presentado, se realizó un escenario a 10 años con flujo de efectivo con deuda tributaria y sin esta; pero definitivamente con deuda en aumento no es viable la Fanal”.
Durante la sesión de Consejo de Gobierno, el presidente ejecutivo del CNP reprochó que la regla fiscal le impide a la Fábrica aumentar su producción con el propósito de incrementar sus ventas, porque “no le permite comprar más insumo como alcohol y eficientizar inversiones para automatizar procesos”.
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De la misma manera, el jerarca reclamó que la carga tributaria sobre la Fábrica Nacional de Licores es insostenible.
Según afirmó Ángel Jiménez ante los ministros y el presidente de la República, por cada ¢1 que vende el negocio, ¢0,50 se traslada al fisco o a instituciones como IFAM, IAFA, Inder y la Municipalidad de Grecia.
El expresidente ejecutivo de esa entidad, Rogis Bermúdez, había advertido de que las deudas de la Fanal ponían en riesgo el pago a los agricultores que venden su producción al CNP.
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Decisión postergada
Además de aclarar el desorden financiero en la Fábrica Nacional de Licores, el estudio contratado con fondos del Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán) también tenía el propósito de establecer el valor comercial de esa empresa pública.
Según los breves detalles compartidos en el acta presidencial, la Fábrica vale 1,4 veces sus ventas anuales.
“En relación con el múltiplo de ventas se identificó que las compañías se pueden vender entre 3,5 veces la ventas a 0,6 veces, pero en promedio las compañías identificadas se venden a 1,6 veces las ventas anuales; Fanal representa 1,4 veces las ventas anuales”, señala el acta.
Fanal tuvo ventas por ¢25.000 millones en 2019, un año antes de la pandemia de coronavirus. Según el parámetro indicado en el acta de Gobierno, el valor real de esa empresa pública estaría cercano a los ¢35.000 millones. En 2020 tuvo un repunte circunstancial, provocado por la venta de alcohol antiséptico.
El Gobierno desistió de su plan de vender o concesionar ese activo estatal. Aún así, el informe completo proyecta el valor de ese activo estatal a 10 años plazo. Así, los próximos gobernantes podrían tomar las decisiones postergadas por la administración de Carlos Alvarado.
Fracaso en venta de Fanal
Proceso nunca estuvo claro
FUENTE: La Nación con información del Ministerio de Planificación y Presidencia || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
La posibilidad de vender activos estatales fue plateada por el presidente de la República, luego de las mesas de diálogo que sostuvo con diferentes sectores sociales en el 2020, conformadas después de que el Ejecutivo retiró la primera propuesta al Fondo Monetario Internacional (FMI) por los bloqueos viales.
La administración también desechó la idea de vender el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA) para atenuar la deuda pública.
