La firma global de servicios de consultoría KPMG revelará el valor real de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) a finales de este mes.
Sin embargo, el Gobierno ya no tiene entre sus planes vender o concesionar la empresa estatal para pagar deuda pública, como lo propuso ante el Congreso en 2020.
“No hay ninguna intención de vender activos, como lo ha señalado en reiteradas ocasiones el presidente de la República”, confirmó el Ministerio de la Presidencia.
El Consejo Nacional de Producción (CNP), que administra el negocio de alcohol y licores, contrató el estudio financiero antes de que el mandatario Carlos Alvarado desistiera de vender ese activo estatal.
Los análisis, que costaron $75.000, fueron financiados por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), a través del Fondo de Preinversión.
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Aunque originalmente el estudio se contrató con el propósito de ponerle precio a la Fábrica para su venta o concesión, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, defendió que los análisis financieros también permitirán conocer la verdadera situación económica de la Fanal y una proyección a cinco años.
El negocio estatal arrastra un desorden financiero desde el año 2002, debido al supuesto impago de impuestos, lo que provoca que actualmente se desconozca el tamaño total de sus deudas.
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Según los últimos estados financieros disponibles, ese negocio estatal cerró con pérdidas por ¢6.894 millones en 2019; ¢3.998 millones en 2018; y ¢3.170 millones en 2017. En contraparte, la Fábrica generó ventas cercanas a los ¢25.000 millones anuales.
No obstante, su realidad podría ser mucho peor, debido a las deudas que la empresa no tiene registradas.
“Fanal tiene un conjunto de deudas que implica riesgos. Esa deuda tributaria no solo erosiona el patrimonio de la Fanal sino del CNP y, eventualmente, al ser una empresa estatal, se corre riesgo de que se convierta en un pasivo contingente que todos los costarricenses pagaríamos, del cual el Ministerio de Hacienda se tendría que hacer cargo”, afirmó Garrido.
En ese sentido, aseguró la jerarca, los resultados del estudio serán necesarios para conocer aspectos como cuáles son esas responsabilidades, establecer la cédula tributaria que se califica como pasivo de la Fábrica, así como determinar los riesgos de los montos adeudados.
El estudio también dará a conocer otros elementos como el valor de los activos tangibles e intangibles de la Fábrica, como por ejemplo la marca Cacique.
“Tiene sentido en esa lógica de prevenir pasivos contingentes y poder determinar el valor de Fanal para que, posteriormente, el Consejo de Gobierno, este o el otro, pueda tomar una decisión en relación con el futuro de la Fanal con mayor información”, dijo Garrido.
Las autoridades del Poder Ejecutivo y de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Producción (CNP) conocerán los resultados preliminares del análisis financiero a finales del mes en curso, mientras se espera que la firma KPMG emita su informe final en setiembre de 2021.
Falta de claridad
La propuesta para pagar deuda pública con la venta o concesión de la Fábrica Nacional de Licores formó parte del primer paquete de medidas presentado al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener apoyo financiero.
Sin embargo, el Gobierno retiró la propuesta inicial debido a las protestas callejeras y a las presiones de diversos sectores económicos en octubre pasado. Entonces, el presidente Alvarado convocó a diversos sectores sociales a las mesas de diálogo.
“Nosotros lo habíamos incorporado en la primera propuesta con el Fondo. No obstante, se necesitaba un estudio de esta naturaleza y, posterior a eso, se tomó la decisión de que no se iba a avanzar en la lógica de venta de ningún activo”
— Pilar Garrido, ministra de Planificación.
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Fue en ese momento cuando el Poder Ejecutivo se comprometió a no vender empresas públicas, entre ellas la Fanal o el Banco Internacional de Costa Rica (BICSA), como originalmente propuso.
El plan para hacer caja con la empresa estatal productora de alcohol, sin embargo, estuvo carente de claridad desde el principio.
La idea fue introducida en primera ocasión por el Gobierno en febrero de 2020, cuando el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, presentó ante la Asamblea Legislativa un paquete de medidas para enfrentar el déficit fiscal.
El exjerarca aseguró ante el plenario legislativo que esa decisión implicaría un 0,03% del producto interno bruto (PIB) del país.
Desprenderse de la Fábrica, añadió Chaves, también fortalecería al CNP, pues esa entidad tiene que hacer frente a las múltiples obligaciones financieras de la Fábrica, poniendo en riesgo su operación.
No obstante, en ese momento el Gobierno desconocía el verdadero costo del activo estatal. Además, nunca se presentó el proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para procesar la venta o concesión de la Fábrica.
Fue en ese momento cuando surgió la necesidad del estudio contratado a la firma KPMG.
Fracaso en venta de Fanal
Proceso nunca estuvo claro
FUENTE: La Nación con información del Ministerio de Planificación y Presidencia || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Posteriormente, la Administración tuvo diferencias sobre el tipo de estudio financiero que debía contratarse para aclarar el estado de la Fanal y así determinar su valor de mercado.
Un mes después de que el Gobierno presentó la propuesta, el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, aseguró, en una comisión legislativa, que debía realizarse una auditoría forense.
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Ese tipo de investigación permite encontrar posibles fraudes, errores que produzcan un impacto económico negativo para la organización y hasta posibles actos de corrupción.
No obstante, el entonces jerarca del Consejo Nacional de Producción, Rogis Bermúdez, aclaró, tiempo después, que no se realizaría una auditoría forense, pues el propósito era otro.
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Finalmente, en julio de 2020, con mayor claridad sobre el estudio que se requería, el Ministerio de Planificación trasladó $75.000 de su Fondo de Preinversión al CNP, para que contratara el análisis para tasar la Fanal.