El presidente de la República, Carlos Alvarado, declaró este jueves que el plan de consolidación económica que el Gobierno negociará con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que contemplaría la introducción de cuatro impuestos con el fin de aumentar los ingresos del sector público, es una “propuesta balanceada” que reparte las cargas.
Así lo aseguró al referirse, este mediodía, al plan con el que su administración planea estabilizar las finanzas públicas.
“Una propuesta balanceada quiere decir repartiendo las cargas. Los distintos sectores aportarán, pero los más pudientes serán los que más apoyen. Y el Gobierno seguirá zocándose la faja y haciendo los cambios necesarios, algunos de los cuales han esperado por muchos, muchos años”, dijo el mandatario.
“El Gobierno ha hecho su tarea y tiene una propuesta balanceada para salir adelante como país, la cual fue enriquecida con aportes ciudadanos. Hemos presentado esta propuesta a las jefaturas de fracción legislativas. Y esta misma tarde será hecha pública al país, antes incluso de plantearla al FMI en la negociación a inicios de octubre”, agregó.
“Y en la búsqueda del equilibrio, tenemos contempladas medidas para reducir el peso de las cargas sociales para estimular la creación de empleo, para devolver el IVA a la canasta básica a los más vulnerables y para abonar el equivalente a 6 por ciento del PIB a la deuda pública”, aseveró.
En la parte de aumentar ingresos, el plan contemplaría crear un tributo del 0,3% a todas las transacciones bancarias durante los primeros dos años, para luego bajarlo a 0,2% al tercero y cuarto año.
El segundo gravamen sería un aumento temporal en las tasas del impuesto a salarios superiores a los ¢840.000 y a las ganancias de las empresas; mientras que un tercero aumentaría el tributo de la propiedad sobre bienes inmuebles.
Este pasaría del 0,25% sobre el valor de la propiedad que hoy se paga a las municipalidades, al 0,75%.
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En este componente para mejorar ingresos, el Gobierno también plantearía que las grandes cooperativas paguen impuesto de renta, dado que en la actualidad están exentas. Lo mismo ocurriría con el salario escolar que hoy no paga impuesto de renta.
El salario escolar es un sueldo adicional que reciben los funcionarios públicos en enero de cada año, el cual forma parte de su salario normal, pero está exento de tributo por ley.
En cuanto a cargas sociales, Zapote propondría eliminar el 5% que pagan los patronos al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
En la actualidad, los empleadores públicos y privados pagan un 26,33% de cargas sociales sobre el salario de cada empleado. La idea es bajarlo al 21,33% al eliminar ese 5% que va dirigido al Fodesaf.
En la parte de recorte al gasto, el Ejecutivo propondría eliminar las anualidades de los servidores públicos durante los próximos cuatro años.
La medida impediría que se sumen a los salarios nuevos incentivos por antigüedad durante ese plazo. La anualidad es un pago extra por cada año laborado sobre el salario base de los trabajadores públicos.
También, Zapote se comprometería con el FMI a empujar en el Congreso la aprobación del proyecto de reforma al empleo público que genere un solo régimen de empleo con un salario global para futuros empleados públicos.
Además, propondría revisar el diseño de los órganos descentralizados con el fin de detectar duplicidades de funciones y eliminarlas.
En cuanto a venta de activos, siempre para generar ingresos al Gobierno Central, el Gobierno plantearía la venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).
Además, se contempla la venta de propiedades ociosas del Gobierno, pero la propuesta definitiva sería conocida hasta las 3:30 p.m. de hoy.
En un video colgado en sus redes sociales, el mandatario dijo: “Los próximos meses serán decisivos para el bienestar del país y será necesario adoptar medidas difíciles”.
Añadió que el coronavirus golpeó fuertemente la economía de Costa Rica, cuyo efecto sería una caída del 5% del producto interno bruto (PIB) en el 2020, según las proyecciones del Banco Central.
“Tenemos más de medio millón de personas desempleadas, y los ingresos que sostienen al Estado y sus servicios también se han caído, al mismo tiempo que han incrementado los gastos en salud, atención a la emergencia y en protección social para quienes han perdido sus empleos”, justificó el mandatario.
Asevera que la pandemia revirtió “parte los avances" en el saneamiento de las finanzas públicas, que se veían desde inicios del 2020 producto de la reforma fiscal aprobada en 2018.
"Estas cosas no se hacen por gusto, sino porque son necesarias. Mi Gobierno asume esa responsabilidad, como corresponde, y les pido a las señoras y señores diputados su ayuda para sacar el país adelante y para dejarle al próximo Gobierno una economía estable, en crecimiento y con más empleos.
“Tenemos margen para evitar una crisis, pero debemos actuar y actuar rápidamente”, puntualizó, al referirse a las negociaciones con el FMI que se formalizarían en una o dos semanas.