La propuesta de estabilidad económica que el Gobierno le presentará al Fondo Monetario Internacional (FMI), para obtener un financiamiento de unos $2.250 millones, contempla la introducción de cuatro impuestos con el fin de aumentar los ingresos del sector público.
Así lo expusieron cuatro fuentes confiables que han estado cerca del proceso y del enlace con la Asamblea Legislativa, donde finalmente se tramitarán los proyectos de ley y donde los diputados decidirán con su voto.
No obstante, será finalmente este jueves 17 de setiembre, a las 3:30 p. m., cuando se dará a conocer la propuesta definitiva de cara a la negociación que se iniciará el 28 de setiembre.
El primero de los nuevos impuestos es un tributo a las transacciones bancarias, el cual tendrían que pagar quienes hagan cualquier tipo de transferencia de dinero.
Durante los primeros dos años, el tributo sería de un 0,3%, lo que equivale a ¢3.000 por cada millón de colones. Durante los dos años siguientes, la tasa bajaría a un 0,2% (¢2.000 por cada millón).
El segundo gravamen es un aumento temporal en las tasas del impuesto de renta para empresas y personas, así como para los salarios.
El lunes, el presidente Carlos Alvarado adelantó que no se gravarán los salarios inferiores a ¢800.000.
Actualmente, el impuesto de renta se cobra a los salarios superiores a ¢840.000 en escalas que van de un 10% a un 25%. Conforme mayor es el ingreso, mayor es el impuesto.
En el caso de las empresas, el tributo sobre las utilidades es hasta de un 30%.
Las fuentes no revelaron el porcentaje del incremento en las tasas.
Para el Presupuesto Nacional del 2021, el Gobierno previó una mínima recuperación del impuesto de renta, de apenas un 3,7%. En el 2019, este tributo recaudó ¢1,73 billones y, este año, caería a ¢1,56 billones.
El próximo año, la recaudación subiría a ¢1,62 billones, con lo que el tributo de renta dejaría de ser el principal, al ser sobrepasado por el IVA.
En tercer lugar, se impondría un nuevo tributo a la propiedad de bienes inmuebles, en favor del Gobierno. Actualmente, existe un impuesto a las propiedades, pero en favor de las municipalidades. El Ejecutivo planea agregar uno adicional.
Actualmente, el impuesto sobre bienes inmuebles municipal es de un 0,25% del valor de la propiedad por año. El Ejecutivo pretende agregarle un 0,50% adicional en favor de Hacienda.
El cuarto impuesto recaería sobre los excedentes de las grandes cooperativas, las cuales hoy están exentas de pagar tributo a Hacienda.
Desde la discusión de la reforma fiscal, en el 2018, la legisladora socialcristiana, María Inés Solís, propuso gravar a las grandes cooperativas, pero la iniciativa no tuvo respaldo en el Congreso.
La Comisión de Asuntos Económicos retomó el debate a inicios del 2019, luego de que 36 diputados de diferentes tiendas políticas respaldaran un proyecto presentado en octubre del 2018.
La idea era cobrar un 20% a las cooperativas con excedentes superiores a ¢750 millones anuales y un 10% a las que generan excedentes entre ¢250 millones y ¢750 millones. Las demás estarían exentas.
Sin embargo, en marzo del 2019, seis diputados de ese foro legislativo optaron por archivar el texto, por considerarlo “mal concebido” e “inconstitucional”.
Eliminar exoneración
En forma paralela, el Gobierno propondrá eliminar la exoneración del impuesto de renta en el salario escolar.
El salario escolar es un sueldo adicional que reciben los funcionarios públicos en enero de cada año, el cual forma parte de su salario normal, pero está exento de tributo por ley.
Desde junio de este año, el Poder Ejecutivo presentó una propuesta para eliminar esa exención, pero los diputados no han avanzado en el tema.
Cargas sociales
La propuesta costarricense ante el FMI también incluiría reducir las cargas sociales que los patronos deben pagar para contratar personal.
Actualmente, los patronos pagan un 26,33% de cargas sociales sobre el salario de cada empleado. La propuesta es eliminar el 5% que va al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), lo que bajaría la carga social a un 21,33%.
El financiamiento del Fodesaf quedaría a cargo del Gobierno Central.
Gasto público
En cuanto al recorte al gasto público, el Gobierno propondría eliminar las anualidades de los servidores públicos durante los próximos cuatro años.
Es decir, impedir que se sumen a los salarios nuevos incentivos por antigüedad durante ese plazo. La anualidad es un pago extra por cada año laborado sobre el salario base de los trabajadores públicos.
Ya estaba en camino, en la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley para tomar esa medida, pero por dos años.
Otro compromiso que el Gobierno propondría al FMI como medida de contención del gasto sería empujar en el Congreso la aprobación del proyecto de reforma al empleo público.
Esta iniciativa busca generar un solo régimen de empleo con un salario global que equipare las distorsiones salariales existentes en el sector público y que elimine los pluses, que disparan el gasto público, para los futuros empleados.
Sin embargo, en criterio de la Procuraduría General, la propuesta de crear ocho familias de puestos en el sector público hace difícil visualizar que se concrete la aspiración de eliminar disparidades en el empleo estatal, bajo un único régimen.
Adicionalmente, el Gobierno se comprometería ante el FMI a revisar la estructura de los órganos desconcentrados (hay 330 entidades), con tal de evitar duplicidades de funciones en el Estado.
Venta de activos
Otros planes para generar ingresos al Gobierno Central, según las fuentes, son la venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa) y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), como lo había adelantado el Gobierno.
Además, se contempla la venta de propiedades ociosas del Gobierno, pero la propuesta definitiva sería conocida hasta este jueves.
La negociación con el FMI surge en momentos en que el Gobierno sufre un severo déficit en su capacidad de gasto público.
Para el próximo año, los impuestos cubrirán apenas el 45% del gasto; el resto se financia con endeudamiento; y la deuda pública subirá a un sorprendente 80% del producto interno bruto (PIB) en el 2021, lo que conlleva un serio riesgo de colapso para el país.
El anuncio de las medidas que hará el Gobierno este 17 de setiembre estará a cargo de los ministros de Hacienda, Elian Villegas, y de Planificación, Pilar Garrido, así como del presidente ejecutivo del Banco Central, Rodrigo Cubero. La conferencia será en el edificio de las superintendencias, en barro Tournón, en San José.