El presidente Carlos Alvarado afirmó este miércoles que llegó la hora de aprobar un proyecto de ley para regular las plataformas digitales de transportes, como el caso de Uber.

Luego de recibir el martes a taxistas que aplicaron tortuguismo en varios sectores de la GAM, el mismo día en que se aprobó en primer debate el proyecto de regulación de huelgas, el mandatario dijo que ahora hay que desatar otro “nudo”: el del conflicto entre taxistas y plataformas.

El mandatario aboga por formalizar a las plataformas y a sus choferes, con lo cual espera que se introduzca regulación en materia de pago de impuestos, aseguramiento de vehículos y seguridad social.

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A su vez, defiende la idea de buscar “mecanismos de compensación” para los taxistas que, “por la merma en ese actividad, están altamente endeudados”.

“No pueden pagar estudios de hijos o no pueden llevar alimento a la casa por la baja en actividad”, argumentó Alvarado, al tiempo que afirmó que el dinero para esa compensación no puede salir de más endeudamiento del Gobierno.

“Le llegó la hora a las plataformas de transporte. Este es el momento para que lleguemos a una regulación en materia de plataforma de transportes. Creo que muy prontamente tiene que desatarse ese nudo con una regulación", continuó.

El gobernante cree que la regulación, que necesita la aprobación de la Asamblea Legislativa, ayudará al empleo, a la competencia y a la seguridad jurídica.

Sin embargo, el mandatario no se comprometió a enviar un nuevo proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que incluya la compensación a los taxistas y a sus familias, tal y como lo demandó el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, el liberacionista Robertho Thomson.

“Lo que nos comprometimos es acompañar en esta dirección, ayudar. Ya el Ejecutivo presentó un primer documento, nosotros podemos auspiciar que estas cosas pasen. Ya veremos cómo se llega a buen puerto”, comentó el mandatario, quien explicó que desde ayer martes instruyó al ministro de la Presidencia, Víctor Morales, a encauzar esa discusión en dicha comisión.

Las fuertes críticas al primer proyecto

Durante su primer año de gestión, el gobierno de Alvarado presentó un proyecto de ley de regulación de plataformas que recibió fuertes críticas de varios sectores, incluso de la propia bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC).

El procurador general, Julio Jurado, por ejemplo, afirmó que encontró en esa iniciativa roces de inconstitucionalidad y que los montos que el Ejecutivo pretendía cobrarles a compañías como Uber carecían de sustento técnico.

Ese texto establecía que las nuevas plataformas tendrían que pagar un derecho de inscripción de ¢45 millones, mientras que Uber tendría que pagar ¢8.300 millones por haber iniciado su operación antes de la entrada en vigor de la ley.

Además, exigía a los choferes de Uber agar un canon anual de ¢21.200 por trabajar y otros $200 (¢115.000) por cada vehículo.

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Estos cobros financiarían un fondo en el Consejo de Transporte Público (CTP), con el cual se le otorgarían subsidios a los taxistas para renovar sus vehículos.

La contralora general, Marta Acosta, también dijo que el texto consideraba al usuario y, cuando lo hacía, lo ponía a costear un fondo para modernizar taxis sin fundamento técnico o jurídico.

Así se asignaban los cobros en ese primer proyecto: