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Los diputados Enrique Sánchez, Paola Vega y Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC), anunciaron un conjunto de mociones para cambiar el proyecto de ley con que el gobierno pretende regular las plataformas de transporte como Uber.
Primero, proponen eliminar el canon anual de $35 (¢21.200) que el ministro de Transportes, Rodolfo Méndez Mata, propuso cobrarles a los choferes que dan el servicio, así como el de $200 (121.000) que se impondría a cada vehículo.
De igual manera, Sánchez y Carranza tratarán de suprimir la multa de casi ¢8.300 millones (18.600 salarios base) que la iniciativa gubernamental intentaría exigir a las empresas que estuviesen operando antes de la aprobación de la ley, como es el caso de Uber.
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A la vez, los legisladores de Acción Ciudadana tratarán de reducir significativamente el pago de inscripción de las compañías que el proyecto define como Empresas de Plataforma de Transporte (EPT), además de establecer un cobro diferenciado para pequeñas y medianas empresas.
El proyecto original establece que las plataformas que ingresen al mercado tras la vigencia de la ley pagarían ¢44,6 millones por (100 salarios base) por su ingreso y ¢22,3 millones al renovar la inscripción (50 salarios base) cada cuatro años.
Luis Ramón Carranza calificó de excesivos los cánones propuestos por el MOPT; argumentó que estos podrían desestimular la operación de esos servicios de movilidad.
Además, se oponen a que el fondo que el proyecto pretende crear sea utilizado para subsidiar económicamente a los taxistas, con el pago de primas para renovar sus autos.
En lugar de ello, los legisladores del PAC plantean que el dinero se emplee en fortalecer los sistemas de transporte público colectivo. “Eso es vital para mejorar la movilidad en nuestras ciudades”, dijo Paola Vega.
La iniciativa de ley promovida por el Gobierno se estudia en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. El proyecto, bajo expediente legislativo 21.228, ha recibido criterios negativos de parte de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la República.
En principio, el objetivo del proyecto es que coexistan los taxistas y los servicios de plataformas de movilidad.
“El texto que el Poder Ejecutivo nos envió resulta un buen punto de partida para el debate y la reflexión. Sin embargo, concluimos que son necesarios cambios significativos al proyecto, con el fin de establecer condiciones menos restrictivas a las plataformas de movilidad”, anunció el diputado Enrique Sánchez a través de un comunicado.
Incluso, los tres congresistas intentarán evitar que sea el Consejo de Transporte Público (CTP) la entidad encargada de fiscalizar y aplicar las regulaciones que propone la iniciativa legal. Su idea es que sean los principios del derecho privado los que rijan las actividades de empresas como Uber.
Reglas propuestas para Uber y similares
Entre las medidas regulatorias que plantea el proyecto para las EPT están:
– Las rentas o beneficios provenientes de la actividad estarían sujetos al cobro del impuesto sobre el valor agregado (IVA), de un 13%, así como al impuesto sobre remesas al exterior (8,5%).
– En el caso de las EPT que han operado de previo a la vigencia de la ley, como Uber, tendrán que pagar ¢8.299 millones (18.600 salarios base del Poder Judicial) por registrarse ante el Estado.
– Las EPT que ingresen al mercado tras la vigencia de la ley pagarían ¢44,6 millones por inscribirse (100 salarios base) y ¢22,3 millones al renovar la inscripción (50 salarios base).
– Se cobraría un 3% adicional sobre cada servicio para financiar un fondo para modernizar el transporte público.
– Todos los choferes tendría que inscribirse como trabajadores independientes ante la CCSS.
– Las EPT que ingresen al mercado tras la vigencia de la ley pagarían ¢44,6 millones por (100 salarios base) y ¢22,3 millones al renovar la inscripción (50 salarios base).
– Todas las EPT serían declaradas como un servicio público, pero no estarán sujetas a la regulación tarifaria de Aresep.
– Deberán inscribirse en el Consejo del Transporte Público (CTP) para poder operar legalmente.
– Deberán emitir políticas y procedimientos estandarizados para fomentar la seguridad de los usuarios, así como evitar el acoso sexual y la discriminación. También, deben garantizar el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad (Ley N° 7600).
Otras medidas relacionadas con taxis rojos
– Se crearía un Fondo Nacional de Movilidad administrado por el Consejo de Transporte Público (CTP), el cual se financiaría de tres fuentes: el pago de derecho de inscripción de las EPT en el Registro del CTP; un aporte del 3% sobre el precio final cobrado en cada servicio de un conductor de EPT y las sanciones administrativas a las ETP.
– El CTP utilizará el fondo para la modernización del transporte público. Durante los primeros 8 años, se utilizará para la modernización de la flota de taxis.
– El CTP destinaría hasta un 80% de estos recursos para subvencionar el pago de la prima de adquisición de vehículo nuevo. Vía reglamento, se establecerán los parámetros de distribución según tipo de tecnología del vehículo y el monto por prima. El monto máximo que se podrá facilitar como subvención será hasta el equivalente al 15% del valor del vehículo exonerado.
– La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) establecería una tarifa máxima que contemple el primer kilómetro más el recorrido adicional, quedando autorizados los conductores a transar un precio menor con el usuario. Este deberá ser indicado si hay acuerdo entre el conductor y el usuario, antes de iniciar el servicio.
– Autoriza a la Aresep para implementar una aplicación tecnológica para los taxistas que sustituya el taxímetro tradicional (“marías”) por uno virtual que facilite la competencia en procura de mejorar la calidad del servicio que reciben los usuarios.
-Elimina de la junta directiva del CTP la representación de los autobuseros y de los taxistas.
