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El procurador general, Julio Jurado, afirmó este martes que encontró roces de inconstitucionalidad en el proyecto de ley con el que el gobierno pretende regular Uber y otras plataformas de transporte.
En específico, Jurado señaló que los montos que el Ejecutivo pretende cobrarles a Uber y demás compañías carecen de sustento técnico, por lo que le preocupan las cifras y, sobre todo, su uso.
Así lo explicó el procurador general en una audiencia ante la Comisión Legislativa de Asuntos Económicos, la cual estudia el expediente 21.228.
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El proyecto crearía un cobro de un 3% sobre el precio de cada viaje en Uber para financiar un Fondo Nacional de Movilidad, a cargo del Consejo de Transporte Público (CTP).
Además, dispone que las nuevas plataformas de transporte tendrían que pagar un derecho de inscripción equivalente a 100 salarios base, que en valor presente son ¢44,6 millones. No obstante, Uber tendría que pagar 18.600 salarios base, equivalentes a ¢8.300 millones, por haber activado su operación antes de la entrada en vigor de la ley.
Estos cobros también alimentarían el Fondo en manos del CTP.
La Procuraduría General considera los cobros como desproporcionales no tanto por el monto, sino por su uso. “Podría haber un roce constitucional porque la ley no regula adecuadamente cuál es la finalidad que va a tener el fondo que se constituye con esa carga”, dijo Jurado.
“No es que sea poco o mucho, sino que el fondo es una gran cantidad de dinero que se pone al CTP sin mayor regulación”, agregó.
Durante ocho años, un 80% del Fondo se destinaría a subvencionar la renovación de la flota de taxis y un 20% a asistencia social para el mismo sector. “Está destinado a favorecer a un sector nada más, el de taxistas, en detrimentro de otro”, apuntó el procurador, por lo que su institución pone en duda la finalidad del Fondo.
La procuradora de Derecho Público, Andrea Calderón, insistió en que los montos no están sustentados en un estudio técnico que respalde la cifra.
Jurado agregó que tienen dudas sobre la administración y empleo del Fondo Nacional de Movilidad, el cual sería creado por esta ley y financiado con los cobros que introduce. Una parte se usaría, por ejemplo, para subsidiarles a los taxistas las primas para comprar nuevos vehículos.
Jurado afirmó que el CTP carece de competencias para administrar el fondo.
El proyecto de ley establece que el CTP administrará el fondo y podrá endeudarse por el monto que disponga. Para el procurador, la iniciativa es inconstitucional porque no se fijan los parámetros de endeudamiento y la Sala IV ha dicho que deben existir parámetros para que el Estado se endeude.
Por otra parte, Jurado les señaló a los diputados que, dentro de su potestad, tienen facultades para regular los servicios públicos y este intento de hacerlo no lo halla como irracional ni desproporcional.
"Si el legislador lo quiere calificar como servicio público está dentro de su potestad ", dijo Jurado, quien enfatizó que la Procuradoría no entra a valorar si la ley es conveniente o no.
También aclaró que sí es posible cobrar una tarifa diferenciada a las empresas que estén en operación.
Edwin Barboza, representante de los taxistas, también citado por los diputados, estuvo en desacuerdo con los argumentos del Procurador. Él indicó que una comisión de 3% para Uber es cualquier cosa.
A su vez, alegó que el Estado tiene la responsabilidad por ley de garantizar la sostenibilidad financiera de su gremio.
Sobre otras regulaciones que impone la iniciativa de ley, el diputado Enrique Sánchez le pidió al representante de los taxis señalar si está de acuerdo con un mayor control sobre la tenencia de las placas de taxi.
Barboza respondió que el “control de las placas de taxi es un cuento urbano, una situación mínima que se magnifica”.
