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El proyecto de ley que presentó el Gobierno para regular la operación de Uber en el país obligaría a la empresa a pagar miles de millones para quedarse; sin embargo, los usuarios y los choferes afiliados también tendrían que pagar más dinero por recibir y prestar el servicio. ¿Cuánto de más?
Para empezar, los usuarios pagarían un 13% adicional por el impuesto sobre el valor agregado (IVA). Es decir, desembolsarán ¢130 adicionales por cada ¢1.000 de viaje.
Así, por ejemplo, un viaje que hoy cueste ¢5.000 subiría a ¢5.650.
Los choferes, por su parte, tendría que incurrir en cinco gastos para seguir operando.
Primero, le tendrían que pagar al Gobierno ¢124.000 anuales ($200) por un canon de inscripción del vehículo y ¢21.500 ($35) por un código de conductor.
Dichos recursos irán al Consejo de Transporte Público (CTP), el cual los utilizará para financiar su operación habitual y la del Registro de Empresas de Plataformas de Transporte.
Además, para trabajar con Uber, tendrían que registrarse como trabajadores independientes ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y pagar la cuota mensual de su seguro.
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Odilíe Arias, directora de Inspección de la Caja, explicó que los trabajadores independientes deben contribuir de acuerdo con los ingresos que les quedan después de descontar los gastos. En su sitio web, la entidad especifica que los porcentajes de cotización oscilan entre el 10,5% y 18,5% de sus ingresos netos.
Por ejemplo, si los ingresos netos mensuales son de ¢600.000, el seguro costaría al menos ¢63.000 al mes.
Adicionalmente, a los choferes se les exigirá contar con pólizas de seguros con cobertura en caso de lesión o muerte, tanto personal como para terceros.
El Instituto Nacional de Seguros (INS) informó de que se encuentra analizando el tipo de seguros que podrían venderse a los prestadores del servicio de Uber. La aseguradora estatal, por el momento, no les ofrece cobertura, debido a que participan de una actividad no regulada.
En el caso de un vehículo particular, un seguro de responsabilidad civil para terceros puede costar unos ¢60.000 semestrales dependiendo del vehículo.
Los conductores también deberán registrarse como contribuyentes ante el Ministerio de Hacienda y pagar impuesto sobre la renta, el cual se cobrará según el ingreso que generen.
Para el 2019, estarán exentas las entradas netas de hasta ¢3,6 millones al año y, a partir de ahí, deberán pagar en una escala que va desde el 10% (sobre el exceso de ¢3,6 millones hasta ¢5,4 millones) hasta el 25% (sobre el exceso de ¢18 millones).
Por otra parte, para las Empresas de Plataformas de Transporte, el proyecto de ley dispone un cobro inicial por derecho de inscripción equivalente a 100 salarios base, que en valor presente son ¢44,6 millones.
No obstante, Uber tendría que pagar un monto significativamente mayor, por haber activado su operación antes de la entrada en vigor de la ley. La iniciativa plantea que, para el caso específico de esa empresa, el registro costaría 18.600 salarios base, equivalentes a ¢8.300 millones.
Las licencias de las compañías de transporte tendrían una vigencia de cuatro años. El precio de renovación sería de ¢22,3 millones.
A Uber y las demás empresas que eventualmente ingresen a competir también se les exigiría un canon del 3% sobre el precio final cobrado en cada servicio, con el cual se financiaría el Fondo Nacional de Movilidad, que administraría el Consejo de Transporte Público para subsidiar la renovación de la flota de taxis y darle asistencia social a los taxistas.
Otros recursos irían al Ministerio de Hacienda, el cual captará un impuesto sobre las remesas al exterior del 8,5% sobre el “monto total de las rentas o beneficios por concepto de servicios de transporte que hayan sido pagadas, acreditadas, transferidas, compensadas o puestas a disposición del beneficiario domiciliado en el exterior”.
Carlos Vargas, director general de Tributación, detalló que dicho impuesto se aplicaría sobre la porción del cobro de cada viaje que se deja la empresa.
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Así opinan los diputados sobre el proyecto:
Carlos Ricardo Benavides, PLN: “Creemos en la competencia”
Carlos Ricardo Benavides, jefe de la fracción liberacionista, dijo que su partido no ha evaluado la propuesta en conjunto y por lo tanto evitó adelantar su criterio.
“Puedo decir que nosotros creemos en la competencia y también creemos que el objetivo de todo proyecto de ley debe ser el ciudadano y el servicio al público, y en eso vamos a centrar la atención”, dijo Benavides.
Enrique Sánchez, PAC: "Hay excesivas las barreras de acceso”
El partido oficialista, Acción Ciudadana, fue el primero en señalar las debilidades que ven en la propuesta del proyecto. Enrique Sánchez, vocero de la fracción en este tema, celebró que el Ejecutivo abriera la discusión, pero aseguró que buscará eliminar la imposición de topes a la cantidad de vehículos que pueden operar a través de plataformas.
También anunció su oposición a que el CTP administre un fondo de ayudas a los taxistas, por considerar que ya hay instituciones encargadas de asumir esa función. Sánchez declaró, además, que considera que hay barreras “excesivas” de acceso al mercado, principalmente por los cánones a cobrar.
“No es si Uber puede o no pagar estas cantidades que se están asignando, sino porque esos montos me parece que cierran el mercado para cualquier otra alternativa nacional o internacional que quiera incorporarse al mercado del transporte por medio de plataformas”, señaló el oficialista.
Erwen Masís, PUSC: “Ese retroactivo es difícil de evidenciarlo”
El jefe de la Unidad Social Cristiana también destacó que el gobierno pusiera un tema polémico sobre la mesa, y aseguró que la propuesta del Fondo Nacional de Movilidad le parece positiva, pues les daría herramientas a los taxistas. No obstante, también señaló que el proyecto no integra a los operadores del Servicio Especial Estable de Taxi (Seetaxi), ni a los taxistas piratas.
Masís aseguró que también deben revisarse los montos de los cánones que establece el proyecto. “Aquí no se trata de desincentivar una actividad que ya de por sí está operando en el país”, manifestó.
El jefe socialcristiano, además, dijo que ve difícil que el Estado pueda cobrarle un monto extra a Uber por el tiempo de operación al margen de la ley: “el Estado no tiene control de cuántos vehículos hay, quiénes están afiliados, desde cuándo tributan, y si lo hacen todos los días o nada más unas horas a la semana. Es decir, esa pretensión se cae por sí sola”, afirmó Masís.
Jonathan Prendas, bloque de independientes: "Es una invitación a que la empresa salga del país”
El vocero del grupo de diputados independientes criticó que el gobierno pretenda cobrarle a Uber ¢8.300 millones de entrada. “Me parece muy inapropiado y es una invitación a que la empresa salga del país”, afirmó.
Prendas tildó de “extremos” los cánones para los choferes y calificó de “ilógica” la propuesta de ponerle tope al número de conductores que pueden operar. El legislador afirmó que las nuevas disposiciones implicarían un incremento en el costo de los viajes para los usuarios y criticó que el texto propuesto es, en su opinión, muy tradicional.
Aseguró que antes de practicarle una “cirugía mayor” a la propuesta, preferiría trabajar en un proyecto de ley distinto.
Carlos Avendaño, Restauración Nacional: “Hemos encontrado cosas realmente desproporcionadas”
El jefe de fracción de Restauración también considera que el proyecto propone “cobros desmedidos e inclusive confiscatorios”, con respecto a los que pesan sobre los taxistas, en detrimento de las posibilidades de trabajo de quienes ven a Uber como una opción de conseguir ingresos.
“Lo que está creando es unos ciudadanos de primera clase que tienen estas normas, y estos ciudadanos que tienen estas normas desproporcionadas. Los taxis que operan en la legalidad se convierten en un parámetro”, dijo Avendaño.
El líder de la bancada restauracionista dijo que no ha encontrado ninguna viabilidad en la propuesta del gobierno, y aseguró que lo mejor sería que una nueva propuesta surja de otra fuerza política.
Walter Muñoz, PIN: “El tema de los montos podría discutirse”
El jefe de Integración Nacional dijo que su fracción podría apoyar la iniciativa siempre y cuando contemple a todas las plataformas que puedan ingresar al país, y abogó por que la modificación se enmarque en una valoración integral del transporte público.
Muñoz dijo que los cánones definidos por el Ejecutivo podrían someterse a discusión y analizarlos desde el punto de vista de los conductores, así como de los usuarios.
José María Villalta, Frente Amplio: “Es débil y deficiente en todo lo que se relaciona con el respeto a los derechos laborales”
José María Villalta considera que el proyecto deja desprotegidos los derechos laborales de los conductores, y criticó que la apuesta del proyecto sea por que los choferes se aseguren como trabajadores independientes, en vez de obligar a Uber a pagar cargas sociales.
“No operan con libertad, operan sometidos a las reglas y regulaciones de la empresa, de la aplicación, tienen que cobrar la tarifa que cobra la aplicación, llevar los clientes que dice la aplicación, seguir las reglas de la aplicación”, señaló el frenteamplista.
Villalta también manifestó dudas sobre la utilidad del Fondo, por considerar que no servirá de nada pues, incluso con un vehículo nuevo, un taxista está sometido a mayores restricciones para competir que Uber. En su opinión, lo primero que debe determinarse es si Uber y los taxis pueden coexistir.
