El gobierno de Carlos Alvarado Quesada presentó este martes un proyecto de ley para permitir la coexistencia de los taxis junto a las plataformas de transporte como Uber.
El texto introduce medidas para ambos sectores.
Por ejemplo, Uber tendría que pagar ¢8.300 millones de inscripción por haber operado antes de que el Congreso regulara la actividad y, con ese dinero, se crearía un fondo público que promovería la renovación de la flota de taxis subvencionándoles a los taxistas a un 15% del valor de los vehículos.
Ese fondo también se alimentaría de un cobro adicional del 3% sobre cada viaje de una Empresa de Plataforma de Transporte (EPT) y las sanciones que se les impongan.
A su vez, los usuarios de Uber y demás EPT tendrían que pagar el 13% de impuesto sobre el valor agregado (IVA) por los servicios.
Las EPT que entren, tras la promulgación de la ley, pagarían ¢44,6 millones por registrarse y ¢22,3 millones por renovar sus permisos.
Los choferes de Uber, a su vez, tendrán que registrarse ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) como trabajadores independientes.
En cuanto a los taxistas, estos seguirían pagando los cánones de regulación, pero se les obliga a sustituir las “marías” por aplicaciones tecnológicas que los conecten con los usuarios.
Además, las tarifas que fija la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) serían máximas, de manera que se autoriza a los choferes a negociar el precio con los usuarios.
Actualmente, los precios de Uber son menores a los de los taxistas en ciertas condiciones.
“Como Gobierno, tenemos la responsabilidad de trabajar incansablemente para asegurar el bienestar de todas las personas. Hoy damos un paso adelante en esa ruta, presentando el proyecto de ley que regula las plataformas digitales de transporte, como Uber”, indicó el mandatario Alvarado desde su cuenta en Facebook.
El político agregó en su mensaje que el compromiso de su administración es "avanzar hacia un sistema de transporte público en el que los taxis y las empresas que trabajan mediante plataformas tecnológicas, coexistan en condiciones de competencia justa".
Según Alvarado, la finalidad es que se asegure el bienestar de los usuarios, la seguridad social de los conductores y el aporte de las cargas tributarias que les corresponden.
El anuncio llegó la tarde de este martes cuando el viceministro de Presidencia, Agustín Castro Solano, también hizo ante la Secretaría del Directorio en la Asamblea Legislativa de ese proyecto de ley.
La propuesta de ley es la número 21.228 titulada “Proyecto de Reforma al Sistema de Transporte Remunerado de Personas y Regulación de las Empresas de Plataformas Tecnológicas de Transportes”.
Con la entrega del proyecto ante el Congreso, el Gobierno también lo convocó para que inicie su trámite legislativo.
La previsión es que en próximos días la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, le asigne una comisión legislativa para su correspondiente revisión.
El proyecto declara como servicio público el transporte remunerado de personas desde una empresa de Plataforma de Transporte desde aplicación móvil.
Además, el proyecto crearía el llamado Registro de Empresas de Plataforma de Transporte, donde estas empresas deberán registrarse para operar legalmente en el país.
Allí se les requiere presentar la certificación de personería jurídica de la EPT y la lista de conductores acreditados por la empresa para utilizar la plataforma tecnológica, entre otras disposiciones.
La propuesta del Gobierno establece como requisitos para estas crear y mantener actualizada la información de los conductores y vehículos acreditados, diseñar y otorgar el incentivo que deben utilizar los vehículos acreditados cuando ofrezcan un servicio y generar a cada conductor un perfil o identificación digital que pruebe su inscripción.
El pasado mes de noviembre, en entrevista exclusiva con este diario, el presidente ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, aseguró que la competencia “mejora el mercado, nos mejora a nosotros como compañía y, al final, fuerza a los taxis a ser mejores también. Creemos en un campo de juego nivelado para todos los jugadores”.
Sus declaraciones entonces respondían a la consulta de que una de las principales críticas contra Uber proviene de los taxistas para quienes la empresa es competencia desleal al no tener las mismas cargas económicas que ellos. Impuestos, por ejemplo.
“Como sabemos, el tema de las plataformas tecnológicas es uno que se generaliza en todo el mundo. El proyecto busca de una forma más justa y equitativa regular las realidades que han creado esas nuevas tecnologías”, indicó el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata.
Por su parte, voceros de Uber en la región aseguraron que revisarán “con atención la propuesta que proviene de las mesas de diálogo del MOPT con un grupo de interés del sector taxista, esperando que contenga un marco de regulación moderno, innovador, inclusivo y diferenciado”.
“En virtud de que no se nos ha permitido participar de manera activa en la construcción de esta iniciativa que se presenta hoy, nos ponemos a las órdenes de la Asamblea Legislativa para contribuir”, aseguró Andrés Echandi, Gerente General de Uber Centroamérica.
Por su parte, Rubén Vargas, vocero de los taxistas se declaró “preocupado” por la propuesta oficial.
“Me preocupa este tipo de proyectos copiando legislación mexicana, proyectos viejos que hay de movibilidad colaborativa y algo de política de Casa Presidencia”, indicó Vargas quien considera que el plan de ley no da igualdad de condiciones.
Para el vocero, el plan muestra “la maldad del Gobierno” porque, aseguró, la iniciativa “quiere arruinar a un gremio de taxistas. Esto tiene más cuento que Heidi y no lo vamos a aceptar”, enfatizó.
