El Ministerio de Hacienda confirmó que, en ‘reiteradas ocasiones’, le ha solicitado a la empresa de transporte no regulado Uber su lista de choferes en Costa Rica y esta se ha negado a ceder los nombres de sus 22.000 colaboradores.
“Mediante diferentes acciones de control, la Administración Tributaria ha realizado varios requerimientos de información a esta empresa, con el objetivo de verificar su cumplimiento tributario por las actividades lucrativas que desarrolla en el país. A la fecha, la Dirección General de Tributación no ha recibido en su totalidad la información requerida”, indicó el área de prensa del ministerio.
Esa cartera indicó que, cuando una empresa realiza una actividad lucrativa en el país y envía ganancias al exterior, dicha actividad requiere el pago de un impuesto.
De esta manera, Hacienda procura familiarizarse con la dinámica comercial de Uber, su estructura tarifaria e identificar a los choferes que conforman la red de servicios, candidatos a tributar.
Conforme el artículo 59 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el artículo 27C de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la actividad de transporte de los conductores de Uber debe pagar impuesto de renta.
La Nación consultó este viernes a Uber qué razones median para no suministrar ese listado a Hacienda. Uber declinó responder esa consulta.
También se consultó a Uber si acaso no es contradictorio pedirle al Gobierno un espacio de diálogo y participación, mientras se niegan datos pedidos por esa misma autoridad en la ruta hacia una regulación del servicio. La empresa tampoco respondió.
Uber se lanzó en Costa Rica el 21 de agosto del 2015 y, actualmente, asegura tener cobertura en toda la Gran Área Metropolitana, con más de 783.000 usuarios y 22.000 colaboradores entre servicios de transporte y Uber Eats.
Andrés Echandi, gerente de Uber para Centroamérica, sí confirmó que con la aprobación de la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, su compañía ya estudia esa ley para cumplir con todas las obligaciones impuestas en la normativa a partir de julio de este año.
Esta semana, el Gobierno presentó un proyecto de ley para permitir la coexistencia de los taxis junto a las plataformas de transporte como Uber. Entre otras obligaciones, Uber habría de pagar ¢8.300 millones de inscripción por haber operado antes de que el Congreso regulara la actividad.
Además, rentas o beneficios provenientes de su actividad pagarían 8,5% de impuesto sobre remesas al exterior (renta).
Consultado de cómo planea Uber compensar el efecto de tributos sobre su actividad, Echandi aseguró que para los gobiernos “es muy difícil adelantar la legislación al uso de la tecnología, porque la innovación siempre viene por delante de las regulaciones”.
Hasta hoy, Echandi ha manifestado que sus choferes tendrían que pagar hasta $235 al año de aprobarse la propuesta del Gobierno con las nuevas disposiciones tributarias. La empresa tampoco se ha referido a la posibilidad de subvencionarlos.
Desempeño económico
A inicios de noviembre, Uber reportó sus entre sus resultados financieros del tercer trimestre del 2018 reservas brutas por $12.700 millones (34% más que en mismo período del 2017), ingresos netos por $2.950 millones (38% más que el resultado del año anterior) y una pérdida neta de $1.007 millones (27% menos) a nivel global.
Como empresa privada, Uber no está obligada a revelar sus resultados financieros, aunque sí divulga un estado de resultados general que, no obstante, sí omite algunos como el crecimiento de usuarios.
Uber también asegura que, al cierre del 2017, disponía en efectivo de unos $6.000 millones; una cifra de interés de cara a su eventual llegada a la bolsa de valores en próximos meses.
El 7 de diciembre, confirmaron medios de prensa, la empresa formalizó el papeleo correspondiente para ese salto ante la Comisión de Bolsa y Valores del Gobierno de Estados Unidos.
Empresas privadas que salen a bolsa de valores suelen tomar esta decisión como parte de una estrategia para recaudar capital con la esperanza de expandirse.
Cumplidos los requisitos de ley, el proceso también contempla acudir a un banco de inversión donde la empresa interesada formaliza ciertas decisiones como, por ejemplo, el número y precio de las acciones que se emitirán para transarse en el mercado bursátil.