• Las rentas o beneficios provenientes de la actividad estarían sujetos al cobro del impuesto sobre el valor agregado (IVA), de un 13%, así como al impuesto sobre remesas al exterior (8,5%). 
• En el caso de las EPT que han operado de previo a la vigencia de la ley, como Uber, tendrán que pagar ¢8.299 millones (18.600 salarios base del Poder Judicial) por registrarse ante el Estado. 
• Las EPT que ingresen al mercado tras la vigencia de la ley pagarían ¢44,6 millones  por (100 salarios base) y ¢22,3 millones al renovar la inscripción (50 salarios base).
• Se cobraría un 3% adicional sobre cada servicio para financiar un fondo para modernizar el transporte público.
• Todos los choferes tendría que inscribirse como trabajadores independientes ante la CCSS.
• Todas las EPT serían declaradas como un servicio público, pero no estarán sujetas a la regulación tarifaria de Aresep.
• Deberán inscribirse en el Consejo del Transporte Público (CTP) para poder operar legalmente.  
• Deberán emitir políticas y procedimientos estandarizados para fomentar la seguridad de los usuarios, así como evitar el acoso sexual y la discriminación. También, deben garantizar el cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad (Ley N° 7600).

Medidas para taxis rojos

• Se crearía un Fondo Nacional de Movilidad administrado por el Consejo de Transporte Público (CTP), el cual se financiaría de tres fuentes: el pago de derecho de inscripción de las EPT en el Registro del CTP; un aporte del 3% sobre el precio final cobrado en cada servicio de un conductor de EPT y las sanciones administrativas a las ETP. 
• El CTP utilizará el fondo para la modernización del transporte público. Durante los primeros 8 años, se utilizará para la modernización de la flota de taxis. 
• El CTP destinaría hasta un 80% de estos recursos para subvencionar el pago de la prima de adquisición de vehículo nuevo. Vía reglamento, se establecerán los parámetros de distribución según tipo de tecnología del vehículo y el monto por prima. El monto máximo que se podrá facilitar como subvención será hasta el equivalente al 15% del valor del vehículo exonerado.  
• La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) establecería una tarifa máxima que contemple el primer kilómetro más el recorrido adicional, quedando autorizados los conductores a transar un precio menor con el usuario. Este deberá ser indicado si hay acuerdo entre el conductor y el usuario, antes de iniciar el servicio. 
• Autoriza a la Aresep para implementar una aplicación tecnológica para los taxistas que sustituya el taxímetro tradicional (“marías”) por uno virtual que facilite la competencia en procura de mejorar la calidad del servicio que reciben los usuarios.  
• Elimina de la junta directiva del CTP la representación de los autobuseros y de los taxistas.