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Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la República, detalló omisiones en el plan de ley con el cual el Gobierno pretende regular plataformas tecnológicas como Uber.
Por ejemplo, que la iniciativa no considera al usuario y, cuando lo hace, lo pone a costear un fondo para modernizar taxis sin fundamento técnico o jurídico.
Acosta así lo explicó este martes ante diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa quienes le pidieron, en lo que compete a la Contraloría , un análisis del proyecto Reforma al sistema de transporte remunerado de personas y regulación de las empresas de plataformas tecnológicas de transporte (Expediente 21.228).
Acosta necesitó menos de 12 minutos de exposición para explicar los problemas.
En primer lugar, si bien el proyecto del Gobierno establece obligaciones para los prestadores del servicio y las plataformas tecnológicas, no se indica, de manera suficiente, cuáles posibilidades tiene el usuario para recurrir ante alguna instancia administrativa a hacer valer sus derechos.
Tampoco precisa cómo podría este incidir en la calidad de los servicios, efectuar reclamos o presentar denuncias; “por lo cual resulta aconsejable que este aspecto sea consultado a las instancias correspondientes con competencia en la defensa de los derechos de esos usuarios”, explicó Acosta.
El otro aspecto que criticó es la creación del llamado Fondo Nacional de Movilidad que administraría el Consejo de Transporte Público (CTP).
Este fondo, dice el proyecto que presentó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se financiaría de tres fuentes: el pago de derecho de un inscripción de las Empresas de Plataforma de Transporte (EPT); un aporte del 3% sobre el precio final cobrado en cada servicio de un conductor de EPT y las sanciones administrativas a las ETP.
Se supone que el CTP utilizará el fondo para la modernización del transporte público y en los primeros 8 años, para cambiar la flota de taxis. Para ello, el CTP destinaría 80% de los recursos para subvencionar el pago de la prima de adquisición de vehículo nuevo.
La contralora aseguró que, tal y como está el proyecto, se recarga en el usuario el pago de los aportes al fondo que, de además, no está bien justificado.
Acosta explicó que la iniciativa de ley omite “la necesaria definición” de lo que dicha modernización contemple, sus alcances, los proyectos que involucra y a partir de eso determinar las fuentes y estimaciones económicas que lo sustenten.
Todo esto, agregó la jerarca, no aparece señalado ni referenciado en la motivación ni en el articulado del proyecto de ley.
“En este orden de ideas resulta necesario que rubros que nutren ese fondo, tales como los requeridos para la inscripción de la EPT, el canon anual por parte de los vehículos o por los conductores acreditados y las multas, cuenten con la fundamentación técnica y jurídica suficiente”, comentó Acosta.
También reclama la falta de una necesaria fundamentación de los diferentes rubros impuestos a los operadores; así como de las exoneraciones y beneficios otorgados por la ley, “a fin de que se tengan elementos claros para su determinación justificada, equilibrada y con la menor afectación al erario público”.
La contralora cerró su análisis con una reflexión: la legislación que merece y necesita el país para modernizar su transporte público requieren una visión integral del sistema de transporte.
Para ella, el plan de ley expone una visión fragmentada de esa meta.
“La visión bajo el principio de integralidad del transporte permitirá contar con los fundamentos para proponer una normativa adecuada y útil, que regule el o los modelos que permitan contar con servicios públicos de transporte acordes con la realidad del país y con garantía de servicio de calidad y accesible a los usuarios”, concluyó.
Los hallazgos de Acosta contrastan con los objetivos que el Gobierno se propuso cuando envió el plan de ley al Congreso el 22 de enero anterior.
“Como Gobierno, tenemos la responsabilidad de trabajar incansablemente para asegurar el bienestar de todas las personas. Hoy damos un paso adelante en esa ruta, presentando el proyecto de ley que regula las plataformas digitales de transporte, como Uber”, indicó el mandatario Carlos Alvarado desde su cuenta en Facebook.
El político agregó en su mensaje que el compromiso de su administración es "avanzar hacia un sistema de transporte público en el que los taxis y las empresas que trabajan mediante plataformas tecnológicas, coexistan en condiciones de competencia justa".
Según Alvarado, la finalidad es que se asegure el bienestar de los usuarios, la seguridad social de los conductores y el aporte de las cargas tributarias que les corresponden.
