Tras el encuentro, Juan Alfaro, viceministro de la Presidencia para asuntos políticos y diálogo ciudadano, adelantó que el Ejecutivo se comprometió a impulsar en el Congreso, a partir de este miércoles, un proyecto que contenga una compensación al gremio y a “las condiciones de las familias”.

"Lo cierto del caso es que el Gobierno de la República tiene la intención de que la legislación, cuando sea una realidad, tenga ese elemento que por la vía legal permita generar un aspecto que se entienda como una compensación.

“Hay que entender que el gremio de los taxistas responde a una concesión que ha sido otorgada por el Estado y, en vista de que habría un cambio en la normativa, buscaríamos que sea a través de ese marco legal que se genere ese aspecto compensatorio”, explicó Alfaro.

Aunque Alfaro no especificó cómo se daría esa indemnización y de dónde saldrían los fondos, mencionó que el actual proyecto de ley que se discute en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, plantea algunas alternativas.

“Habla de multas, habla de inscripción, habla de porcentajes, habla de diferentes figuras. El texto está ahí, y sobre esas figuras ha recibido también recomendaciones y observaciones”, mencionó.

Dicho texto, presentado en la corriente legislativa en enero anterior por la administración de Carlos Alvarado, permitiría la coexistencia entre taxis y plataformas digitales de transportes como Uber.

La propuesta contempla exigirle un pago por inscripción de ¢8.300 millones a plataformas que hayan entrado a operar antes de que el proyecto se convierta en ley. Tal es el caso de Uber, la cual tiene cuatro años de funcionar en el país.

Con ese dinero, se crearía un fondo público que permitiría la renovación de la flota de taxis a través de la subvención del 15% del costo del vehículo.

Además, el fondo se alimentaría del cobro adicional del 3% por cada viaje que una plataforma realice, así como de las sanciones que se le impongan.

De igual forma, el texto contempla que una plataforma que entre a operar, una vez promulgada la legislación, deberá pagar ¢44,6 millones para registrarse y ¢22,3 millones por renovar permisos.

Cambio de texto

Por su parte, el diputado liberacionista Roberto Thompson, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, aseguró que los integrantes ese foro redactan un texto que sustituiría la propuesta original presentada por el Gobierno.

Sin embargo, luego de conocer el acuerdo del Ejecutivo con los taxistas, el verdiblanco explicó que lo correspondiente sería que la Casa Presidencial remita a la comisión un nuevo texto que acoja el compromiso asumido con los taxistas.

“Ese texto debería ir conforme a lo acordado el día de hoy”, añadió Thompson, quien señaló que el Ejecutivo no le consultó sobre el acuerdo con el gremio de taxis.

Representantes de ese sector fueron recibidos este martes en Zapote, luego de que los taxis aplicaran tortuguismo en diferentes vías del país, como medida para exigir la regulación de la plataforma Uber.

Según el viceministro Alfaro, el Gobierno coincide con los taxistas en la urgencia de que el país regule plataformas de transportes mediante una ley que genere “equilibrio en el mercado de transporte”.

Por consiguiente, adelantó que el Ejecutivo se comprometió a que el jerarca de la Presidencia, Víctor Morales Mora, acuda este miércoles, en compañía con representantes del gremio, a la comisión que tramita el proyecto para conocer sobre el estado del mismo.

Ese encuentro se daría a partir de la 1 p. m., según Alfaro. No obstante, Thompson afirmó que no ha sido convocado a la cita.

En tanto, Gilbert Ureña, presidente del Foro Nacional de Taxistas, anunció el levantamiento temporal de la protesta, en vista del compromiso del Ejecutivo y, también, a la espera de lo que surja en el supuesto encuentro de mañana en la comisión legislativa.