Infraestructura

MOPT condiciona ampliación de contrato de ruta 32 a resolver conflictos con CHEC

Gobierno y empresa aún tienen diferencias sobre expropiaciones, arreglo de puentes, pasos de fauna y construcción de muros

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes condiciona la extensión del contrato para ampliar la ruta 32 a que se solucione una larga lista de discrepancias que tiene con la empresa constructora responsable del proyecto, China Engineering Company (CHEC).

Las diferencias incluyen la construcción de pasos de fauna, la rehabilitación de los puentes existentes y más recientemente también la construcción de muros frente algunos terrenos, para evitar tener que expropiar dichos predios y así agilizar las obras. En todos los casos, la constructora alega que dichos trabajos no forman parte del alcance del proyecto que les corresponde ejecutar según el contrato.

Además, la Administración sigue sin estar satisfecha con el avance de la obra, pues según el último reporte de la supervisora ( publicado a inicios de noviembre) era de un 48%, lo que representa un 41% menos de lo programado para esa fecha.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, aseguró que la condición de allanar las discrepancias antes de encargar nuevas obras a CHEC, proviene de la misma Administración y no del banco chino Eximbank, que sería el que pondría los más de $100 millones que hacen falta para terminar el proyecto.

“El contrato original obedeció a un principio de cooperación para buscar el fortalecimiento entre dos países amigos y entonces tenía el contrato muchas lagunas y eso es una historia que no se puede repetir (...) la mayor condición es de parte nuestra, no podemos avanzar si no hay solución a las discrepancias porque las obras adicionales que buscamos adendar tienen que tener diseño, tienen que estar muy definidas para que pueda haber un estudio de costos, de manera que la rigurosidad parte de nosotros”, explicó el jerarca.

Según Méndez Mata, meses atrás habían estado sosteniendo reuniones con los representantes de CHEC a fin de lograr un acuerdo sobre las diferencias mencionadas, pero las mismas se suspendieron sin que se llegara a una solución, por lo que ahora la empresa está pidiendo que vuelvan a sentarse a la mesa para retomar las discusiones a partir de enero.

El jerarca negó que las conversaciones quedaran en un punto muerto, porque existe interés de la empresa de continuar con las obras, sin embargo insistió en que además ahora deben definir las obras que se incluirán en la adenda, para lo cual incluso se hizo una nueva ronda con comunidades y municipios, por lo que estas nuevas solicitudes tendrán que someterse a valoración.

“Además otro aspecto que sí es muy importante es el avance de la obra, seguimos presionando porque no tiene el ritmo que requerimos que tenga (...) yo creo que un proyecto que nació con un propósito de unir lazos entre dos países no debe correr el riesgo de no tener una continuidad satisfactoria”, aseguró el ministro quien dijo que para firmar la adenda la Administración tiene que estar satisfecha con el avance.

La intención del Gobierno es que la adenda necesaria para completar los trabajos quede al menos con el financiamiento asegurado antes de que finalice este Gobierno.

Actualmente CHEC tiene como plazo vigente para entregar la obra principal hasta mayo del 2022.

Sin embargo, de firmarse la adenda, la constructora tendría hasta dos años y $100 millones adicionales, para completar la ampliación 107 km entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón, así como las obras complementarias que quedaron fuera del contrato vigente.

La ampliación del contrato, además, le daría al MOPT el tiempo que requiere para cumplir con los trámites de expropiación de terrenos que a la fecha enfrentan importantes atrasos. Esta situación ha sido señalada por la empresa que insiste en la necesidad de contar con los predios necesarios para avanzar.

De acuerdo con la supervisora, hasta octubre la empresa contaba con espacio para trabajar en 227 de los 488 terrenos requeridos.

Adicional al tema de las expropiaciones y el lento avance, las diferencias que han persistido desde el inicio de los trabajos incluyeron molestias de parte del MOPT por el retiro de maquinaria, solicitudes de días compensables por errores en diseños y dificultades en la obtención de permisos ambientales.

Incluso, en algún momento las partes confirmaron la intención de acudir a un arbitraje para resolver las diferencias de criterio en relación al contrato, por ejemplo para determinar de quien es la responsabilidad de construir los pasos de fauna o si los puentes existentes debían rehabilitarse o reconstruirse.

Además de la ampliación de 107 km de carretera, el proyecto integral incluye la construcción de 36 nuevos puentes, 13 pasos a desnivel, 11 retornos, 24 puentes peatonales y cinco intersecciones en los intercambios a Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y en el ingreso a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

Estas obras son financiadas con un crédito con el Eximbank por $396 millones y una contrapartida estatal de $69 millones.

En tanto, las obras complementarias contemplan calles marginales, ciclovías, pasos peatonales, aceras y accesos a los barrios que van a quedar a los lados de la carretera.

Los recursos de la adenda también serían utilizados para solventar deficiencias. Por ejemplo, los defectos señalados por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) en obras para drenar la cantidad de lluvia que cae en tramos de la vía.

Patricia Recio

Patricia Recio

Bachiller en Periodismo de la Universidad Internacional de las Américas. Escribe sobre temas de sociedad y servicios.