Infraestructura

Construcción de pasos de fauna en ruta 32 desata nuevo conflicto entre Conavi y constructora china

Sala Constitucional le ordenó al Consejo Nacional de Vialidad habilitar los corredores para animales en la vía a Limón mientras resuelve disputa con CHEC; entidad alega carecer de recursos y pedirá más tiempo para cumplir

Una nueva diferencia enfrenta a las autoridades del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y la constructora a cargo de la ampliación de los 107 km de la ruta 32, entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón.

Se trata de los pasos de fauna, es decir, los corredores para proteger animales de atropellos, cuando pasan de un lado a otro de la carretera.

Un fallo de la Sala Constitucional del 22 de enero ordena al Conavi completar, en tres meses, la habilitación de esos pasos en aquellos tramos que ya fueron intervenidos por la constructora. Además, debe diseñar un plan para la instalación de estos elementos en las zonas que serán intervenidas en los próximos meses por la firma china.

¿Qué ocurrió?

Esa fue la decisión al resolver un recurso de amparo presentado por el abogado Walter Brenes Soto, cuyos alegatos, según los magistrados, evidenciaron que el Conavi incumplió las obligaciones adquiridas tras recibir la viabilidad ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), en la que se contemplaba la construcción de 51 pasos de fauna.

En su defensa, el Conavi alegó tres razones por las cuales no ha cumplido ese compromiso:

1.Que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados debía girar recursos que serían utilizados para esa labor.

2. Que existe un conflicto con CHEC en torno a cuál de las dos partes tiene la obligación de construir los pasos, si la empresa o el Estado.

3. Que no existe legislación ni normativa específica que obligue a la inclusión de esos elementos.

Para el tribunal constitucional, los argumentos “no son de recibo”.

Disputa con CHEC

Al igual que con el tema de la rehabilitación de los puentes existentes, la constructora China Harbour Engineering Company (CHEC), alega que la construcción de esos pasos no están incluidos en los alcances del proyecto que se cotizó al inicio.

Por su parte, el Conavi insiste que el proyecto fue pactado a “suma alzada” y por dicho concepto la empresa contratista debe en principio ejecutar todas las obras correspondientes a este.

Ante esos alegatos, la Sala advirtió en su resolución de que “si existe un conflicto entre el Conavi y China Harbour Engineering Company (CHEC), eso es un conflicto que debe ser discutido en la vía ordinaria (administrativa o jurisdiccional), pero sin que ello conlleve una justificación de la falta de ejecución de obras correspondientes a los pasos de fauna.

“De tal forma, para fines de este proceso, deberá Conavi realizar las obras correspondientes, sin perjuicio que esa institución realice el cobro correspondiente a la empresa contratada para las obras, en caso de que en la vía común se determine que es responsabilidad de esta la construcción de los pasos de fauna”.

El director de ese Consejo, Mario Rodríguez explicó, ante consultas de La Nación, que las controversias con la firma asiática están siendo manejadas en mesas de negociación, a fin de llegar a acuerdos que les eviten tener que ir a un arbitraje internacional.

Según dijo, en esas mesas se están discutiendo “dos temas medulares”: la rehabilitación de los puentes y los pasos de fauna.

“Si no tenemos acuerdos en las mesas de negociación en las que estamos, es que tendríamos que ir a los procesos de arbitraje”, adelantó.

En tanto, la vocera de la empresa china, Teresa Wu, contestó ante la consulta de La Nación, sobre la responsabilidad de construir estos elementos que este tema surgió luego de la firma del contrato.

“Es decir, no estuvieron contemplados previamente en el acuerdo. Los pasos de fauna están relacionados con el estudio de impacto ambiental contratado por CHEC.

“Como se desprende de la sentencia de la Sala Constitucional sobre los pasos de fauna, no existe norma que obligue a CHEC a asumir su realización y tampoco la inversión económica en ellos”, añadió.

Según dijo, la firma empezó a construir parte de estos pasos con sus propios fondos, para no afectar el avance del proyecto “teniendo en cuenta la importancia del tema ambiental para el país”.

“Dado que esa inversión en el tema ambiental no fue contemplada por el país, CHEC confía en la vía costarricense para resolver diferencias: el diálogo, un diálogo sincero, eficaz y urgente en este caso con las instituciones costarricenses en aras de evitar poner en riesgo el equilibrio financiero de todo el proyecto”, concluyó.

Esta diferencia, se suma a una larga lista que han enfrentado a la Administración y la empresa constructora.

Entre estas se encuentran el mencionado tema los puentes, los atrasos en la ejecución del proyecto, así como reclamos por parte de la firma china por la lentitud de los procesos expropiatorios.

La obra, que recibió orden de inicio en noviembre del 2017, sin que se contara con diseños definitivos, permisos y otros requisitos de preingeniería, tiene a la fecha menos del 40% de avance y debería estar lista antes de terminar este año, según las promesas de la constructora y la expectativa del Gobierno.

Actualmente, la Unidad Ejecutora debe resolver una solicitud de prórroga presentada por la empresa.

Posibles soluciones.

Sin embargo, ante el plazo concedido por los magistrados para atender el tema de los corredores para los animales silvestres, el Conavi maneja otras opciones.

“Primero tenemos que seguir con CHEC viendo que asuma lo que está en el contrato que ellos deben hacer, la Sala dice ‘si no resuelve con CHEC, no me cuente historias, resuelva usted’”, expresó Rodríguez.

Asimismo, prepara una solicitud a los magistrados de más tiempo para ejecutar el mandato.

También trabajan en una solución que consistiría en readecuar alcantarillas para que funcionen como pasos inferiores, pero para esto deben ajustarse a los criterios del Ministerio Nacional de Ambiente y Energía (Minae).

El funcionario agregó que el segundo punto a considerar tiene que ver con un tema de recursos.

“Conavi en este momento no es una organización que disponga de recursos, en los dos últimos años el presupuesto se ha reducido porque como país hemos reducido los recursos que tenemos para infraestructura y Conavi no ha sido la excepción. Estamos en una situación más difícil como país (...) queremos solicitarle a los señores magistrados que contemplen esta situación que nos permitan ampliar el plazo para poder hacer algo consistente”, añadió.

De acuerdo con Rodríguez para responder a la solicitud de la Sala tendrían que plantear al Estado la situación, para que se les autorice contar con un presupuesto para cumplir la sentencia.

“Si vamos a recuperar después vía litigio (en caso de que se determine que sí correspondía a CHEC ejecutarlos) los recursos, el Estado va a tener que dotar al Conavi de esos recursos (momentáneamente)”, agregó.

Otro de los escenarios que también fue subrayado en la resolución del Tribunal, es que el Conavi buscaba que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, le pagara $9 millones que, según indican el Conavi, invirtió en el traslado de tuberías como parte de la reubicación de servicios. El dinero se usaría para los pasos de fauna.

Empero, en la misma sentencia se indicó que la posición del AyA, externada por la entonces presidenta de esa entidad, Yamileth Astorga, es que el Instituto no contaba con los recursos presupuestarios para financiar la reubicación de las tuberías.

“Dichos costos no se han incluido en ninguna fijación de tarifas aprobadas por la Aresep (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos), por lo que no podremos cubrir los costos de la reubicación”, alegó Astorga en ese momento.

Añadió que esa institución “no asumió compromisos de pago con el Conavi respecto a la localización de los servicios públicos ni a la financiación de las obras de protección para la fauna silvestre en la ruta 32″.

El director del Conavi aseguró que no cree probable que vayan a entrar en una discusión sobre ese tema con Acueductos, pues al final, dijo, son fondos del Estado, independientemente a nombre de quién sean girados para cubrir una necesidad de un servicio público.

“Esperamos que Acueductos comprenda que hicimos un trabajo que le corresponde hacer a ellos. Esos traslados son mejoras sustanciales que ha habido que hacer en los acueductos locales, es una responsabilidad de Acueductos; nosotros lo tuvimos que hacer porque estaban en los derechos de vía del MOPT

“Cuando cualquier instancia utiliza los derechos de vía de carretera del Estado, la ley establece que es responsabilidad de esas instituciones desplazar los servicios públicos en caso de que el MOPT y el Conavi deban utilizar los espacios que ellos están usando”, sostuvo .

Patricia Recio

Patricia Recio

Bachiller en Periodismo de la Universidad Internacional de las Américas. Escribe sobre temas de sociedad y servicios.

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