A menos de un año de la conclusión del proyecto, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) solo ha tomado posesión de 83 de los 523 terrenos necesarios para la ampliación de la carretera entre el cruce a Río Frío y el centro de Limón.
Es decir: solo están expropiadas el 16% de las fincas y faltan 440 por concretar, lo que complica el panorama para que la ampliación de los 107 kilómetros esté concluida para final de año, de acuerdo con la prórroga solicitada por la empresa CHEC y que todavía está en análisis por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), dependencia del MOPT.
El último plazo aprobado era marzo, imposible de cumplir.
Kenneth Solano, director de la Unidad Ejecutora del proyecto de la ruta 32, confirmó que la constructora China Harbour Engineering Company (CHEC) ya presentó una gestión de traslado de la fecha de finalización, debido a eventos compensables.
Sin detallar la cantidad de días adicionales que pidió, dijo que la solicitud será resuelta antes de marzo.
Por su parte, la empresa declinó precisar en qué se fundamenta para tramitar la ampliación del plazo.
Lo cierto es que las expropiaciones son una de las muchas complicaciones que ha enfrentado esta obra, cuya orden de inicio se dio en noviembre de 2017.
De acuerdo con Solano, entre esos terrenos que faltan hay un grupo con entrada en posesión voluntaria. Son aquellos en los que los propietarios autorizan que la empresa avance con los trabajos pero aún no están oficialmente a nombre del Estado.
El funcionario de Conavi dijo que trabajan con un cronograma de expropiaciones sobre el cual se analiza cada uno de los casos pendientes, a fin de determinar la afectación que puede tener con relación a la fecha prevista de finalización del proyecto y, de ser necesario, aplicar una solución interna.
No obstante, advirtió que todavía realizan ajustes a los diseños definitivos, en un intento de reducir el número de propiedades requeridas.
Precisamente, todos esas modificaciones en proceso son uno de los reproches de la empresa CHEC al Estado, aunque asegura que la coordinación ha mejorado en los últimos meses, tras muchos desencuentros.
“Las expropiaciones y los cambios en el diseño de las obras dificultaron por mucho tiempo el avance satisfactorio del proyecto. Sin embargo, en los últimos meses, CHEC y las autoridades estatales han mantenido una comunicación oportuna que ha permitido una mejora significativa en este tema”, respondió la firma asiática a consultas de La Nación.
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Según datos de la Unidad Ejecutora, al 15 de diciembre la carretera presentaba un avance del 37%.
El proyecto de ampliación representa una inversión de $465 millones, de los cuales $396 millones son financiados por el Eximbank de China y $69 millones corresponden a una contrapartida nacional.
La queja
La queja por las expropiaciones fue planteada por el gerente del proyecto de la empresa, Zhou Jingxiong, en setiembre, cuando compareció ante la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa.
En ese foro, Zhou expresó que la meta era que “el cuerpo principal de la carretera” entrara en funcionamiento a finales de 2021, al tiempo que reconoció que el tema de terrenos disponibles era un problema.
“Hasta hoy día sigue afectando el avance del proyecto”, aseveró.
Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, rechazó la afirmación al asegurar que la empresa tenía suficiente espacio para trabajar.
Hasta entonces, dijo en aquella ocasión, todas las propuestas que había hecho CHEC para pedir plazo adicional no habían sido de recibo.
El gerente de la constructora también expresó en esa audiencia ante los diputados que existía presión para entregar la obra en setiembre, pues el Gobierno pretendía aprovechar la invitación que realizó al presidente chino Xi Jinping de visitar Costa Rica, con motivo de la celebración del Bicentenario de la Independencia, el 15 de setiembre de 2021.
Sin embargo, la fecha tramitada sería para finales de año.
La última prórroga que se le aprobó a CHEC fue la otorgada en noviembre del 2019, cuando tras solicitar 400 días adicionales por atrasos en expropiaciones, traslado de servicios públicos y protestas, el Gobierno solo le reconoció 174 días.
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A pesar de todos los atrasos y conflictos, Méndez Mata dijo a La Nación en una entrevista que confiaba en la ejecución del contrato, pues ni la empresa ni el Gobierno permitirían un fracaso en ese proyecto.
Afirmó, empero, que ha debido mantener una posición ante la empresa.
El ministro ha sido enfático en que los problemas que se han topado en esta obra vial se originan en la falta de planificación durante las etapas previas a que se diera la orden de inicio, en noviembre de 2017 (Administración de Luis Guillermo Solís). Para él, se realizó la contratación “sin tener la menor idea de cómo se iba a ejecutar y qué se iba a ejecutar” .
1.086 ticos y 391 chinos
La firma china indicó ante consultas de este diario, que en diciembre pasado aumentaron su planilla con 200 personas, con los que actualmente suman 1.086 colaboradores costarricenses en el proyecto.
“Durante setiembre y octubre del 2020, recibimos a ingenieros y técnicos especializados provenientes de China que se sumaron a la fuerza laboral del país con el objetivo de mejorar los procesos. En el proyecto tenemos 391 trabajadores de esta nacionalidad. La cantidad de personal de CHEC Costa Rica se ajusta constantemente de acuerdo a las necesidades que presenten los diferentes procesos constructivos de la empresa”, añadieron.
Por su parte, el director de la Unidad Ejecutora afirmó la semana anterior que aún no han sido notificados de ese aumento de personal.
De acuerdo con el funcionario del Conavi, actualmente el proyecto tiene aproximadamente 3 kilómetros de desvíos donde ya CHEC empezó la intervención en la parte existente de la carretera, pues ya se cuenta con capas completas de asfalto en la nueva vía.
La empresa había prometido tener en febrero del año pasado listos los primeros 20 km de la vía, sin embargo, no cumplió. En ese momento alegaron errores de cálculo que les impidieron realizar traslados de vigas necesarias para esas obras.
Posteriormente, en marzo, cesaron a unos 180 trabajadores supuestamente a causa de la pandemia de la covid-19, lo cual, indicó CHEC, se tradujo en más atrasos para el proyecto.
Desde finales del año pasado, el MOPT y la constructora enfrentan otra una disputa que podría acabar en un arbitraje internacional, esta vez por el desacuerdo sobre cuál debe pagar la reparación de los 33 puentes viejos que hay en el tramo de 107 km donde se realizan las obras.
El MOPT alega que el contrato firmado deja esa responsabilidad a la empresa asiática, mientras que CHEC sostiene que su única obligación es construir nuevos puentes.
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La resolución del conflicto podría traducirse en mayor demora para la entrega de los trabajos.
Además de la ampliación de la vía a cuatro carriles, la obra encargada a CHEC contempla la construcción de 36 nuevos puentes y el refuerzo de los ya existentes, así como la construcción de 13 pasos a desnivel, 11 retornos, 24 puentes peatonales y cinco intersecciones en los intercambios a Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y en el ingreso a la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM).