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¿Quién pagará los aproximadamente $40 millones por la reparación de los 33 puentes viejos que hay en el tramo de 107 km entre Limón y el cruce hacia Río Frío?
El MOPT alega que en el contrato firmado con la constructora China Harbour Engineering Company (CHEC) para reconstruir esa carretera, es responsabilidad de la empresa asiática arreglar esos pasos. Sin embargo, CHEC sostiene lo contrario pues dice que su única obligación es construir nuevos puentes.
Ante una disputa que no ha sido posible resolver, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que el caso sería llevado a un arbitraje internacional para resolver quién tiene la razón.
El jerarca del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, confirmó que sostuvo una reunión con los representantes de CHEC, esta semana, para tratar de resolver la controversia, pues la duda es si en la contratación se incluyeron o no las reparaciones de los antiguos puentes.
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Advirtió que este tema “tendrá que ir necesariamente a un arbitraje”.
El director del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Mario Rodríguez, afirmó que precisamente la situación de la rehabilitación de los puentes viejos es de las diferencias más relevantes.
“Para la óptica de nosotros, en el contrato con CHEC está incluida la obligación de rehabilitar todos los puentes actuales de la ruta, CHEC dice que tiene que construir los puentes nuevos pero que no tiene que rehabilitar los existentes”, explicó Rodríguez.
La Nación consultó a CHEC sobre esa disputa, las diferencias contractuales, así como otros eventuales reclamos que llevarían a resolver ante un arbitraje y la eventual solicitud de una compensación a la Administración.
Sin embargo, mediante un correo electrónico la encargada de relaciones públicas, Teresa Wu, respondió únicamente:
“CHEC y el Gobierno mantenemos una constante y ordenada comunicación, lo cual incluye la discusión sobre las diferencias de interpretación del contrato. Efectivamente, es necesaria una solución adecuada y justa para que estas diferencias no afecten el avance del proyecto. En CHEC, somos y hemos sido respetuosos de los lineamientos del contrato”.
Entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón hay 33 puentes mayores, muchos de ellos en estado crítico, según un informe emitido el año anterior por el Instituto Tecnológico de Costa Rica.
La obra tiene un costo de $465 millones, de los cuales $396 millones son financiados por el Eximbank de China y $69 millones corresponden a una contrapartida nacional.
Advertencia vieja
La contradicción sobre los puentes no es nueva para las autoridades del MOPT.
En octubre del 2017, un mes antes de recibir la orden de inicio, el gerente de proyecto de CHEC, Zhou Jingxiong, comunicó que nueve de los 33 puentes necesitan reconstrucción total dado su gran deterioro.
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En ese entonces se detalló que esa situación aumentaría el costo de la obra, de acuerdo con CHEC, en $40 millones, aproximadamente.
Sin embargo, durante la puesta en marcha del proyecto el encargado de la unidad ejecutora, Kenneth Solano, insistió en que la reconstrucción de esas estructuras está incluida en el contrato original y no representan trabajos adicionales por los que haya que pagar extra.
Posteriormente a su llegada al MOPT, el ministro Méndez aseguró en una entrevista con La Nación que el proyecto se había “manejado con los pies” desde su origen.
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En esa ocasión, dijo que era un proyecto “enfermo” y criticó la decisión de haber ido a buscar un financiamiento para un proyecto sin tener la menor idea de qué se iba a construir.
Segnini dejó todo en manos del “honor” de los chinos
Desde el origen el plan para financiar y encargar a una empresa china la ampliación de la principal ruta de exportación del país enfrentó un empedrado proceso que terminó en una aprobación casi forzada.
El contrato con la empresa CHEC se firmó en junio del 2013, dos años antes de que se aprobara el crédito con el Eximbank de China.
Durante el largo proceso que enfrentó dicho préstamo en la Asamblea Legislativa los diputados cuestionaron las condiciones y la seguridad jurídica de dicho acuerdo.
Incluso el entonces ministro Carlos Segnini viajó a China para renegociar algunos de los términos del acuerdo, tales como los plazos para la ejecución de las labores de diseño y las que tiene que cumplir el Estado (viabilidad ambiental, reubicación de servicios públicos y expropiaciones), los cuales estimaba podrían llevar a un conflicto con el contratista, al no poder ejecutar a tiempo.
Posteriormente, Segnini promovió la aprobación del crédito confiado en “el honor, tan asentado en la cultura china”.
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Así lo indicó en una carta, enviada al Congreso el 23 de febrero del 2015, en la que garantizó que los chinos no harían cambios en las condiciones de implementación de ese proyecto.
“(...) el honor, tan asentado en la cultura china, impediría que hagan algo que los haga verse como quienes quieren aprovecharse abusivamente, manteniendo las condiciones originales durante las negociaciones, pese al vencimiento del plazo, y cambiarlas una vez obtenida la aprobación legislativa”, indicaba la misiva que fue presentada dos días antes de que los legisladores dieran el aval al crédito por $395 millones.
En esa ocasión el presidente Luis Guillermo Solís había indicado que el país debía “arriesgarse” y aprobar el préstamo, pese a que los legisladores tenían dudas sobre el contrato.
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Anteriormente la Contraloría había advertido antes de refrendar dicho proyecto, que el contrato comercial con la constructora y el préstamo tenían riesgos importantes que debían ser resueltos antes de la aprobación del proyecto de ley.
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En el refrendo que fue otorgado en abril del 2016, el ente contralor subrayó que al tratarse de un contrato bajo la modalidad de suma alzada en la que el contratista se comprometía a ejecutar la totalidad de los diseños y las obras por el monto previamente definido, la Administración debía implementar mecanismos de fiscalización adecuados a fin de se cumplieran las condiciones establecidas en el contrato.
Esta no sería la primera vez que el país acude a un Tribunal de Arbitraje para resolver diferencias contractuales con una empresa.
Uno de los pleitos más sonados se dio con la firma china Soresco por la fallida refinadora que construiría en Moín, Limón, junto con Recope, el cual terminó con un triunfo para Costa Rica.
También en el 2012 la empresa Riteve interpuso un proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, con sede en Washington, por diferencias en temas tarifarios, el cual también fue favorable para el Estado costarricense.
¿Qué dice el contrato?
El contrato para el diseño y construcción de los 107 km de la ruta 32 entre el cruce a Río Frío y Limón, fue firmado el 3 de junio del 2013.
En este se detallan las condiciones y términos bajo el cual se construiría el proyecto y la eventual necesidad de resolución de conflictos.
En el tema específico de los puentes, este solo indica en el apartado de la cuantificación de la etapa constructiva que el estimado de las obras relacionadas con puentes sería de $84,3 millones.
Sin embargo, ese mismo contrato detalla al inicio que considera como “parte integral” un memorándum de acuerdo que fue suscrito en febrero de ese mismo año entre autoridades del Gobierno y el representante de la empresa china.
En ese memorándum, se indica en el objeto del contrato que el diseño final debía contemplar entre otros aspectos la construcción de “al menos 36 puentes nuevos y los puentes existentes a ser rehabilitados”.
El tema de los puentes no es el primero que enfrenta al MOPT y a la empresa china.
Desde el inicio de obras, la Administración se ha enfrentado a disyuntivas asociadas principalmente con el lento avance de los trabajos, al tiempo que los chinos reclaman lentitud en las expropiaciones para poder ejecutar las obras.
Además, la empresa se había comprometido a entregar un tramo de carretera en febrero de este año y ese plazo no fue cumplido.
También ha habido diferencias por la elaboración de cronogramas debido al poco detalle que era incluido en el plan de trabajo de la compañía.
Ahora el ministro afirmó que la empresa mantiene como fecha de entrega los últimos meses del próximo año, al tiempo que se comprometió a contratar entre 300 y 400 trabajadores más a partir de enero para agilizar las obras.
La ampliación de la ruta 32, recibió la orden de inicio en noviembre del 2017, durante la administración de Luis Guillermo Solís, sin que para ese momento se contara con los diseños definitivos, permisos y traslado de servicios.
El proyecto contempla además de la ampliación de la calzada, la construcción de 36 nuevos puentes, así como la construcción de 13 pasos a desnivel, 11 retornos, 24 puentes peatonales y cinco intersecciones en los intercambios a Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y en el ingreso a la nueva Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
