Patricia Recio. 15 abril
A la fecha el MOPT aún tiene pendientes más de 350 trámites de expropiación que deberían completarse en menos de un año. Fotografía José Cordero
A la fecha el MOPT aún tiene pendientes más de 350 trámites de expropiación que deberían completarse en menos de un año. Fotografía José Cordero

Una nueva complicación surge en el proyecto de $465 millones para modernizar 107 km de la carretera hacia Limón. Al hecho de que la compra de terrenos para ampliar la vía avanza lentamente, se suma ahora otro obstáculo de peso: falta de dinero para esas adquisiciones.

El ingeniero Kenneth Solano Carmona, gerente de la Unidad Ejecutora Ruta 32, adscrita al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), confirmó a La Nación que no cuentan con los fondos necesarios para completar las expropiaciones pendientes.

Aunque no detalló el monto faltante, dijo que solo se ha podido ejecutar el 30% de los $10 millones que se tienen presupuestados para cubrir el pago por los terrenos.

Consultado sobre la suma exacta que les falta, contestó que solo conoce lo que resta por ejecutar (el 70% ) y añadió que “existe el compromiso de la Administración de cubrir los $10 millones”.

Según la Unidad Ejecutora Ruta 32, para ampliar la carretera se requieren 520 propiedades.

De ellas, 167 (32%) tienen luz verde porque 56 ya están inscritas a nombre del Estado; 27 tienen entrada en posesión efectiva y otros 84 dueños aceptaron que avancen los trabajos en sus propiedades mientras se completa el trámite.

Las restantes 353 (68%) expropiaciones deberían completarse este año, a fin de que se cumpla el plazo de entrega de las obras que el Gobierno le dio a la empresa China Engineering Company (CHEC), que vence en mayo del 2022.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, confirmó que los recursos para las expropiaciones de la ruta 32 se tomaron prestados a mediados del año pasado, para tapar un recorte en el presupuesto del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) que los dejaba sin fondos para atender el mantenimiento y las emergencias en el segundo semestre del año.

Méndez aseguró que tramitan en la Asamblea Legislativa un presupuesto extraordinario por ¢18.000 millones ($29 millones) con el que se cubrirían los faltantes para expropiaciones y otras partidas de conservación vial, así como otros proyectos que quedaron descubiertos.

Pese a los cuestionamientos del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) y la queja de la constructora china CHEC por la lenta gestión en expropiaciones, el ministro sostiene que la falta de recursos no representaría más atrasos.

Su esperanza es enviar el presupuesto extraordinario a los diputados este mes y que sea aprobado a finales de mayo.

“Se han ido resolviendo grandes angustias y congojas, no solo ahí, el problema es más generalizado”, agregó Méndez sobre los ajustes que han debido hacer en presupuestos.

Por su parte, Solano añadió que además de los fondos para pagar por los terrenos, también enfrentan dificultades para cubrir procedimientos administrativos y operativos.

Citó, por ejemplo, los viáticos para las visitas que deben realizar los funcionarios del Departamento de Adquisición de Bienes Inmuebles (DABI) para notificar a los propietarios o convencerlos de que acepten procesos de entrada en posesión voluntaria.

“Se trata tanto de falta de fondos para indemnización a terceros como de recursos para resolver temas operativos-administrativos necesarios para tramitar los procesos de expropiación de manera adecuada y oportuna”, agregó el ingeniero.

De acuerdo con información suministrada por el MOPT, como parte de las acciones para avanzar en los trámites se contrató un equipo exclusivo de profesionales para elaborar los expedientes completos. Además, han propuesto al DABI recursos y planes para agilizar los procesos internos, los cuales están en análisis.

Actualmente, aunque se han aprobado prórrogas de hasta 600 días para terminar la construcción, el avance es de menos del 40%.

El diputado liberacionista por la provincia de Limón, David Gourzong, quien integra la Comisión de Infraestructura, dijo que ve poco probable que la carretera esté lista en mayo del 2022.

El legislador se mostró preocupado pues a la fecha sigue sin definirse el futuro de las obras complementarias, para las cuales tampoco se dispone de fondos.

“Es preocupante que no se puedan realizar los avances. Para el Gobierno sería más fácil negociar con el Gobierno de la República Popular de China y traer más personal y acelerar las obras.

“Creo que una de las opciones más rápidas es pedir la ampliación del préstamo” con China, explicó.

Limonenses quedan sin último tramo de 3 km

La ampliación de los 107 km entre el cruce de Río Frío y Limón iba a llegar hasta el centro de la ciudad portuaria. Sin embargo, un imprevisto hizo cambiar los planes y ahora la nueva carrretera concluirá tres kilómetros antes.

Así, temporalmente, la obra quedará inconclusa en ese tramo porque Acueductos y Alcantarillados (AyA) le anunció al Conavi que hará trabajos de alcantarillado y un acueducto, lo cual implicaría destrucción de la nueva infraestructura.

El segmento afectado es el que va de Santa Rosa hasta el cruce con la ruta 36 (que comunica con Puerto Viejo de Talamanca) en el centro de Limón.

En esos tres kilómetros AyA construirá un nuevo acueducto para la comunidad de Búfalo y mejorará el sistema de alcantarillado sanitario del centro de Limón.

El ministro Rodolfo Méndez Mata dijo que la intención es que, una vez que concluyan los proyectos del AyA se complete la ampliación a cuatro carriles con fondos del Conavi.

Por su parte, el ingeniero Kenneth Solano, de la Unidad Ejecutora Ruta 32, añadió que la decisión se confirmó luego de agotar todas las posibilidades administrativas y legales para incluir el proyecto de construcción de alcantarillado sanitario para Limón, que es responsabilidad del AyA, dentro del proyecto de ampliación.

“El AyA fue informado por parte de Conavi del proyecto de ampliación de ruta 32 desde 2016. En 2017, ante la consulta de Conavi al entregarle el diseño de Ampliación de Ruta 32, el AyA informó que no tenía planificado ningún proyecto, ni de acueducto ni de alcantarillado dentro del área del proyecto de ampliación de Ruta Nacional.

“No obstante, en el 2020 el AyA informa al Conavi de un proyecto de acueducto en Búfalo y de un proyecto de Alcantarillado Sanitario para Limón, que atraviesan el área de proyecto de ampliación y afectan sus obras”, detalló Solano.

El ingeniero afirmó que estos trabajos provocarían una demolición de las obras recién construidas lo cual “se configuraría como un despilfarro de fondos públicos”.

Además, sostuvo que esta decisión no afectará el contrato pues se aplicarán los mecanismos de modificación ya establecidos los cuales fueron aceptados por ambas partes.

El diputado de Limón, David Gourzong, aseguró que esa medida no es bien vista por los limonenses que exigen que se entregue el proyecto completo, tanto con la inclusión de este último tramo como con las obras complementarias.

Se intentó conocer el cronograma de ejecución que tiene previsto el AyA para llevar adelante ambas obras pero no se tuvo respuesta.

Seguidilla de obstáculos

El proyecto de ampliación ha enfrentado desde el inicio una serie de obstáculos e inconformidades entre ambas partes.

La obra recibió orden de inicio en noviembre del 2017, sin que se contara con diseños definitivos, permisos y otros requisitos de preingeniería, lo cual según han reconocido las mismas autoridades, ha desencadenado muchos de los obstáculos y conflictos que hoy enfrentan.

Esas inconformidades se han incrementado en el último año, cuando incluso el desacuerdo entre el Estado y la constructora asociado con alcances del proyecto los tienen cerca de un arbitraje internacional, ya que CHEC sostiene que no le corresponde contractualmente realizar las mejoras en los puentes existentes sino solo construir los nuevos.

Además, recientemente pidieron 800 días más de prórroga para completar la obra pero el Gobierno aprobó solo la mitad.

Otro de los problemas que han enfrentado tiene que ver con la construcción de los pasos de fauna, situación que incluso fue a dar a la Sala Constitucional y que ahora el Conavi debe resolver con recursos propios mientras se define si son o no responsabilidad del contratista.

Todo esto se suma a las constantes llamadas de atención por la lentitud en el avance de las obras, al tiempo que la empresa reclama que el no contar con la totalidad de terrenos disponibles les impide aumentar su ritmo de trabajo.

Además de la ampliación de la vía a cuatro carriles, la obra encargada a CHEC contempla la construcción de 33 nuevos puentes.

También se prevé la construcción de 13 pasos a desnivel, 11 retornos, 24 puentes peatonales y cinco intersecciones en los intercambios a Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y en el ingreso a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

La obra tiene un costo de $465 millones, de los cuales $396 millones son financiados por el Eximbank de China y $69 millones corresponden a una contrapartida nacional.