Educación

Diputados piden frenar abusos salariales en 'U' públicas y sobreoferta de carreras ‘obsoletas’

Informe final de comisión que investigó el uso de FEES pide a las universidades estatales someterse a un régimen de empleo público que asegure la sostenibilidad financiera de ese fondo

El freno a los salarios millonarios en las universidades públicas así como la modernización y mejora de la oferta educativa están entre las principales recomendaciones que hicieron los diputados de la comisión, que durante más de un año investigó el uso del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Tales recomendaciones están incluidas en el informe final que los legisladores que integraron ese foro dieron a conocer este miércoles.

En el documento, los congresistas también piden a las universidades públicas someterse a un régimen de empleo público, que asegure la sostenibilidad financiera del FEES y la equidad salarial en toda la Administración Pública.

“Esto es necesario, porque, como se ha evidenciado en esta amplia investigación, los salarios de todas las clases dentro de las universidades tienden a ser mucho más elevados que los del resto del sector público, pese a desempeñar las mismas funciones o similares. Actualmente, el pago de salarios e incentivos supera el 50% del presupuesto de las universidades públicas”, indicaron en el informe.

Una de las causas del incremento exponencial y vegetativo de los salarios en las casas de enseñanza superior es el pago de anualidades.

Quien fuera rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, manifestó durante su comparecencia a la Comisión que seguir pagando un 3,75% de anualidad sobre el salario bruto (base más pluses) a los docentes es “insostenible” para la institución.

En la UCR, que recibe el 59% del FEES, se proyecta un déficit de ¢25.782 millones en cinco años. Lo anterior consta en el acta 6298 del Consejo Universitario de la Universidad.

La proyección de ingresos para el 2024 es de ¢327.606 millones y la de gastos es de ¢353.289 millones.

En febrero de 2019, la entonces ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, también advirtió ante la Comisión que para el 2030 las universidades públicas consumirían todos sus ingresos corrientes en salarios.

Actualmente, destinan a remuneraciones cerca del 80% de los recursos transferidos por el Gobierno. Para el 2020, las universidades recibieron ¢512.782 millones de FEES.

Es por eso que en su informe, los diputados solicitaron a los rectores efectuar un análisis comparativo de escalas salariales entre universidades, “para desarrollar una estrategia en aras de alcanzar la equidad y sostenibilidad financiera”.

Además, les pidieron “ser consecuentes” con las metas de estabilidad fiscal del país, por medio del cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), en especial en lo referente a remuneraciones.

La Nación publicó a finales del año pasado que de los 18.100 funcionarios que laboran en las universidades, 3.564 (20%) reciben cada mes casi la mitad (45%) del dinero destinado a salarios. Eso incluye a la UCR, Universidad Nacional (UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) y Universidad Estatal a Distancia (UNED).

La planilla mensual total es de ¢23.332 millones, pero ese grupo (el 20%) se lleva ¢10.580 millones.

En las casas de enseñanza, sobresalen gran cantidad de casos con salarios mayores a ¢2 millones por mes o situaciones como el de un catedrático de la UCR que recibe ¢9,9 millones mensuales; tiene 55 años de servicio y trabaja jornada completa.

Wagner Jiménez, diputado liberacionista y quien preside la comisión, manifestó que, a partir de los hallazgos de la misma, es que están proponiendo la revisión y los cambios en la política salarial en las casas de enseñanza.

“Las universidades públicas corren el riesgo de desaparecer y caer en un abismo financiero si no se toman decisiones a lo interno de cada una de las casas de enseñanza pública. El país no resiste más en sus presupuestos el financiamiento de una política salarial que evidencia una verdadera desigualdad dentro del sector público”, dijo Jiménez.

Asumir responsabilidad

Al acudir a la Comisión, los representantes del Consejo Nacional de Rectores (Conare) rechazaron la implementación del plan fiscal y la reforma al empleo público en sus instituciones, ya que consideran que su autonomía los excluye de esas regulaciones.

“Estaríamos violando la Constitución Política si aceptamos una regulación externa. La Constitución no es un papel mojado que se irrespeta cuando hay crisis social y se respeta cuando no la hay. Las universidades públicas no están sujetas a la ley de Gobierno, tienen facultades propias para organizarse”, señaló en marzo del 2019 Marcelo Prieto, el entonces rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y ahora ministro de la Presidencia.

Los rectores insistieron en que la autonomía universitaria los exime de la aplicación del plan fiscal y, si llega aprobarse, también de la reforma al empleo público.

Pese a esto, los legisladores solicitaron que los rectores "asuman su responsabilidad" con la sostenibilidad de las universidades que lideran, denunciando las cláusulas abiertamente abusivas de las convenciones colectivas suscritas en los últimos años.

También, les pidieron ampliar la conformación del Consejo Nacional de Rectores (Conare), para que también participen el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación (Mideplan) y el Ministerio de Educación Pública.

"Si bien las universidades públicas cuentan con el respaldo del financiamiento estatal, por medio del FEES, es necesario que asuman lo más pronto posible, el reto de establecer una política de autofinanciamiento, que les permita fortalecer las fuentes de recursos para llevar adelante sus objetivos", indicaron los diputados.

Consultado por el informe de los diputados, Luis Paulino Méndez, presidente del Conare, dijo que aún no lo han recibido y que harán los comentarios cuando se les entregue.

Carreras STEM

En sus recomendaciones, los legisladores mostraron “gran preocupación por lo obsoleta y divorciada del sector productivo” que está la oferta académica, principalmente de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA) y Universidad Estatal a Distancia (UNED), que las lleva a generar una sobreoferta en las áreas de ciencias sociales y un alto déficit en carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).

Aunque existe un Plan Nacional de Educación Superior (PLANES), cuya elaboración responde a un mandato constitucional, la Comisión indicó que se encuentra desconectado de las necesidades del país y de las regiones, por lo que debe replantearse.

"A la luz de los acontecimientos más recientes, por ejemplo; la emergencia nacional por la covid-19, que puso de manifiesto muchos de los retos que Costa Rica debe superar, para ser innovador, competitivo y diferenciarse, en distintos ámbitos", se lee en el informe.

Los diputados afirman que es “urgente” que se actualice la conceptualización y metodología del PLANES, de manera tal que se convierta en un documento que permita una evaluación constante, apegada a los objetivos, con umbrales temporales y con responsabilidades bien determinadas, para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Solicitaron que sea un ente independiente el que realice las evaluaciones de PLANES.

Los legisladores dieron a las universidades públicas un plazo de 5 años, para acreditar ante el Sistema Nacional de Acreditación Universitaria (Sinaes) o ante entidades avaladas por este, las carreras de educación, derecho, ingeniería en construcción, arquitectura, periodismo y comunicación; tecnologías de información y de alimentos y las carreras STEM, en todas sus sedes y programas, finalizando en el año 2025 a más tardar.

Establecieron un período máximo de 12 años, finalizando en el 2032 a más tardar, para la acreditación de las carreras de ciencias sociales, del comportamiento e información, administración de empresas, ciencias naturales, matemáticas y estadística, agricultura y silvicultura, pesca y veterinaria, y servicios de higiene; salud ocupacional y servicios de seguridad y transporte; bienestar y asistencia a adultos mayores, asistencia a infantes y discapacitados; servicio a jóvenes, orientación y trabajo social en todas sus sedes y programas.

La Comisión FEES se instaló en enero del 2019. Fue el diputado Jiménez quien presentó la moción para crear este foro, en medio de la polémica por la inversión de $14,5 millones para la construcción de la plaza de la Diversidad y la Casa Estudiantil de la UNA, en su sede central de Heredia.

Ante la polémica, las autoridades de ese centro de estudios dieron marcha atrás con la construcción.

Daniela Cerdas E.

Daniela Cerdas E.

Bachiller en periodismo, estudiante de Derecho. Cobertura de la temática educativa del país desde 2015. Redactora del año La Nación, 2018.

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