La Asamblea Legislativa conformó la comisión especial que investigará el uso que se le da al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Estos son recursos que el Gobierno gira para mantener la operación de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) y la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
La comisión estará integrada por los diputados Wagner Jiménez, Roberto Thompson y Yorleny León del Partido Liberación Nacional (PLN); Mario Castillo y Enrique Sánchez del Partido Acción Ciudadana (PAC); Pablo Abarca del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Xiomara Rodríguez del Partido Restauración Nacional (PRN), Patricia Villegas del Partido Integración Nacional (PIN) y el diputado independiente Eric Rodríguez.
Fue Jiménez, quien presentó en octubre la moción para crear este foro, en medio de la polémica por la inversión de $14,5 millones para la construcción de la plaza de la Diversidad y la Casa Estudiantil de la UNA.
“La administración del FEES no será más un tema privado que se discute dentro de un estrecho círculo de la élite académica. El propósito es contribuir al debate público para que los recursos se destinan al financiamiento de las univerisdades se alineen a las políticas que sean racionales, estratégicas y responsables”, aseguró el diputado, quien presidirá el grupo.
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Los jerarcas universitarios reaccionaron con cautela ante las labores de control que ejecutarán los legisladores de esta comisión. Sin embargo, aseguran que colaborarán aportando argumentos en las mesas de trabajo.
“Siempre hay un peligro en que una persona no experta evalúe algo que esté fuera de su ámbito de competencia. Yo exhortaría a la Asamblea Legislativa para que los criterios aplicables sean propios de una institución académica y no que sean derivados de una visión política que les sea ajena a estas instituciones”, manifestó el rector de la UCR, Henning Jensen.
No obstante, las labores investigativas de esta comisión no preocupan de más al rector, pues considera que la inversión de los fondos públicos de las academias estatales siempre están bajo la auditoría de la Contraloría General de la República.
“Yo espero que siempre prevalezca la verdad y que nos dejen hablar a los rectores, porque dígame usted ¿cuándo ha habido un solo caso de corrupción en las universidades estatales? Estamos abiertos a dialogar y a escuchar a los diputados y a la población costarricense”, aseguró el rector de la UNA, Alberto Salom.
El foro estudiará propuestas para leyes o reformas de ley con el fin de garantizar un mejor uso y redistribución de los recursos, que son fondos públicos. Los diputados tendrán 180 días, prorrogables hasta 300, para presentar sus conclusiones ante el plenario.
