El uso que dan las universidades públicas a los fondos que reciben del Estado estará bajo revisión en una comisión investigadora creada este jueves.
Lo decidieron mediante una moción presentada por el diputado liberacionista Wagner Jiménez , la cual recibió el respaldo unánime de los congresistas presentes.
La comisión investigadora del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) estará integrada por nueve diputados y tendrá participación de representantes de las universidades, del Consejo Nacional de Rectores (Conare), las federaciones de estudiantes, el Ministerio de Educación Pública (MEP), y el Ministerio de Hacienda.
Para juramentar a los miembros, sin embargo, la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, consultará al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea sobre la representación de las fracciones en este grupo, pues la distribución proporcional podría haber cambiado con la renuncia de siete miembros del partido Restauración Nacional a esa bancada.
LEA MÁS: Diputados impulsan comisión para revisar manejo de recursos en 'U' públicas
El foro estudiará propuestas para leyes o reformas de ley con el fin de garantizar un mejor uso y redistribución de los recursos, que son fondos públicos. Los diputados tendrán 180 días, prorrogables hasta completar 300 días, para presentar sus conclusiones ante el plenario.
"Me siento muy feliz con la decisión de los legisladores porque va a permitir crear un espacio de diálogo, y también, va a generar oportunidad para crear una visión conjunta, porque tendremos la oportunidad de escuchar la versión de las universidades, del Consejo Nacional de Rectores y también el criterio y la visión de las diferentes federaciones estudiantiles, expresó el diputado promotor, Wagner Jiménez.
“Nosotros vamos a ser muy respetuosos del marco de la autonomía universitaria como lo establece la Constitución Política, no obstante, estaremos pendientes como representantes del pueblo de buscar alternativas inteligentes para fortalecer la educación superior de este país”, añadió.
Cada año, el Gobierno realiza millonarias transferencias a las universidades públicas para sostener su operación. De hecho, en julio anterior el Ministerio de Educación Pública (MEP) cedió “sobrantes” para financiar el funcionamiento de las universidades el próximo año.
La medida significó ¢15.000 millones de incremento, al pasar de ¢496.279 millones en 2018 a ¢511.154 millones en 2019.
Jiménez explicó el miércoles que además de la priorización de los recursos, los legisladores también tendrán que analizar la inversión que hacen las casas de enseñanza en las sedes regionales, sitios que generalmente enfrentan dificultades.
La propuesta de crear la comisión fue presentada el lunes durante la segunda comparecencia de Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional (UNA), ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación. El jerarca acudió para explicar a los diputados la inversión de $14,5 millones (¢8.700 millones) que pretendía hacer esa institución para remodelar la plaza de la Diversidad y construir una Casa Estudiantil.
Colaboró con esta información el periodista Aarón Sequeira.
