Tres de las cinco universidades estatales se quedarán sin fondos suficientes para cubrir sus gastos antes del 2025 dado que sus gastos crecen más rápido que sus ingresos, advirtió la contralora general de la República, Marta Acosta, en la comisión que investiga el uso que se le da al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
Se trata del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).
Aunque el FEES siempre seguirá financiando al Tec y a la UNED (la UTN se financia con una partida aparte), el monto no cubre el 100% de los gastos, sino aproximadamente el 75%. Las universidades deben llenar el faltante con créditos e ingresos propios como matrícula, venta de bienes y servicios, renta de activos financieros y transferencias de fundaciones.
Sin embargo, apenas generan el 9% del total de ingresos, reveló Acosta, al explicar el déficit que enfrentarán. “Tres universidades estatales se quedarán sin fondos para cubrir sus gastos antes de 2025”, fue su frase textual.
Los fondos que el Gobierno destinó a las instituciones de educación superior crecieron 60% entre los años 2013 y 2017. Sin embargo, en ese mismo tiempo, los ingresos del Estado solo lo hicieron en un 44%.
“Hay que revisar el modelo porque el país va a seguir financiando a las universidades estatales, pero con serias limitaciones. La dependencia que tienen las universidades con el Gobierno es alta”, advirtió Acosta.
La contralora presentó un informe para explicarles a los congresistas de la comisión del FEES la forma en que las autoridades universitarias invierten los fondos públicos que se les asigna.
Según Acosta, el hecho de que estas universidades solo generen el 9% del total de sus ingresos demuestra la gran dependencia que tienen con las “cada vez más limitadas” transferencias del Gobierno, lo que no garantiza la sostenibilidad presupuestaria de las instituciones académicas.
Además de pedir revisar el modelo presupuestario de las universidades públicas, Acosta también externó su preocupación por el creciente modelo de endeudamiento de estos centros de estudio, que en conjunto para el 2018 concentraron una deuda de ¢16.500 millones.
“Estamos proponiendo que regulen la manera en que las universidades se puedan endeudar, porque finalmente la garantía es del Estado”, mencionó Acosta.
“La señora contralora ha abierto la caja negra de las universidades públicas. El súperavit del 2018 asciende a los ¢175.000 millones y revela la ineficiencia draconiana que afecta el funcionamiento y la rendición de cuentas de las casas de enseñanza”, aseguró el presidente de la comisión y diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Wagner Jiménez.
Acosta también señaló la importancia de que los centros universitarios estatales mejoren la transparencia con la que presentan la información. La contralora pidió a los diputados tomar en cuenta este tema, así como los “grandes” súperavits que tienen las universidades, a la hora de aprobarles los presupuestos anuales.
“La coyuntura actual resulta ser un escenario propicio para la toma de decisiones oportuna en materia de ingresos y gastos de las universidades, así como de transparencia y de rendición de cuentas, dentro de un contexto donde no pueden haber excepciones”, señaló la contralora.
Los legisladores de la comisión del FEES convocaron a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, para el próximo 18 de febrero. El objetivo de los diputados es que la jerarca explique la sostenibilidad de los recursos que el Ejecutivo gira a las casas de enseñanza superior, en el actual crítico panorama fiscal.