La comisión legislativa que investigará el uso que se le da al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), inciará su periodo de comparecencias el lunes 4 de febrero, con la contralora general de la República, Marta Acosta.

Los diputados del foro, que fiscalizará la utilización de los recursos destinados a las universidades estatales, convocaron a Acosta con el objetivo de que explique los reportes financieros que entregan las casas de enseñanza superior a la Contraloría y así conocer en qué gastaron los cerca de ¢496.000 millones que el Estado traspasó a las universidades en 2018.

“La Contraloría General de la República es el órgano por excelencia que nos puede suministrar información real sobre la administración del FEES, y a partir de ahí, cada opinión, criterio y avance en la comisión sea con datos serios y no con base en especulaciones que confundan a la opinión pública”, aseguró Jiménez.

La comisión legislativa también convocó a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, para que explique la sostenibilidad del FEES, bajo el crítico panorama fiscal que vive el país.

Incluso, para este año, los diputados acordaron recortar ¢10.000 a ese presupuesto, que había sido acordado previamente por el Gobierno de Carlos Alvarado y el Consejo Nacional de Rectores (Conare). Esos fondos fueron destinados por los diputados para la amortización de la deuda estatal.

Previo a la comparecencia de los rectores y vicerrectores de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA), Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), Universidad Estatal a Distancia (UNED) y Universidad Técnica Nacional (UTN), los diputados convocaron al magistrado presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo.

Los legisladores buscarán que sea la Sala Constitucional la que delimite el marco de acción de este foro parlamentario, con el objetivo de que las acciones o proyectos de ley que surjan a raíz de esta discusión no afecten la autonomía universitaria.

Además de los rectores universitarios, los diputados convocaron al ministro de Educación, Edgar Mora, a las federaciones y asociaciones estudiantiles, y a los sindicatos de los centros de enseñanza superior.

Este año, por las remuneraciones salariales, es decir el sueldo base más los incentivos de sus trabajadores, las universidades públicas consumirán más del 80% del FEES.

LEA MÁS: Pago de pluses para sus empleados consumirá 26% del presupuesto de las 'U' públicas en 2019

Presidente de la comisión: ‘Hay jóvenes que no pueden entrar a una universidad estatal’

Como educador de profesión, director con plaza del Instituto de Educación Comunitaria de Santo Domingo de Heredia y como vecino de Coto Brus, el diputado verdiblanco Wagner Jiménez, asegura que su objetivo al presidir este foro es mejorar la distribución de los recursos públicos dentro de las universidades estatales.

El liberacionista aspira a que más estudiantes puedan acceder a la educación superior pública, así como impulsar la creación y el desarrollo de estas casas de enseñanza fuera de Valle Central.

– ¿Es esta comisión un buen foro para delimitar la autonomía universitaria con respecto a la utilización de fondos públicos?

– Las universidades públicas construyen sus propias interpretaciones de las reglas a las que están sometidas. Por eso celebro que mis compañeros legisladores apoyaran la moción para que el magistrado presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, se refiera al concepto de la autonomía universitaria. Una vez que la Sala establezca cuáles son los márgenes y cómo se aplica la autonomía universitaria con respecto al FEES, podemos determinar cuáles son los verdaderos alcances de la comisión.

– Los rectores universitarios han cuestionado la capacidad de los diputados de analizar correctamente el FEES ¿Qué opina al respecto?

– Yo lo que les podría decir a los rectores es que nadie está dudando de la reputación nacional heredada por un pasado glorioso de las universidades públicas, pero eso no les da motivo para expresarse con desprecio y arrogancia hacia una noción de excelencia de mejorar la visibilidad de las universidades públicas.

“Los diputados, los medios de comunicación y la ciudadanía estamos llamados a participar en la construcción de agendas para el mejoramiento del FEES, es nuestra obligación. La universidad que no quiera recibir recomendaciones de la opinión pública no es una universidad que aspira a ser una universidad excelsa”.