Rodrigo Chaves llama a bajar tono de la discusión sobre problemas de seguridad

“Hay un llamado a que trabajemos juntos e incluso un llamado a que bajemos el tono de la discusión pública en la que algunos, en algunas ocasiones, nos hemos pasado la bola de quién tiene la responsabilidad de lo que ocurre y quién tiene la capacidad de arreglar el sistema. Un llamado a un debate más constructivo ante la opinión pública que, obviamente, está preocupada por la situación que se está dando”, dijo Chaves al concluir una reunión denominada por Presidencia como Consejo Nacional de Seguridad.

En ella participaron el ministro de Seguridad, Mario Zamora; la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre; el fiscal general, Carlo Díaz; el director general del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga; la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, Gloria Navas, y otros de sus compañeros en ese foro; entre otras figuras de los Poderes de la República.

Chaves convocó a este Consejo por primera vez desde que asumió el poder, hace 17 meses, en momentos en los que el país vive conmocionado por asesinatos brutales, con decapitados, calcinados y decenas de víctimas colaterales.

Según divulgó la Policía Judicial este martes, en el 2023 han ocurrido 682 homicidios, un incremento del 44,8% con respecto al 2022.

El mismo director general del OIJ, Rándall Zúñiga, había mostrado preocupación por la creciente crueldad, vinculada a luchas de bandas de narcotráfico y crimen organizado.

“Reconocimos que vale la pena reflexionar muy seriamente sobre el tema de que tiempos extraordinarios podrían requerir acciones extraordinarias, con respecto incluso hasta la tónica de nuestro derecho penal, que es un derecho de garantías constitucionales muy fuertes, pero que, en este momento el país necesita reflexionar si eso es lo que le conviene al bienestar general de la población, o un sistema un poco más fuerte”, indicó el mandatario.

Chaves señaló que sus prioridades son cinco proyectos de ley con los que pretende atacar el crimen organizado:

1. Regulación de la ejecución de la pena (expediente 23.688).
2. Mayores penas por portación ilegal de armas (23.689).
3. Modernización de la intervención de comunicaciones por parte de la Fiscalía (23.690).
4. Endurecimiento de procesos penales contra menores de edad vinculados al crimen organizado (23.691).
5. Limitación del otorgamiento de libertad condicional y de medidas cautelares diferentes a la prisión (23.692).

“Hubo un deseo de colaborar, un deseo de bajarle el tono a la discusión de este tema entre los poderes y de ponerse a trabajar. La propuesta del Gobierno es muy específica: son esos cinco proyectos como proyectos urgentes”, indicó, antes de mencionar que el próximo jueves, en una sesión de la Comisión de Seguridad del Congreso, se llegaría a un acuerdo para que los diputados estudien esas cinco iniciativas.

Asimismo, el presidente calificó como positivo que los diputados han dispensado de trámite proyectos como el que eximiría al OIJ del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Agregó que hay cerca de 25 textos en la corriente legislativa destinados a detener la ola de asesinatos y el avance del crimen organizado.

‘Debemos respetar al sistema’

El presidente de la Corte y magistrado de Sala Segunda, Orlando Aguirre, manifestó ante consulta de La Nación que el Poder Judicial también trabaja en proyectos para enfrentar la inseguridad. Enfatizó que los jueces no son los culpables de la problemática, pues ellos solo siguen las leyes.

“La definición de si una persona debe ir o no a prisión, no es de naturaleza política, es de naturaleza legal y los jueces son los que están llamados a resolver de forma independiente cualquier gestión, conforme a la ley”.

“Lo que sucede es que en algunas ocasiones lo resuelto por los jueces no agrada a algunas personas. A mí puede ser que no me guste, no hablo de ningún caso en particular, pero, debemos respetar al sistema, en el sentido que son los jueces los que deben resolver. En el momento en que este tipo de decisiones se manejen con criterios no jurídicos, estaríamos haciendo a un lado el Estado de Derecho”, indicó Aguirre.

Uno de los asuntos delicados para el Poder Judicial es el poco presupuesto con el que se cuenta, asunto que fue mencionado por Rándall Zúñiga durante la reunión.

“Aproveché para poner sobre el tapete la necesidad de que se tenga que invertir en seguridad, en plazas para el OIJ, para la Fuerza Pública, para hacer una contraofensiva contra estos grupos criminales”, señaló Zúñiga en declaraciones enviadas por la oficina de prensa del OIJ.

El director de la Policía Judicial agregó que los otros jerarcas estuvieron de acuerdo en brindar más fondos al OIJ, pero aún deben definir de dónde provendrán esos recursos. Según Zúñiga, a la entidad le faltan cerca de 939 investigadores, pero él está pidiendo dos terceras partes de eso.

Lo que dicen diputados

Desde la perspectiva del diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), la reunión no fue tan provechosa.

“Dio la impresión de que al Gobierno solo le interesa la aprobación de cinco proyectos de ley, algunos tienen buen ambiente, otros presentan problemas que han sido señalados por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa y otras entidades, pero son proyectos muy puntuales que no vienen a resolver el problema de la violencia que estamos viviendo”, declaró el legislador por medio de su periodista.

De igual forma, el otro diputado del PLP presente en la reunión, Gilberto Campos, secundó que esas propuestas tienen algunas falencias y cuestionamientos constitucionales. Agregó que no observó que el Gobierno presentara una estrategia definida para contener la criminalidad.

La Nación solicitó una reacción a la presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, la diputada del Partido Nueva República, Gloria Navas. Sin embargo, al cierre de edición no había respondido.