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Las medidas cautelares impuestas a 13 integrantes de un supuesto grupo dedicado al narcotráfico y al lavado de dinero en la zona sur, fueron anuladas tras confirmarse que la jueza a cargo de esta diligencia pasó distraída buena parte de la audiencia, dándole atención a su teléfono celular.
Lo anterior consta en la resolución de un recurso de apelación planteado por los abogados defensores de los encartados en este caso, que se le conoce como “Finca Darwin”, en alusión a la lujosa propiedad que el supuesto líder del clan, de apellidos González Hernández, posee en La Cuesta de Corredores.
En el recurso de apelación, resuelto este martes 11 de mayo, todos los abogados alegaron que la jueza Heizel Murillo Beita, del Juzgado Penal del III Circuito Judicial de Alajuela, sede Grecia, no estuvo concentrada en la audiencia de medidas cautelares por estar atendiendo su dispositivo electrónico.
Por ejemplo, Celso Gamboa, defensor de González Hernández, reclamó que la juzgadora pasó atenta al celular y no prestó atención a la exposición cuando el fiscal y los defensores estaban hablando.
Como prueba, aporta el video en el que se constata que cuando González está haciendo uso de la palabra, explicando que la casa es producto de una herencia, y no derivada de negocios con el narcotráfico, la jueza estaba con el celular manipulándolo, “por lo cual se evidencia la falta de concentración para resolver con coherencia, en consecuencia se veda el derecho de defensa de los encartados”, se lee en el voto 123-TGRE-2021.
“Ha quedado acreditado que en la audiencia realizada por parte de la jueza penal de Grecia, ha existido una completa desatención a la exposición de las partes procesales en sus intervenciones. Desatención plena, por cuanto se ha logrado visualizar de la grabación de la audiencia que la señora jueza pasa un tiempo excesivo, manipulando su teléfono celular, tanto en la intervención de la Fiscalía, como en la intervención de los defensores, y no hizo excepción en las deposiciones de los imputados.
“Según se observa de los videos aportados (...), la desatención de la juzgadora al respecto hace que se evidencie que no fue necesario para la jueza penal prestar atención a la petición de las partes, para proceder a emitir una resolución de más de seis horas en la cual se denota que si bien hace alusión a diferentes circunstancias que constan en autos, deja de lado las valoraciones totales de las peticiones de las partes, siendo entonces que se trata de un yerro objetivo y procedente, y no una simple percepción de las partes, lo anterior ha evidenciado que la jueza penal no estuvo atenta, vigilante, ni siquiera del desarrollo de la diligencia (...).
“Se ha denotado que no se trató de observaciones distantes y cortas sobre su dispositivo celular, ya que se probó por parte de la defensa que, en extractos del video de la audiencia, en una sóla ocasión utiliza casi por espacio de ocho minutos el dispositivo, que la jueza de una forma inapropiada pasó pendiente de su teléfono y manipulando el mismo, ello contraviene la atención debida, y sin duda una intervención necesaria y activa de su parte como jueza de garantías en el proceso penal, contraviniendo el debido proceso penal, en tanto la resolución expuesta no resulta fiable para los intervinientes”, manifestó la jueza Yéricka Alejandra Delgado López, encargada de resolver la apelación.
Por tanto, se anuló la orden de seis meses de prisión preventiva para González Hernández, Méndez Mora, Concepción Quiel, Campos Jiménez, Jiménez Araya (3 personas) y Estribí Angulo.
También quedaron sin efecto las medidas alternas a la cárcel para Quirós Salazar, Gómez Arroyo, Santos Madrigal, Jiménez Araya y Chavarría Hernández (presidente del Concejo de Corredores).
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Además, se le ordena al Juzgado Penal la realización de una nueva audiencia en el término máximo de 48 horas que corren a partir de la notificación a la totalidad de las partes procesales, para que de discuta, de nuevo, la posible imposición de medidas cautelares contra los 13 antes citados.
“Se mantiene la prisión preventiva vigente y el resto de medidas cautelares por el término absolutamente necesario indicado en esta resolución para su efectiva realización”, concluye la jueza Yéricka Delgado.
Por último, le advierte al Juzgado Penal de Grecia que, de incurrir de nuevo en este tipo de acciones, se hará un reporte ante la Inspección Judicial y a la Corte Suprema de Justicia por el grosero quebranto a los derechos fundamentales de las partes y injustificados en las causas penales.
Al respecto, el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, indica que: “(...)en casos de retardo o errores graves e injustificados en la administración de justicia, el Tribunal de la Inspección Judicial, sin más trámite deberá poner el hecho en conocimiento de la Corte Plena, para que esta, una vez hecha la investigación del caso, resuelva sobre la permanencia, suspensión o separación del funcionario”.
Antecedentes
La investigación contra esta organización supuestamente dedicada al tráfico de drogas y legitimación de capitales se inició en noviembre del 2018.
El presunto cabecilla del grupo es un empresario dedicado a la producción de palma aceitera de apellidos González Hernández, quien presuntamente, junto a su esposa, apellidada Jiménez Araya, tienen una propiedad en la Cuesta de Corredores, que es llamada la Finca de Darwin.
Se trata de una quinta con una moderna residencia, rancho para fiestas, lago, helipuerto y amplias zonas verdes, que está entre una plantación de palma aceitera.
Ahí había venados, saínos y en el lago peces como los gaspar que viven en el agua dulce y que en el país se conoce su existencia sobre todo en Caño Negro, en la frontera con Nicaragua.
Supuestamente, este grupo trasegaba droga que llegaba a lugares como Burica, Zancudo o Puerto Jiménez. Luego era trasladada hasta el Pacífico central, donde una parte del estupefaciente se comercializaba en el mercado nacional y otra se enviaba a los Estados Unidos.
Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dijo el 6 de abril que este grupo presuntamente estaba trasegando por el país una tonelada de cocaína cada dos meses y que la existencia de la organización era conocida por policías especializadas en la lucha contra el tráfico de drogas de otras naciones.
A partir del 2011, cinco de los sospechosos de este caso empezaron a acumular propiedades, vehículos, equipo agrícola y buques.
Se trata del presunto líder de la organización, su esposa, uno de sus cuñados y otros dos detenidos. Entre todos, lograron adquirir 41 propiedades equivalentes a 540 hectáreas en la zona sur, así como 41 vehículos.
Todos los bienes están valorados en ¢2.914 millones.
