La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos atribuye al presidente municipal de Corredores, un agrónomo pensionado de apellidos Chavarría Hernández, realizar “trámites de permisos municipales” a favor de los miembros de una organización presuntamente dedicada al tráfico de drogas y a la legitimación de capitales.
Por esa razón se le detuvo el martes, según se desprende de la orden de allanamiento emitida por el Juzgado Penal de Grecia, Alajuela.
En el documento judicial solamente se agrega que se trata de asuntos relacionados con el desarrollo de proyectos de construcción.
“Anoche (martes) fue la intimación y la Fiscalía lo que intima es que él en su cargo ha prestado la colaboración, que todavía no está identificada, ni la conoce la defensa. El hecho general dice que usted en su función como regidor ha prestado colaboración. Coadyuva a un grupo que se está investigando. Si usted me pregunta en qué ha ayudado, todavía no lo sé”, dijo el abogado Juan Carlos Peralta, defensor de Chavarría.
El litigante agregó: “Al parecer hay ahí algunas intervenciones pero esta defensa no ha sido puesta en conocimiento. Tendremos que ser citados a una audiencia de escuchas. Preliminarmente, eso es lo que le puedo decir. Mi representado en la intimación rechazó los cargos, se mostró tranquilo y dice que tiene que oír esas llamadas para saber qué se dice y después ofrecer las pruebas de descargo”.
Chavarría Hernández es una de las 10 personas a las cuales el Ministerio Público les atribuye conformar un presunta organización criminal, que es investigada por los delitos de tráfico de drogas, legitimación de capitales y asociación ilícita.
Tanto para este dirigente político como para los otros implicados de apellidos González Hernández, Gómez Arroyo, Quirós Salazar, Chavarría Hernández, Campos Jiménez, Santos Madrigal, así como cuatro hermanos apellidados Jiménez Araya (tres hombres y una mujer), se solicitarán medidas cautelares.
La gestión la planteará este jueves el ente acusador del Estado en una audiencia que se realizará en el Juzgado Penal de Grecia.
Estas personas fueron detenidas el martes, tras una serie de allanamientos realizados en diversas partes del país. La investigación inició desde noviembre del 2018, cuando trascendió que estaba conformado un grupo dedicado a ingresar cocaína a Costa Rica, desde la zona sur del país, que además, contaba con la colaboración de dos agentes del OIJ.
La droga llegaba a lugares como Burica, Zancudo o Puerto Jiménez. Luego era trasladada hasta el Pacífico central, donde una parte del estupefaciente se comercializaba en el mercado nacional y otra se enviaba a los Estados Unidos.
Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dijo el martes que este grupo presuntamente estaba trasegando por el país una tonelada de cocaína cada dos meses y que la existencia de la organización era conocida por policías especializadas en la lucha contra el tráfico de drogas de otras naciones.
A este grupo, el 28 de octubre del 2020 la Policía le incautó una tonelada de cocaína, que era transportada en una vagoneta que circulaba por las calles de Jacó, en Garabito de Puntarenas. En esa ocasión se detuvo a cinco personas.
El Ministerio Público informó que según la prueba obtenida hasta este momento, los imputados también adquirieron bienes muebles e inmuebles, con el presunto fin de legitimar las ganancias obtenidas ilícitamente, producto de la venta de drogas.
Como líder del grupo es señalado un sujeto de apellidos González Hernández, que es un conocido empresario de la zona sur que se dedica a la producción de palma aceitera, el cultivo de arroz y de aguacates. Además, en los últimos meses estaba trabajando en la instalación de una embotelladora de agua.
González y su esposa, apellidada Jiménez Araya, tienen una propiedad en la Cuesta de Corredores, que es llamada la Finca de Darwin, una quinta con una moderna residencia, rancho para fiestas, lago, helipuerto y amplias zonas verdes, que además está oculta entre una plantación de palma aceitera.
Ahí había venados, saínos y en el lago peces como los gaspar que viven en el agua dulce y que en el país se conoce su existencia sobre todo en Caño Negro, en la frontera con Nicaragua.
Para las autoridades esta organización es propietaria de bienes que están valorados en más de $3 millones.
Este martes se informó que cuatro personas a quienes se le vincula con el grupo permanecían en fuga. Ellos fueron identificados como de apellidos Méndez Mora, Estribí Angulo, González Corella y Concepción Quiel (un agente judicial).
Sin embargo, el abogado Juan Carlos Peralta dijo que este miércoles en la tarde presentaría a la Fiscalía a Méndez, de quien negó que estuviera en fuga. “Él el sábado o domingo se fue para un hotel de playa de vacaciones y se enteró del allanamiento de su casa el martes en la tarde. Nunca estuvo en fuga”, alegó.
Este caso se investiga bajo el número de expediente 19-00004-0822-PE, comunicó la Fiscalía.
