A partir del 2011, cinco de los sospechosos de integrar una banda dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero, en el caso vinculado con la “finca Darwin”, empezaron a acumular propiedades y vehículos de manera exponencial.

Se trata del presunto líder de la organización, su esposa, uno de sus cuñados y otros dos detenidos. Entre todos, lograron adquirir 41 propiedades equivalentes a 540 hectáreas en la zona sur, así como 41 vehículos.

Fincas agrícolas, carros de doble tracción, equipo especial para trabajar en el campo, cuadraciclos y hasta buques son parte de sus adquisiciones por un monto total de ¢2.914 millones en la última década.

Así se desprende de un análisis de La Nación con base en datos del Registro Nacional sobre los bienes a nombre de estas personas o inscritos a nombre de sociedades en las que ellos participan.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ellos son parte de una banda de 13 personas que, en apariencia, se dedicaba a traficar una tonelada de cocaína cada dos meses.

La Policía Judicial los detuvo el 6 de abril bajo el cargo de recibir la droga procedente de Suramérica para introducir una parte al mercado local y enviar el resto a Estados Unidos, a través de Guatemala y México.

De acuerdo con el OIJ, la estructura tenía varios años de existir y la droga llegaba a playas como Burica, Zancudo, Puerto Jiménez y, de ahí, la llevaban a bodegas en la zona sur, donde luego la cargaban en camiones, vagonetas o carros con compartimentos especiales hacia otros lugares en el Pacífico central.

En este caso, fue detenido el presidente municipal del cantón de Corredores, Bernabé Chavarría, como sospechoso de facilitar permisos municipales a los miembros de la banda. El regidor quedó en libertad con vigilancia electrónica.

A la banda se le atribuye haber infiltrado el OIJ para poder operar sin problemas. Dos de los detenidos son agentes judiciales.

La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos también investiga a los sospechosos por el supuesto delito de legitimación de capitales.

Los otros ocho sospechosos registran diez vehículos y cuatro propiedades por un total de ¢123 millones; cada uno registra bienes con valores fiscales inferiores a los ¢33 millones.

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El aparente cabecilla

El supuesto líder de la banda, Darwin González Hernández, de 42 años, es un empresario de palma aceitera de la zona sur, que reporta bienes por casi ¢224 millones, tanto a título personal, como a nombre de dos sociedades anónimas donde figura como presidente o gerente.

Tiene 13 vehículos con un valor fiscal que, en conjunto, suman ¢121 millones. Por ejemplo, tiene un Toyota Land Cruiser, tipo pick up, modelo 2018, de ¢30,4 millones, y un equipo especial agrícola, marca Landini, modelo 2020, de ¢42 millones.

Además, posee dos buques, uno Alfa Romeo y el otro marca Ambassador.

En cuanto a propiedades, reporta tres en el cantón de Corredores, dos propiamente en el distrito La Cuesta y una en Canoas. Se trata de un solar, un terreno para construir y un plantío de palma aceitera valorados en ¢103 millones y que abarcan 13,5 hectáreas.

Si al conteo se le suma los bienes que tiene con su esposa Juliana Jiménez Araya, de 36 años, y quien al igual que él descuenta seis meses de prisión preventiva por los supuestos delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero, la suma asciende a ¢657,5 millones.

Juntos, González y Jiménez tienen cuatro vehículos —de carga liviana y pesada— y tres propiedades: un terreno sembrado de palma con una vivienda y un terreno con una casa, ambos en Corredores, Puntarenas; y un terreno para construir en San Rafael de Coronado, en San José.

A nombre de ella, como persona física, aparece la quinta con una moderna residencia, rancho para fiestas, lago, helipuerto y amplias zonas verdes, oculta entre una plantación de palma aceitera, que según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), era la casa de campo de Darwin González y su familia.

Esa es la que se conoce como la “finca Darwin”.

Esa propiedad de 17 hectáreas está ubicada en La Cuesta, en Corredores. Juliana Jiménez se la compró a su esposo el 9 de febrero anterior, por poco más de ¢33 millones. Así consta en el contrato de compra y venta.

González había adquirido ese bien inmueble desde el 15 de mayo del 2014, mediante una donación de su abuelo paterno Manuel González Campos, según el acuerdo de cesión inscrito ante el Registro Nacional y del cual La Nación tiene una copia.

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Cuñados del presunto líder

El matrimonio González Jiménez también aparece en una sociedad anónima con uno de los hermanos de Juliana Araya: Mauro Jiménez Araya, de 23 años, quien tiene a su nombre un vehículo de carga pesada, marca Freightliner, cuyo valor fiscal asciende a ¢9,6 millones.

Además, Juliana y Mauro tiene dos propiedades colindantes en Corredores, donde una sociedad pretendía instalar una embotelladora de agua y donde se construyó un puente, al parecer, con recursos de la Municipalidad de ese cantón, asunto que está bajo investigación de la Fiscalía.

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Mauro Jiménez, además, posee otros cuatro vehículos que, en conjunto, cuestan ¢71,3 millones.

Él y sus hermanos Héctor Enrique y Jim Alberto Jiménez Araya, de 34 y 37 años, también figuran como presuntos miembros de la organización.

Dos de ellos también descuentan seis meses de prisión preventiva y el otro tiene monitoreo electrónico bajo arresto domiciliario e impedimento de salida del país por seis meses.

En el caso de Héctor Enrique, solo posee un cuadriciclo que inscribió en el 2012, con un valor fiscal de ¢1 millón, y no tiene propiedades a su nombre.

Mientras que Jim Alberto tiene un terreno de 992 metros cuadrados, en Corredores, y un vehículo de carga liviana de ¢13,3 millones que compró en el 2015.

En conjunto, Darwin González, su esposa Juliana Jiménez y tres de sus cuñados acumulan 28 vehículos y 12 propiedades, que en total, tienen un valor fiscal de unos ¢942 millones.

Detenidos con más bienes

Sin embargo, hay dos detenidos que, por separado, adquirieron bienes más cuantiosos. La lista la encabeza, José Alberto Quirós Salazar, de 44 años, quien fue capturado en Golfito, por la Policía Judicial, el 6 de abril anterior.

El Juzgado Penal de Grecia le impuso, como medida cautelar, monitoreo electrónico bajo arresto domiciliario e impedimento de salida del país por un plazo de seis meses.

Quirós Salazar tiene a su nombre, como persona física, diez vehículos y 14 propiedades en Puntarenas, que cuestan, en conjunto, ¢1.008 millones.

En Sierpe, de Osa, por ejemplo, Quirós también tiene un terreno de pasto de 61 hectáreas, con un valor fiscal de ¢190 millones, y tiene otro de 25 hectáreas, para uso agrícola, de ¢100 millones.

En Drake, en ese mismo cantón puntarenense, posee otra finca de diez hectáreas, valorada en ¢130 millones, mientras que en Golfito tiene una finca, también de diez hectáreas, con cultivo de palma aceitera con un valor de ¢163 millones.

En cuenta a los vehículos, tiene de carga pesada, equipo especial agrícola, dos buques, un cuadriciclo y una motocicleta.

El segundo en lista con más bienes inscritos es Adixon Méndez Mora, de 44 años, quien acumula 16 propiedades y cinco carros a su nombre, como persona física, o bien, a nombre de tres sociedades anónimas donde aparece como presidente de la junta directiva.

En total, esos terrenos ubicados en Coto Brus, Corredores, Golfito y Pérez Zeledón tienen un valor fiscal de ¢897,1 millones, mientras que los vehículos están valorados en ¢81,3 millones, para un gran total de ¢978,4 millones.

Méndez Mora es otro de los ocho detenidos por este caso que descuentan seis meses de prisión preventiva.

Con pocos bienes

A la inversa, los restantes seis detenidos tienen escasos bienes a su nombre. De este grupo, quien más tiene es Hugo Jeudy Gómez Arroyo, de 43 años.

Gómez tiene registrado a su nombre un vehículo de carga pesada, marca Freightliner, modelo 2015, que adquirió el año pasado en ¢32,3 millones y un semi-remolque con un valor fiscal de ¢10.000.

Después, aparece Miguel Elmer Campos Jiménez, de 48 años, quien es oficial del OIJ. Él posee un terreno para construir en San Vito de Coto Brus, de 458 metros cuadrados, que cuesta ¢31 millones y tiene una hipoteca por el mismo valor.

Otro oficial del OIJ, Jonathan Concepción Quiel, de 38 años, tiene un equipo especial para obras civiles y una motocicleta a su nombre. Además, aparece como deudor de un crédito prendario de un Toyota, cuyo valor fiscal es de ¢17,5 millones.

En tanto, Brayan Estribí Angulo, de 35 años, tiene un automóvil de ¢10 millones y aparece como deudor en una hipoteca que pesa sobre una propiedad, a nombre de su mamá, de ¢8 millones.

Por su parte, José Bernabé Chavarría Hernández, de 62 años, y quien es presidente del Concejo Municipal de Corredores, solo tiene a su nombre un vehículo de ¢4 millones.

Olman Santos Madrigal, de 50 años, solo tiene un carro de carga liviana valorado en ¢670.000.

Tanto Campos Jiménez como Concepción Quiel y Estribí Angulo descuentan seis meses de prisión preventiva. En cambio, Gómez Arroyo y Santos Madrigal tienen monitoreo electrónico bajo arresto domiciliario e impedimento de salida del país también por seis meses.

En el caso de Chavarría Hernández, tiene monitoreo electrónico, impedimento de salida del país, debe presentarse a firmar una vez al mes y mantener domicilio fijo.

Este regidor del Partido Liberación Nacional (PLN) fue detenido por, presuntamente, realizar “trámites de permisos municipales” a favor de los miembros de esta aparente organización narco.

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