Narcotráfico

Imponen vigilancia electrónica a presidente municipal detenido en acción contra grupo narco

Juzgado de Grecia ordenó seis meses de prisión preventiva para líder de organización, dos agentes del OIJ y otras nueve personas sospechosas de tráfico de drogas y lavado de dinero

El presidente municipal de Corredores, Bernabé Chavarría Hernández, quedó en libertad este domingo, con vigilancia electrónica, luego de haber sido detenido por, presuntamente, realizar “trámites de permisos municipales” a favor de los miembros de una organización presuntamente dedicada al tráfico de drogas y a la legitimación de capitales.

Él fue detenido el martes anterior en medio de una acción judicial en busca de desarticular al grupo.

La liberación la confirmó el abogado Edwin Duartes, uno de los defensores del político.

“Sí, las medidas son la colocación de brazalete electrónico, el impedimento de salida del país, firmar una vez por mes en un despacho judicial y mantener domicilio fijo. La jueza concluyó que contra él hay mínimos indicios”, añadió Duartes.

Chavarría es un ingeniero agrónomo pensionado del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y resultó electo como regidor por el Frente Amplio (FA) en el año 2016 y luego por Liberación Nacional (PLN) en el 2020.

Paralelamente, trascendió que el Juzgado Penal de Grecia, que lleva este proceso penal, dispuso seis meses de prisión preventiva para supuesto líder del grupo, de apellidos González Hernández, así como para dos agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), apellidados Campos Jiménez y Concepción Quiel.

La misma medida se le impuso a otras nueve personas de apellidos Gómez Arroyo, Quirós Salazar, Santos Madrigal, Méndez Mora, Estribí Angulo, junto a cuatro hermanos apellidados Jiménez Araya (tres hombres y una mujer).

El despacho judicial también mantuvo la prisión preventiva para un individuo de apellidos Ramírez Zeledón, detenido el 28 de octubre del 2020, cuando fue detenido transportando una tonelada de cocaína en una vagoneta en el centro de Jacó, en el cantón de Garabito. Esa droga, según las autoridades, pertenecía a esta organización.

En esa ocasión también fueron arrestados otros cinco hombres de apellidos Gómez, Jiménez, Santos, González y Quirós, que al parecer custodiaban la vagoneta. Esas personas se encontraban bajo arresto domiciliario y, ahora, el Ministerio Público, pidió que la medida se cambiara a prisión preventiva.

No obstante, la jueza Heizel Murillo Beita, a cargo de la diligencia, dispuso mantener las medidas cautelares, impuestas desde octubre pasado.

Al concluir la audiencia el sábado en la noche, apelaron los abogados defensores de todos los imputados a quienes se les dictó prisión preventiva. Igualmente, lo hizo el Ministerio Público en relación con las personas a las que dejaron con vigilancia electrónica. Eso significa que el asunto pasara a ser analizado por el Tribunal Penal de Grecia, en una nueva audiencia que no tiene fecha para realizarse.

Dos años de pesquisas

La investigación contra esta organización dedicada al tráfico de drogas y la legitimación de capitales se inició en noviembre del 2018. El martes anterior, se realizaron allanamientos en los cuales se detuvo a 10 personas.

El supuesto cabecilla del grupo es un empresario dedicado a la producción de palma aceitera de apellidos González Hernández, quien presuntamente, junto a su esposa, apellidada Jiménez Araya, tienen una propiedad en la Cuesta de Corredores, que es llamada la Finca de Darwin.

Se trata de una quinta con una moderna residencia, rancho para fiestas, lago, helipuerto y amplias zonas verdes, que está entre una plantación de palma aceitera.

Ahí había venados, saínos y en el lago peces como los gaspar que viven en el agua dulce y que en el país se conoce su existencia sobre todo en Caño Negro, en la frontera con Nicaragua.

Supuestamente, este grupo trasegaba droga que llegaba a lugares como Burica, Zancudo o Puerto Jiménez. Luego era trasladada hasta el Pacífico central, donde una parte del estupefaciente se comercializaba en el mercado nacional y otra se enviaba a los Estados Unidos.

Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), dijo el martes anterior que este grupo presuntamente estaba trasegando por el país una tonelada de cocaína cada dos meses y que la existencia de la organización era conocida por policías especializadas en la lucha contra el tráfico de drogas de otras naciones.

Para las autoridades, esta organización es propietaria de bienes que están valorados en más de $3 millones.

Carlos Arguedas C.

Periodista en la sección de Sucesos. Trabaja en La Nación desde el 2000 siempre en la cobertura de asuntos de Sucesos y Jurídicos.