Escuchar“¿En qué momento la institucionalidad se convirtió en un freno en lugar de un motor para el desarrollo?”, preguntó, iracunda, la diputada Pilar Cisneros en el plenario, con respecto a la resolución del 27 de noviembre, donde la Contraloría General de la República (CGR) rechazó el recurso de apelación en contra de la “advertencia relacionada con el trámite del Proyecto Ciudad Gobierno”.
En su habitual conferencia de prensa, el presidente animó al Legislativo a crear una comisión investigadora para pedir cuentas a la CGR por su “oposición al proyecto”, y cerró la semana cuestionando, en su cadena nacional, que “por qué y con qué fundamento la contralora decidió que Ciudad Gobierno no va”.
Cisneros afirmó también que la CGR “echó abajo el proyecto con una interpretación antojadiza” e hizo preguntas para levantar sospechas, por ejemplo, “la CGR, ¿es un apoyo o un bloqueo para el país?”.
Como ha sido la tónica durante la administración, acto seguido, una plétora de troles se encargaron de difundir los mensajes agregando denuncias infundadas, atrevidas y difamatorias sobre la CGR.
Llama la atención que el presidente ignore las distintas formas en que la CGR rinde cuentas al Legislativo e incite a la opinión pública a crear un ambiente de duda sobre una resolución que es desfavorable a sus intereses, y desvíe la atención de las debilidades y falencias que la resolución evidencia.
Carencias del proyecto
Resulta igualmente preocupante que la diputada Cisneros haga afirmaciones para extender un velo sobre la fundamentación de la resolución del ente contralor.
De este documento se desprende que la ausencia de los requisitos técnicos para el desarrollo de un proyecto de tal impacto fue precisamente del Mideplán. Por ejemplo, por un lado, afirma que el proyecto se encontraba en fase de estructuración, pero, por otro, pretendía concluir que era la opción más viable, conclusión que solo se puede desprender de estudios faltantes en el expediente facilitado a la CGR. O bien, en el hecho de que, en febrero, el gobierno anunció públicamente la aprobación —no la solicitud ni la valoración— de un crédito del BCIE por $450 millones para la construcción del Proyecto Ciudad Gobierno. Sin embargo, le comunicó a la CGR en julio que no existía el mencionado financiamiento.
Otro ejemplo de las debilidades con las que el gobierno pretendía llevar adelante el proyecto tiene que ver con una de las ideas de la diputada, acerca de que el proyecto no va a costar “un cinco a los costarricenses, y que al cabo de unos años va a ser nuestro”.
En el oficio MIDEPLAN-DM-OF-1309-2023, la ministra de Planificación, Laura Fernández, identificaba al BCIE como el encargado de “diseñar, financiar, construir, alquilar, mantener y luego transferir al gobierno los edificios de Ciudad Gobierno”, mientras que, días después, el contador nacional lo describió como un arrendamiento operativo, entre otras cosas, porque “los bienes no se trasladan” (Oficio MH-DGCN-DIR-OF-0631-2023).
Para fundamentar aún más las dudas, en el mismo oficio, se incluyó un memorando del BCIE, donde dice que no hay transferencia de la propiedad, ni opción de compra, y que la transferencia de la propiedad se determina al final del contrato no durante la suscripción de la contratación. ¿Dónde está la interpretación antojadiza sostenida por la diputada Cisneros?
Si el objetivo del gobierno es reducir los costos de alquileres y construir una infraestructura unificada y propia para el Estado, no se entiende que se plantee un proyecto en una situación de indefinición jurídica, que crea incertidumbre en distintos ámbitos del plan.
Debilitamiento de la institucionalidad como estrategia política
En su análisis sobre los liderazgos populistas actuales y la crisis de la democracia liberal, el politólogo estadounidense Yascha Mounk plantea que en todos ellos se busca socavar las instituciones independientes.
Precisamente por eso, es comprensible el ataque a la CGR y, ante la pregunta de la diputada Cisneros, la respuesta es clara: la CGR es un freno, sí, pero un freno a la corrupción, a los proyectos sin fundamento técnico y legal que ponen en riesgo los recursos públicos, y, de por medio, la funcionalidad misma del sistema democrático.
La CGR bloquea, sí, los intentos de realizar proyectos poco transparentes e inconsistentes. Por supuesto que sus acciones están sujetas a la discusión, pero a partir de criterios técnicos y jurídicos solventes, más allá de falacias y chapuzas.
Parece necesario recordar que las decisiones de oportunidad y conveniencia, con sus respectivos mecanismos de control interno, le corresponden al Poder Ejecutivo, mientras el indispensable control externo lo ejercen, a partir del marco normativo y técnico y del orden institucional y social, y en sus diversos ámbitos de acción, la Asamblea Legislativa (control político), la CGR (vigilancia técnica de la Hacienda pública), el Poder Judicial y el TSE (control jurisdiccional) y la prensa y ciudadanía en general (control social).
Estos, en conjunto, al activarse de manera libre y oportuna, garantizan y demuestran un sano ejercicio de vivencia democrática.
El autor fue fiscalizador asociado en la Contraloría General de la República, es máster en Administración Pública y estudia el programa de Ética, Economía, Derecho y Política en la Universidad Ruhr de Alemania.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/MXD3VO4MGNE5BIXYN7C7AYU6KI.jpg)
El Proyecto Ciudad Gobierno se pretende construir en plaza Víquez. donde se encuentran las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). (Rafael Pacheco Granados)
