En razón de las declaraciones de la diputada Pilar Cisneros, del presidente Rodrigo Chaves y de la ministra de Planificación Laura Fernández, resulta imperativo manifestar lo siguiente sobre la resolución de la Contraloría General de la República (CGR) en torno al denominado Proyecto Ciudad Gobierno.
Me veo obligada a hacerlo en virtud de una evidente campaña que distorsiona y falsea los hechos, cuyo propósito a todas luces es promover un relato que dista de la verdad con respecto a lo actuado por la CGR.
El propósito de la CGR. El propósito único de las resoluciones que emite la Contraloría, también en el caso de Ciudad Gobierno, es que se cumpla con lo que determina nuestro ordenamiento jurídico y técnico para asegurar que el proyecto alcance su objetivo, en beneficio de la colectividad.
Esto es básicamente lo que corresponde en un Estado de derecho. Por tanto, las insinuaciones de dichas autoridades sobre la protección de intereses ajenos son distorsionadas y carentes de fundamento.
Advertencia. La CGR procuró, con su advertencia, prevenir errores o incumplimientos que dieran al traste con el proyecto en su fase de ejecución, nunca paralizarlo, bloquearlo u obstaculizarlo.
Esta argumentación simplemente da la espalda a la verdad. Ha sido una acción preventiva de la CGR; originada en una denuncia recibida, no comprendida así por quienes a toda costa y sin atención a fondo de los criterios técnicos y jurídicos pretenden llevarlo a cabo.
Aunque la intención del proyecto es loable, no se justifica de ninguna manera soslayar estos criterios, por cuanto sobre ellos se cimenta su viabilidad.
Ahorro de recursos públicos. Que el país ahorre recursos en alquileres es una finalidad que compartimos, mas ello no implica realizar proyectos con errores evidentes, los cuales se pueden prevenir.
Los proyectos salen más caros al erario y no alcanzan el resultado esperado cuando no se planifican bien. Por ello, es difícil comprender la actitud asumida por estas autoridades ante las argumentaciones de la CGR. Pretender realizarlo con errores es injustificable e inadmisible, y la insistencia, sin embargo, no deja de inquietar.
No hay arbitrariedades de ninguna especie. Lo que ha hecho la Contraloría es argumentar jurídica y técnicamente, una y otra vez, contra las distintas posiciones tomadas por el Poder Ejecutivo en su recurso respecto de la advertencia emitida. Sin embargo, en lugar de respetar una decisión firme y plantear el desacuerdo por las vías legales correspondientes, la diputada, el presidente y la ministra optan por agredir a la Contraloría General, a la contralora y a la institucionalidad costarricense.
La resolución de la CGR, por lo demás, es clara y asequible a la ciudadanía. Aborda con respeto y técnica uno a uno los reclamos del Poder Ejecutivo. Su debida lectura es indispensable para formarse una certera y atinada opinión.
Casos diferentes. No se vale desinformar a nuestra población esgrimiendo que casos iguales son tratados de manera distinta por la CGR. El Proyecto Ciudad Gobierno no es igual a ninguno de los casos presentados por el Poder Ejecutivo en su recurso.
Es un proyecto que además el Poder Ejecutivo ha dicho que no está estructurado, y, sin embargo, al mismo tiempo afirma que estaba listo para iniciar su ejecución en el mes de setiembre con un acto de demolición, y pretende compararlo, en lo que le conviene, con otros proyectos ya ejecutados.
Arrendamiento operativo o financiero. Tampoco es que la CGR haya desautorizado el criterio del contador nacional sobre este asunto, sino que la base utilizada para sustentarlo, por cierto, emitida por el BCIE, parte interesada, no establece la transferencia de los inmuebles al Estado, a pesar de construirse en terrenos de este, lo cual es inviable jurídicamente.
Por tanto, se está ante un arrendamiento financiero (que además es deuda pública y debe ser valorado así por la Asamblea Legislativa). Adicionalmente, la no transferencia impediría obtener los ahorros esperados del proyecto.
Coadministración. En el Poder Ejecutivo deben estar las personas idóneas que pueden contribuir a discernir y definir alternativas viables para llevar adelante el proyecto. Esa es su responsabilidad. No es tarea de la CGR, no coadministramos; nos corresponde fiscalizar, dado que esa es la tarea esencial que nos asigna nuestra Constitución Política.
Pesos y contrapesos
La insatisfacción de unos y la satisfacción de otros con nuestras acciones de fiscalización ha sido la norma sin excepción en todas las administraciones de uno u otro partido político en el gobierno.
Críticas fuertes y hasta litigios se han presentado en el pasado, siempre en el marco del respeto; porque disentir se vale, todo ello lo asumimos como parte de nuestro papel en democracia. No obstante, hoy vemos con asombro el irrespeto y la desinformación a que se recurre cada vez con mayor frecuencia.
Faltar a la verdad y ante la ausencia de argumentos lanzar ataques a la institucionalidad y a personas servidoras públicas, no sustentar con criterios las diferencias, no solo no resuelve y confunde, sino que ralentiza y encarece el proyecto, castiga su invocada urgencia y, con ello, al erario.
La CGR es parte del sistema de pesos y contrapesos diseñado por nuestros constituyentes, cumplimos el papel que nos fue asignado en el Estado, con la objetividad, imparcialidad y rigor técnico que garantizamos a la ciudadanía y lo seguiremos haciendo porque es nuestra responsabilidad.
Todo lo anterior, en honor a la verdad y como corresponde en las circunstancias que la sociedad democrática está experimentando.
La autora es contralora general de la República.