Contralora ratifica ilegalidad en proyecto Ciudad Gobierno

El Poder Ejecutivo pretende desarrollar la megaobra sin concurso público, mediante un trámite expedito bajo la ejecución y el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en terrenos del Estado ubicados en las cercanías de Plaza González Víquez, en San José.

Ciudad Gobierno busca agrupar a 35 instituciones públicas y casi 11.000 funcionarios. Contempla 210.000 metros cuadrados de construcción y áreas verdes. La obra sería construida bajo una figura de arrendamiento, que se encuentra regulada por el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública.

Al respecto, Acosta señaló en su resolución que dicha normativa no ampara encargar directamente a un tercero el diseño y construcción de obra pública a la medida y que el arrendamiento de bienes inmuebles por construir o en proceso de construcción debe ser sobre terrenos privados.

Manifestó, además, que el arrendamiento financiero conlleva endeudamiento y que el artículo 67 no contempla el diseño, construcción en terrenos públicos, arrendamiento, administración y posterior transferencia de los bienes al Estado.

“La adquisición de un inmueble a plazos, mediante pagos es un arrendamiento financiero y por ende deuda pública, por lo que no existe ninguna razón para eximir tal decisión de las autorizaciones dispuestas en el ordenamiento jurídico vigente”, agrega el criterio emitido por la jerarca.

La Constitución Política establece que toda forma de endeudamiento externo debe de pasar por la Asamblea Legislativa, donde la propuesta debe ser votada positivamente por los diputados. Sin embargo, el Gobierno pretende evitar ese requisito.

Sin culpa por atrasos

La contralora Marta Acosta también recordó que la propuesta presentada por el BCIE no contempla la entrega de las obras al finalizar el plazo de arrendamiento, lo que no resuelve el problema del costo de alquileres alegado por el Gobierno como justificación para reubicar los ministerios en un solo complejo.

En su apelación, los ministros Fernández y Acosta alegaron que las advertencias de la Contraloría sobre el proyecto no toman en cuenta el principio constitucional de valor por el dinero. Ese principio busca que toda contratación pública se oriente en maximizar el valor de los recursos públicos bajo las mejores condiciones de precio y calidad, siendo necesarios los concursos públicos.

“Los recurrentes invocan, sin demostrar, el principio del valor por el dinero, como si el fin de reducir costos de arrendamiento justificara la inobservancia del marco normativo. Los procedimientos especiales no desplazan los principios constitucionales siempre que los primeros se utilicen de manera acotada a su objeto”, expresó la jerarca.

Por otra parte, Acosta sostuvo que a su entidad no se le puede atribuir culpa alguna por atrasos en el proyecto pues, según indicó, quienes plantearon las apelaciones fueron los jerarcas del Poder Ejecutivo y que las propias autoridades han indicado que el plan se encuentra en fase de estructuración.

Alegó, además, que el oficio de advertencia emitido en setiembre no se refiere a Ciudad Gobierno sino a la imposibilidad legal de utilizar el artículo 67 para contratar la obra de manera directa a un tercero. “Se trata de una acción de fiscalización preventiva de los fondos públicos y del principio de legalidad, misión constitucional de la Contraloría General de la República”, señaló.

Finalmente, la Contraloría señaló que se encuentra imposibilitada de referirse por el fondo a los recursos resueltos, debido a la investigación que dicha entidad realiza sobre el proyecto.

Contralora mantiene criterio

La resolución emitida este martes por Marta Acosta respalda la decisión tomada, el 5 de octubre de 2023, por el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la Contraloría, la cual rechazó de plano un recurso de revocatoria interpuesto por los ministros Laura Fernández y Nogui Acosta.

Ambos jerarcas habían objetado una advertencia que emitió el ente contralor, el pasado 4 setiembre, sobre una ilegalidad en la forma como se pretende desarrollar Ciudad Gobierno. En esa ocasión, se indicó que para elegir al desarrollador, se requiere de un procedimiento ordinario de contratación con concurso público, y no de una contratación directa, como promueve el Gobierno.

En su resolución de octubre, el Área de Fiscalización no solo avaló lo indicado en la advertencia original, sino que también cuestionó que los ministros se apoyaran en un memorando del BCIE del 1.° de setiembre del 2023, sobre los términos del proyecto, en el cual no se cita que los edificios serían entregados al Estado al finalizar el contrato.

Este asunto, finalmente, fue elevado al despacho de la contralora general, cuya resolución da por agotada la vía administrativa en este caso.