La Contraloría General de la República (CGR) rechazó el recurso de revocatoria presentado por los ministros de Planificación y Hacienda, Laura Fernández y Nogui Acosta, contra el oficio en que dicha entidad advirtió de que es ilegal la forma como el Poder Ejecutivo pretende desarrollar el proyecto Ciudad Gobierno.
En su resolución, el órgano contralor mantuvo su postura y, además, cuestionó que los jerarcas se apoyaran en un memorando del BCIE del 1.° de setiembre del 2023, sobre los términos del proyecto, en el cual no se cita que los edificios serían entregados al Estado al finalizar el contrato de Ciudad Gobierno.
El Ejecutivo pretende desarrollar la obra sin concurso público, mediante un trámite expedito bajo la ejecución y el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en terrenos del Estado ubicados en las cercanías de Plaza González Víquez, en San José.
Ciudad Gobierno sería construida bajo una figura de arrendamiento, que se encuentra regulada por el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública (LGCP).
Sin embargo, la Contraloría concluyó que, para escoger al desarrollador de la obra, se requiere de un procedimiento ordinario de contratación con concurso público, no de una contratación directa, como promueve el gobierno.
El artículo 67 permite aplicar un procedimiento de contratación especial directa únicamente para la compra y arrendamiento de bienes inmuebles, no para el diseño y la construcción de obra pública, indicó la CGR.
Memorando del BCIE no cita transferencia de obras al Gobierno
En su recurso, los ministros hicieron referencia a un criterio de la Dirección General de Contabilidad Nacional, del Ministerio de Hacienda, según el cual el proyecto implica un arrendamiento operativo, en vez de uno que implique el diseño y desarrollo de obras.
No obstante, la División de Fiscalización de la Contraloría señaló que ese criterio se fundamenta en un memorando reciente del BCIE, mediante el cual se remiten los términos y condiciones para ejecutar el Proyecto Ciudad Gobierno, el cual no indica que las obras pasarán a manos del Estado al terminar el contrato con el Banco.
Para la Contraloría, ese documento suministrado por el Ministerio de Planificación a Contabilidad Nacional es contradictorio e ilógico con respecto todo lo que el Gobierno ha dicho sobre el proyecto.
“Se argumenta que no existe transferencia del bien al final del contrato, lo cual resulta opuesto a la información a la que tuvo acceso el órgano contralor al momento de emitir la advertencia (setiembre), ya que en reiteradas oportunidades las autoridades de Gobierno han indicado que, al finalizar el arrendamiento con el BCIE, los bienes serían transferidos al Estado”, manifestó.
Este memorando, además, contradice el anuncio realizado en la página web de Presidencia de la República, el día 28 de febrero de 2023, donde se indicó que, luego del periodo de arrendamiento, las obras pasarían a manos del Estado.
Ante eso, la Contraloría fue clara en remarcar que la condición de no transferencia del bien al finalizar el contrato no es jurídicamente viable.
“No sería lógico concluir que es posible que una obra construida en terrenos propiedad del Estado no sería transferida a este al finalizar el contrato correspondiente. Esta situación, incluso, contradice uno de los objetivos del proyecto Ciudad Gobierno”, agrega la CGR.
Al respecto, Nogui Acosta, ministro de Hacienda, indicó que buscarán que todos los aspectos contractuales se definan de acuerdo con la legislación costarricense actual; sin embargo, evitó referirse a la no transferencia de las obras por parte del BCIE.
“Por respeto a la atención del recurso de apelación en subsidio que en este momento se encuentra en trámite en el despacho de la señora contralora general de la República, no podemos emitir ninguna información al respecto”, indicó Acosta.
Principio constitucional de valor por dinero
Los ministros también alegaron, en el recurso, que las advertencias de la Contraloría no toman en cuenta el principio constitucional de valor por el dinero. Ese principio busca que toda contratación pública se oriente en maximizar el valor de los recursos públicos bajo las mejores condiciones de precio y calidad, siendo necesarios los concursos públicos.
El órgano contralor contestó: “La aplicación del principio de valor por el dinero no permite seleccionar contratistas al margen de los respectivos concursos públicos. Este principio por sí mismo no permite bajo ninguna lectura una habilitación para utilizar procedimientos especiales”.
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Asimismo, los jerarcas argumentaron que la figura de arrendamiento no constituye deuda pública, pero la CGR hizo hincapié en que un arrendamiento financiero para la adquisición de un bien inmueble, que requiere de pagos a lo largo de un periodo para cubrir el valor razonable del activo, conlleva deuda pública.
El órgano contralor reiteró que el plan de Ciudad Gobierno debe pasar por la Asamblea Legislativa, ya que es la única autoridad con potestad constitucional para aprobar un financiamiento internacional.
“Si no se registra como deuda, esto afectaría la calidad de la información fiscal y la trazabilidad de las obligaciones contraídas por el Estado, generando falta de transparencia al no poder conocer realmente el nivel de compromisos financieros asumidos por el Estado con consecuencias nefastas para la credibilidad”, señala la resolución de la CGR.
El documento recalca que, al ceder el Estado sus terrenos para que el BCIE desarrolle las obras, se estaría violentando la ley.
“Dado que el proyecto Ciudad Gobierno se desarrollaría en bienes propiedad del Estado, este actuaría tanto como arrendador como arrendatario de dicho bien, lo cual tampoco es jurídicamente viable bajo el supuesto establecido en el artículo 67 de la LGCP”, insistió el ente contralor.
Contraloría cuestiona interpretación de ministros
Según la resolución, la interpretación de los ministros amplía los alcances de la norma más allá de su literalidad y fin. Asimismo, les indicó a los jerarcas que no aportaron material que permita justificar la contratación directa del BCIE.
“No se solventa lo atinente al fundamento jurídico para contratar directamente con el BCIE un objeto contractual que abarca más que el arrendamiento de un inmueble. Además, resulta importante aclarar que los casos que se citan en el recurso presentado por la Administración fueron ejecutados bajo un marco jurídico que actualmente no se encuentra vigente”, aseveró.
El complejo inmobiliario pretende agrupar a 35 instituciones públicas y casi 11.000 funcionarios. Contempla 210.000 metros cuadrados de construcción y áreas verdes, las cuales abarcarán tres cuadras al oeste de plaza González Víquez, y media cuadra al costado oeste del Liceo de Costa Rica, al sur de San José.
El recurso de revocatoria fue presentado en contra de la advertencia emitida por la Contraloría bajo el oficio DFOE-FIP-0354, del 4 de setiembre de 2023. Luego del rechazo de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR, ahora la gestión de los ministros pasa a la contralora general, Marta Acosta.
