Durante una sesión en la Comisión de Hacendarios, la diputada de Gobierno, Pilar Cisneros, pidió a la contralora general, Marta Acosta, revelar la identidad de la persona que denunció irregularidades en la forma en que se contratarían las obras del proyecto Ciudad Gobierno.
“Señora contralora, ¿pudiéramos saber de quién fue la denuncia con respecto a Ciudad Gobierno?”, preguntó Cisneros.
Acosta contestó que la Ley General de Control Interno ordena proteger la confidencialidad del denunciante.
La diputada preguntó, entonces, si realmente hubo una denuncia formal. La contralora respondió que sí.
Esta denuncia generó un oficio por parte de la Contraloría General de la República (CGR), advirtió al Gobierno de que es ilegal la forma en que pretende desarrollar el proyecto Ciudad Gobierno.
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El plan consiste en levantar edificios públicos para albergar la mayoría de las oficinas del Gobierno Central en terrenos estatales al oeste de plaza González Víquez, en San José. La intención del Poder Ejecutivo es que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) construya la obra de $450 millones y, luego, alquile el uso de los inmuebles al Estado.
Sin embargo, la Contraloría concluyó que la construcción no puede ejecutarse bajo la figura “de arrendamiento de inmuebles por construir”, sino mediante los procedimientos ordinarios de la Ley General de Contratación Pública, porque los terrenos son propiedad del Estado, no del BCIE.
En consecuencia, el Gobierno debe sacar a concurso una contratación pública para escoger al mejor oferente, en apego al “principio de transparencia”, y utilizar el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) donde todo el expediente es de acceso irrestricto a cualquier persona.
La Contraloría indicó que esta advertencia surgió en el contexto de una denuncia en proceso de análisis y que el financiamiento del BCIE, además, debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa por ser endeudamiento externo.
Cisneros argumentó que, a pesar de las advertencias de la CGR, la propuesta del Gobierno resultaría más económica en comparación con un fideicomiso. Luego, insistió en conocer la identidad del denunciante cuando se resuelva el caso.
Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio, subrayó la importancia de mantener la confidencialidad de las denuncias presentadas ante la Contraloría como un tema fundamental.
Argumentó que esta medida es esencial para proteger a los denunciantes de posibles represalias por parte de individuos con influencia política o poder en la administración pública.
Hizo hincapié en la necesidad de garantizar que aquellos que denuncian posibles irregularidades tengan todas las herramientas necesarias para hacerlo sin sentir presión ni temor.
Ahora, un cuarto ajuste presupuestario que se discute en Hacendarios propone la reasignación de ¢3.000 millones presupuestados para la compra de terrenos de Ciudad Gobierno hacia obras de la carretera de Circunvalación y la expropiación de terrenos de la Ruta 32.
La diputada Cisneros señaló que, debido a las preocupaciones planteadas por la Contraloría en relación al procedimiento del Ejecutivo para llevar a cabo el proyecto Ciudad Gobierno, y considerando que ya se habían presupuestado estos fondos, se ha decidido reasignarlos a proyectos de alta urgencia en el país.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, confirmó que estos recursos no podrán utilizarse en el proyecto originalmente previsto.
Los ministros de Planificación y Hacienda, Laura Fernández y Nogui Acosta, presentaron una apelación contra la advertencia de la Contraloría, pero la institución rechazó el recurso de revocatoria.
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