Rodrigo Chaves afirma que ‘si es necesario’ presentará proyecto de ley para Ciudad Gobierno

El martes, la contralora general, Marta Acosta, rechazó un recurso de apelación presentado por los ministros de Planificación, Laura Fernández, y de Hacienda, Nogui Acosta, en contra de un primer criterio de la CGR que objetó la vía escogida por el gobierno.

En su respuesta, Acosta explicó nuevamente que la figura seleccionada por el Poder Ejecutivo, “de arrendamiento de inmuebles por construir”, no está contemplado en la Ley General de Contratación Pública.

Desde el pasado mes de setiembre el ente contralor alertó que es ilegal realizar el proyecto sin concurso público, mediante un trámite expedito bajo la ejecución y el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con un crédito de $450 millones.

Uno de los principales problemas es que el BCIE no puede alquilar al gobierno costarricense por el arrendamiento de edificios construidos sobre terrenos del Estado.

Así lo ratificó Acosta en su resolución del 28 de noviembre, con la cual se da por agotada la vía administrativa.

Según la Contraloría, el gobierno debe sacar a concurso una contratación pública para escoger al mejor oferente, en apego al “principio de transparencia”, y utilizar el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), donde todo el expediente es de acceso irrestricto a cualquier persona.

Adicionalmente, la contralora Marta Acosta advirtió, desde agosto, de que el proyecto de Ciudad Gobierno debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa, debido a que conlleva endeudamiento internacional del BCIE.

“La adquisición de cualquier bien inmueble a plazos, mediante pagos para cubrir el valor razonable del activo, se constituye en un arrendamiento financiero y, por tanto, en deuda pública, debiendo cumplir con las autorizaciones y aprobaciones establecidas en el ordenamiento jurídico vigente”, determinó.

Ciudad Gobierno busca agrupar a 35 instituciones públicas y casi 11.000 funcionarios. Contempla 210.000 metros cuadrados de construcción y áreas verdes.

“Si es necesario, vamos a presentar un proyecto de ley, donde la Contraloría les va a pasar a ustedes (diputados) la responsabilidad de decidir si esta alcahuetería de ¢27.000 millones al año (por concepto de alquileres) que le sacan de su bolsillo debe continuar”, afirmó el mandatario.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, Chaves criticó el accionar de la CGR y dijo que los diputados de la Asamblea Legislativa deberían instaurar una comisión investigadora para indagar por qué el órgano contralor se niega a aprobar su iniciativa.