¿Quién sigue?

Para no caer en esa definición, un gobierno debe abstenerse de procurar réditos, siquiera políticos, mediante las funciones asignadas por ley y los medios puestos a su disposición por el erario. La práctica es particularmente odiosa cuando el provecho derivado de ella es silenciar la crítica.

El aprovechamiento del poder, o su desviación para reprimir los puntos de vista disidentes, es práctica común de los gobiernos autoritarios del planeta. En América Latina, los gobernantes autoritarios han ensayado todas las fórmulas imaginables. Entre ellas, la instrumentalización de la autoridad tributaria, los permisos de funcionamiento, la publicidad oficial, los medios de fiscalización y el uso de las más altas tribunas para denunciar al adversario con insinuaciones y pruebas endebles.

Con pocas excepciones, la tradición costarricense se ha mantenido lejos de esos vicios, pero una cadena de incidentes, todos relacionados con medios de comunicación críticos hacia la administración Chaves, exigen hacer un alto para examinar el rumbo y evitar una caída por el despeñadero de la corrupción, cuyo fondo siempre es difícil de imaginar.

El país ha desarrollado una vigorosa institucionalidad, capaz de servir de guardavalla para aminorar o anular las peores consecuencias de un abuso, pero esos mecanismos de protección deberían permanecer sin uso, salvo en circunstancias excepcionales, producto del respeto al ordenamiento jurídico por las autoridades con funciones y medios de los cuales se puede abusar.

Una denuncia anónima desembocó en el cierre del Parque Viva, una inversión del Grupo Nación destinada a diversificar sus fuentes de ingresos y complementar la actividad periodística. Los inspectores de Salud no encontraron deficiencia alguna, pero de todas formas se decretó el cierre alegando la estrechez de calles cuya ampliación corresponde al Estado. El propio Estado permitió el desarrollo de la zona después de la instalación del Parque y no se preocupó por ampliar la vía.

Con vista en abundante prueba, la Sala Constitucional no encontró dificultad alguna para identificar un abuso de las funciones y medios de las organizaciones involucradas para atropellar la libertad de expresión de un medio crítico de la administración. “Es evidente que el cierre de Parque Viva es un mecanismo indirecto, atropellado e ilegítimo que violenta la libertad de expresión. (...) Configurándose así, a todas luces, una clara y evidente desviación ilegítima del poder”, dijeron los magistrados.

Otra denuncia anónima cayó sobre Leonel Baruch, accionista del periódico digital CRHoy. Con bombos y platillos, la administración convocó una conferencia de prensa para anunciar la denuncia de un “megacaso” de evasión, estimado en ¢11.000 millones, supuestamente cometido por Beta Matrix S. A., propiedad de Baruch.

El asunto estaba sujeto a una solicitud de desestimación, y cuando los diputados pidieron explicaciones, el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró, vehementemente, la existencia de un informe técnico para acreditar el “fraude”. Ese informe no aparece, pero la insistencia de Baruch ante la Sala IV y el propio Ministerio obligó a entregarle otro estudio, fechado tres meses antes de la conferencia de prensa, donde se establece la ausencia de fraude y se pide archivar la denuncia. Ese documento permaneció oculto hasta hace pocos días, pero, todavía la semana pasada, el presidente Chaves preguntó al Ministerio Público, durante su conferencia de prensa de los miércoles, qué pasó con la “evasión” de Baruch.

“Es importante que se vaya evidenciando el abuso de poder, por parte del gobierno, en su afán de dañar a las personas que considera sus enemigas por no ser complacientes con sus demandas autoritarias”, dijo Baruch.

A Vilma Ibarra, del programa radiofónico Hablando Claro, no la señalaron a partir de una denuncia anónima. Ni siquiera la mencionaron por su nombre. La periodista ha sufrido la violencia de las redes sociales porque el presidente insinuó, con base en una auditoría declarada secreta aun para los afectados, que recibió $732.000 “para hacerle propaganda a la construcción de una carretera” y comprar “el beneplácito de algunos medios de prensa”.

El mandatario solo describió a Ibarra como una prominente informadora y luego insistió en que estaba “hablando claro”. En realidad, no pasó de crear una nebulosa desde la tribuna de privilegio de la presidencia. Ibarra fue contratada por la empresa de asesoría que dio servicios de comunicación, relaciones públicas y comunitarias a la unidad ejecutora de la ruta 32. Niega haber recibido la suma citada y asegura que tampoco lo hizo la empresa. También rechazó las demás afirmaciones del presidente, pero le impiden el acceso al documento para conocer el contenido y defenderse.

La pregunta pendiente es: ¿Quién sigue?