La Sala IV ordenó al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, entregar a Leonel Baruch, presidente de las juntas directivas del Banco BCT y del medio CRHoy, el informe técnico que fundamentó el traslado al Ministerio Público de una denuncia anónima sobre un supuesto “megacaso” de evasión fiscal en contra del empresario.
La orden también cubre a Mario Ramos, director de Tributación. A ambos funcionarios se les dio un plazo de cinco días para suministrar el documento, al tiempo que el Estado fue condenado al pago de daños.
Ante los magistrados, Baruch argumentó que en Hacienda “se abrió una investigación tributaria, se envió el caso al Ministerio Público, se dijo que había un informe técnico tributario que fundamenta la denuncia y no se aportó al expediente penal ni me lo han querido entregar”.
En su criterio, lo sucedido “configura una violación grosera al derecho a la defensa, al debido proceso, a la rendición de cuentas de los funcionarios públicos”. También, alegó violación al derecho a la igualdad.
Por unanimidad, los magistrados declararon parcialmente el recurso con lugar en cuanto a la negativa de Hacienda a entregar el informe.
El ministro Acosta declaró al respecto: “El señor Baruch está en todo su derecho. El informe fue entregado al gestionante antes de la resolución de la Sala Constitucional, por lo cual no se tiene que hacer una gestión adicional. La solicitud se hizo ante la Tributación y no tengo mayor relación con el caso”.
El empresario, en tanto, dijo que es absolutamente falso que Hacienda le haya entregado un informe técnico que demuestre la supuesta evasión de ¢11.000 millones de colones.
Baruch: Se evidencia el abuso de poder
Leonel Baruch declaró al conocer la resolución de la Sala IV: “Es importante que se vaya evidenciando el abuso de poder por parte del Gobierno, en su afán de dañar a las personas que consideran sus enemigos por no ser complacientes con sus demandas autoritarias.
“La negativa del Ministerio de Hacienda a entregar el supuesto informe que da cuenta de un supuesto y falso fraude de ¢11000 millones, no es por otra razón de que no existe ni existió delito tributario alguno.
“Lo que está en juego aquí es la institucionalidad del país, la democracia y el respeto a los derechos individuales de los costarricenses; la defensa del país ante un Gobierno de corte autoritario, cuyo interés parece ser la destrucción del país y no la construcción de oportunidades y mejores condiciones de vida para todos los costarricenses es responsabilidad de todos”.
Lo expuesto en el recurso de amparo
En el recurso, Leonel Baruch expuso: “Se niega la oportunidad de poder revisar los supuestos elementos de convicción que tuvieron las autoridades al denunciar penalmente, y eso es la diferencia entre un Estado democrático y un Estado dictatorial, que busca exterminar, a toda costa, a cualquier persona o entidad que exprese desacuerdo con acciones y objetivos del gobernante”.
El 29 de enero de este año, en conferencia de prensa, el Ministerio de Hacienda anunció un presunto caso de evasión de un banco privado, por ¢11.000 millones, a partir de una denuncia anónima recibida en julio del 2022.
El ministro Acosta argumentó que el caso fue enviado a la Fiscalía porque los supuestos hechos ya habían prescrito en Tributación, pues habrían ocurrido entre el 2008 y el 2015.
Luego, el 31 de enero en la Asamblea Legislativa, bajo juramento, el ministro de Hacienda declaró que existía un informe técnico sobre el caso. Lo afirmó ante una pregunta de la diputada Kattia Rivera, de Liberación Nacional (PLN).
A raíz de ello, el 7 de febrero de 2023, Baruch solicitó el informe a Mario Ramos, director de Tributación, “con el propósito de conocer los ‘supuestos técnicos’ que dieron como resultado una supuesta, pero inexistente evasión tributaria y ejercer por tanto mi legítimo derecho de defensa”.
“Desde ese día y hasta la fecha, no he tenido respuesta alguna por parte de las autoridades tributarias. Han pasado más de diez días hábiles para la entrega de la información y ni siquiera me han contestado nada”, dijo el empresario.
Agregó que no existen “motivos suficientes para justificar el tiempo demorado” porque se trataría de un informe técnico tributario ya listo, sin prueba por evacuar.
La denuncia anónima
La denuncia anónima indicaba que una empresa domiciliada en Costa Rica trasladó a una empresa holding vinculada, domiciliada en Panamá, $65 millones, y que ambas empresas pertenecen a la misma persona física.
“A su vez, una entidad financiera panameña, también vinculada a la misma persona física y a la empresa costarricense, efectuó un préstamo por $65 millones a esta empresa. La garantía por tal préstamo fue brindada por la empresa holding panameña”, había informado el Ministerio de Hacienda.
El 25 de enero, el empresario afirmó públicamente que la denuncia anónima es una falsedad del Gobierno para dañar intencionalmente la reputación del Banco BCT “y ulteriormente dañar a CRHoy, un medio de comunicación que ha sido transparente y que no se ha dejado intimidar al denunciar las irregularidades de esta y otras administraciones”.
Baruch aseguró que el supuesto fraude investigado no tiene ninguna relación con el Banco BCT, sino que se refiere a la empresa Beta Matrix S. A., que es una sociedad costarricense de su propiedad, no relacionada con la entidad bancaria.
“Esta es una sociedad que no tiene actividad económica. No compra, no vende, no produce nada. No tiene empleados. Lo que tiene son acciones de otras sociedades, de las cuales algunas pagan dividendos y otras no. Por lo tanto, sus únicos ingresos son los dividendos”, dijo a principios de año.
En el recurso de amparo ante la Sala IV, el empresario agregó sobre la sociedad: “Solo ha tenido ingresos por concepto de dividendos, ingresos que por Ley no forman parte de la renta imponible conforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta”.
Baruch sostuvo que “un informe técnico basado en hechos ciertos y las disposiciones de la Ley no pueden arrojar otra cosa que la inexistencia de un delito tributario”.
Por ello, no considera extraña la negativa del Ministerio de Hacienda y la Dirección General de la Tributación para entregarlo.
Baruch expuso propaganda gubernamental y troles
En el recurso, Baruch relató que la conferencia en Hacienda se hizo “con el ánimo de afectar mi reputación personal y, al mismo tiempo, causar pánico entre los clientes del Banco BCT y así lograr una ‘corrida bancaria’ para ‘quebrar’ a dicha entidad bancaria.
“Eso lo hicieron con el siguiente razonamiento: si se golpea y se ‘quiebra’ al Banco BCT, se golpea a Baruch Goldberg en lo personal y de esa manera se golpea al medio de comunicación CRHoy, que ha tenido una línea editorial crítica frente a los abusos de poder del Gobierno de la República y así se golpea al derecho constitucional de libertad de prensa”, dijo Baruch en el recurso.
Argumentó que, cuando estaba terminando la conferencia de prensa, “los conocidos ‘troles’ del Gobierno circularon de forma ‘viral’ suplantación de páginas de CRHoy donde en una se indicaba que había huido del país ese día en la mañana en ‘mi jet privado’, que por supuesto no tengo y otro indicando que se estaba dando una corrida de fondos en Banco BCT”.
“Otros troles urgían a los depositantes del Banco BCT a sacar de inmediato sus depósitos. Nadie pudo haber ejecutado eso en tan corto tiempo (inmediato a terminar la conferencia de prensa) que no sea en coordinación previa con los funcionarios que hicieron la conferencia de prensa”.
Baruch agregó que “los medios aliados al Gobierno han llamado el asunto como el Caso BCT, cuando el Banco BCT no tiene absolutamente nada que ver. No fue denunciado, ni por el denunciante ‘anónimo’ ni por el Ministerio de Hacienda ante el Ministerio Público, pero sí fue involucrado con falsedad evidente”.
Insistió en que le pasaron la denuncia al Ministerio Público “sabiendo que los hechos no son constitutivos de delito alguno y que además los hechos, de haberlos sido actos penales, sin serlos, estaban prescritos, todo el con el fin de que posteriormente, responsabilizar políticamente a la Fiscalía y al Poder Judicial de la correcta y justa solución del caso y así agitar más a la población costarricense en contra de la institucionalidad y de la tradición democrática nacional”.
El recurrente resumió así lo sucedido:
- “Existió propaganda gubernamental haciendo alarde de un “megacaso” de evasión aun sabiendo y ocultando que existía una solicitud de desestimación por parte del Ministerio Público.
- “En la Asamblea Legislativa, el Ministro de Hacienda afirmó que existía un informe técnico tributario que sustentaba el supuesto fraude tributario.
- “En el expediente penal 22-000070-621-PE que se tramita en el Ministerio Público, no se aportó ningún informe técnico tributario por parte de las autoridades correspondientes a la hora de enviar el caso a esa sede.
- “Le he solicitado el informe a las autoridades y no me lo han facilitado, toda vez que dicho informe de haber sido elaborado de forma objetiva y de acuerdo a la Ley, me favorece y de esta manera se está ante un acto absolutamente espurio y contrario a la ley y por ello, con la negativa de darme el informe se incumple el principio de rendición de cuentas”.