Era martes 5 de julio del 2022. Solo transcurrieron 69 minutos desde que la sede del Ministerio de Salud en Alajuela recibió una denuncia anónima hasta que envió funcionarios a Parque Viva, en La Guácima, e inspeccionó las instalaciones de ese centro de eventos y entretenimiento, propiedad de Grupo Nación.
Antes y después de ese trámite expedito, todo ocurrió de manera fugaz hasta que se concretó el cierre de ese inmueble, solo tres días después, el viernes 8 de julio. Ese día, el gobierno de Rodrigo Chaves suspendió el permiso sanitario de funcionamiento, bajo el alegato de que produce “enormes presas”.
No obstante, este viernes 21 de octubre, 105 días después, los magistrados de la Sala Constitucional, por mayoría, decidieron anular esas órdenes sanitarias al considerar que constituyeron “una violación indirecta a la libertad de prensa”.
A continuación se detallará y se mostrará la manera fugaz en la que se concretó el cierre de Parque Viva, algunos de los hechos que ocurrieron incluso después de que se decretara la clausura de ese inmueble.
Todos los documentos y hechos que se enumerarán constan en el expediente del recurso de amparo que se tramitó en la Sala IV y fueron aportados tanto por la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud, como por parte del recurso de amparo interpuesto por un grupo de periodistas del diario La Nación, encabezados por su director, Armando González.
Martes 5 de julio del 2022
— Todo habría comenzado el martes 5 de julio del 2022. Ese día, el despacho de la ministra de Salud, Joselyn Chacón, recibió una denuncia anónima, la cual utilizó para justificar el cierre. Ese documento fue recibido en las oficinas centrales de ese ministerio en el centro de San José. Se desconoce la hora de recepción porque el documento no tiene sello de recibido. No obstante, debió ser después de las 8 a. m., pues hasta esa hora abren dichas oficinas.
— A las 12:24 p. m., cuatro horas y 24 minutos después de abierto dicho ministerio —y de haber recibido la denuncia—, Chacón solicitó criterios técnicos urgentes a los jerarcas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), según el oficio MS-DM-5754-2022.
— En paralelo, 14 minutos después, a las 12:38 p. m., Chacón trasladó el formulario de esa denuncia a la doctora Karina Garita Montoya, directora regional de Salud Central Norte, que comprende Alajuela y Heredia, y cuya sede está ubicada en esta última provincia. Así consta en el oficio MS-DM-5756-2022, firmado electrónicamente por la ministra.
— Tres minutos después, a las 12:41 p. m., se estampó un sello de recibido de ese formulario de denuncia en la sede del Ministerio de Salud en Alajuela.
El traslado en físico se habría realizado en cuestión de tres minutos. Pero, suponiendo que se hizo de manera electrónica, en cuestión de 180 segundos se envió el correo electrónico, se recibió en la dirección regional, se leyó, se imprimió y se le puso el sello de recibido.
— Y 69 minutos después, a la 1:50 p. m., ya había concluido la inspección de personeros del Ministerio de Salud en las instalaciones de Parque Viva, en La Guácima, de acuerdo con el acta de inspección firmada justo a esa hora.
En otras palabras, entre la recepción de la denuncia en la sede del ministerio en Alajuela y el fin de inspección en Parque Viva, en La Guácima, habrían transcurrido solo 69 minutos.
— A ese trámite fugaz, le siguió otro. A las 5:26 p. m., tres horas y media después —y fuera del horario de oficina—, los inspectores de Salud de Alajuela 2, recomendaron trasladar la denuncia al MOPT para que “valoren las condiciones denunciadas que son competencia de esta dependencia”. Y tras no hallar ninguna anomalía en las instalaciones de Parque Viva.
Es decir, los inspectores de Salud recomendaron trasladar la denuncia a Obras Públicas y Transportes cinco horas después de que la ministra Joselyn Chacón ya les había pedido criterios urgentes a los jerarcas de esa cartera.
— Posteriormente, a principios de agosto pasado y contrario a los oficios que ella misma entregó a la Sala IV, Chacón aseguró a los magistrados constitucionales que ella solicitó los criterios técnicos urgentes a los jerarcas del MOPT hasta después de la inspección hecha por personeros de Salud.
“(…) Así las cosas, mediante el oficio N.° MS-DM-5754-2022, este despacho ministerial, con carácter de urgencia, solicitó al señor Luis Esteban Amador Jiménez, en su condición de ministro de Obras Públicas y Transportes, y a la señora Laura Ulloa Albertazzi, viceministra de Transportes y Seguridad Vial, criterio técnico en relación con las calles de acceso al recinto comercial privado, denominado ‘Parque Viva’, ubicado en La Guácima de Alajuela, con el fin de dilucidar aspectos estructurales y de seguridad humana (…)”, consta en ese informe de descargo, tras el amparo presentado por periodistas de La Nación el 27 de julio anterior.
Miércoles 6 de julio
Un día después, el miércoles 6 de julio, en conferencia de prensa, el presidente Rodrigo Chaves atacó al diario La Nación, el cual pertenece a Grupo Nación, utilizando datos distorsionados sobre los bonos emitidos por La Nación S. A. en el mercado bursátil entre el 2013 y el 2014. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y su operadora de pensiones adquirieron parte de esa colocación.
Esas entidades invirtieron, por decisión propia, con el fin de ganar intereses. Los rendimientos siempre los han pagado puntualmente, admitió el mismo Álvaro Ramos, entonces presidente ejecutivo de la CCSS.
En específico, la Caja invirtió ¢2.950 millones del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), mientras que la operadora de pensiones complementarias adquirió otros ¢750 millones.
Pese a estar al día con el pago de rendimientos, Chaves aseguró: “Sí, tenemos un tema muy serio con los bonos que gobiernos anteriores compraron, emitidos por La Nación, y que financiaron con dos fuentes: la pensión de su mamá, de su abuelita, de su tío, del IVM; y las pensiones de los empleados de la Caja, en el Fondo de Retiro de Empleados (FRE)”.
Posteriormente, agregó: “Tenemos mucha preocupación de la capacidad de pago que tendría ese medio, que parece muy, muy leve, y, segundo, de algunas acciones contables y desviación de activos o contribución de activos a otros, que debilitan la probabilidad de que el pueblo de Costa Rica, desde nuestro punto de vista, pueda recuperar los recursos que son sustanciosos”.
Y más adelante dijo: “La rentabilidad de La Nación es pública, ¿verdad? Sí, la rentabilidad de La Nación es pública, va en caída libre y eso significa que está incurriendo en pérdidas constantes, constantes, constantes.
“Y entonces uno se pregunta, yo no sé, tal vez tengan una varita mágica y logren levantar el flujo de caja. ¿Qué pasa? Es el deber de cuidar la pensión de su abuelita, qué pasa si a La Nación se le ahorca el flujo de caja, y no está la propiedad, porque está en otra parte… esa es la pregunta”.
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Jueves 7 de julio
Tras las declaraciones de Chaves, La Nación publicó un día después, el jueves 7 de julio, un artículo rebatiendo las afirmaciones del mandatario.
Pedro Abreu, director ejecutivo de Grupo Nación, dijo no entender la preocupación, pues los intereses se han pagado puntualmente. Ya se pagaron dos emisiones de bonos en su totalidad, se tienen los recursos para saldar una tercera y se trabaja en los de la última, que vence en tres años. Además, declaró que el patrimonio de la empresa supera por mucho el valor de los bonos.
Explicó además que la relación de deuda patrimonio de la empresa es de 1 (deuda) a 2 (patrimonio) y que, para el 2024, será de 1 a 4 luego de cancelarse el vencimiento de bonos de ese año.
“(…) Si la preocupación está por ahí, tenemos muchísimas propiedades. Estamos hablando de cinco hectáreas en Tibás, pero tenemos 35 hectáreas en La Guácima y, en esas 35 hectáreas, tenemos edificios por $30 millones. Estamos hablando de que la deuda restante, ese 28%, podría andar ahorita entre $8 millones y $9 millones, depende del tipo de cambio; entonces, en garantías, tenemos más que suficientes”, detalló ese día Abreu.
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Viernes 8 de julio
Menos de 24 horas después de que Abreu rebatiera las afirmaciones del mandatario Chaves, el viernes 8 de julio, el Gobierno suspendió el permiso sanitario de funcionamiento de Parque Viva. El principal alegato fue que ese negocio produce “enormes presas”.
Mediante una notificación enviada a la administración de Parque Viva, el Ministerio de Salud informó de que la orden de cierre surgió a raíz de una “denuncia anónima”, la cual fue “trasladada mediante oficio desde el despacho de la ministra de Salud (Joselyn Chacón)”.
La decisión de suspender el permiso fue tomada por el Comité Asesor Técnico en Concentraciones Masivas, el cual está integrado por representantes de los ministerios de Salud y de Obras Públicas y Transportes, así como de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Cruz Roja, Bomberos e Instituto Costarricense de Deporte y Recreación (Icoder).
Ese órgano fue convocado “por una solicitud del Ministerio de Salud” para conocer el tema del Parque Viva en una sesión extraordinaria realizada un día antes, el jueves 7 de julio, un día después del ataque de Chaves contra La Nación.
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Miércoles 13 de julio
Cinco días después y tras múltiples consultas de los medios de comunicación, luego de que la ministra Joselyn Chacón dijera que se basaron en criterios técnicos de la CNE, la Cruz Roja y otras instituciones públicas para cerrar Parque Viva, se dieron a conocer cuatro informes.
Según consta en esos documentos, todos fueron emitidos posterior al 8 de julio, día en que el Gobierno ordenó la clausura del recinto.
Los informes de Fuerza Pública, MOPT y el Sistema de Emergencias 911 tienen fecha del lunes 11 de julio. Mientras que el Cuerpo de Bomberos presentó su informe el domingo 10 de julio.
De los cuatro, solo el del ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, contenía una recomendación: reducir aforo a 2.400 personas por evento para que las calles públicas puedan soportar el tránsito de esas actividades.
