EscucharLa Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) obtuvo de la Asamblea Legislativa, en el 2019, un plan de rescate de ¢49.000 millones. En el 2021, el dinero se había esfumado y los diputados aprobaron un segundo salvamento de ¢6.000 millones como préstamo urgente para evitar el cierre. Ahora, un acta de la Junta Directiva revelada por La Nación avisa del agotamiento de los fondos dentro de un par de meses.
A cada paso, la aprobación de la ayuda se hizo bajo promesa de financiar la reestructuración de la empresa para eliminar el exceso de personal y hacerla rentable. Ocho de cada diez trabajadores sobraban. Para amortiguar el impacto de su desempleo, las autoridades diseñaron generosos planes de apoyo, incluyendo traslados a otras instituciones públicas, un sistema de prejubilación para mayores de 55 años y hasta ocho salarios adicionales a las prestaciones normales.
Así se logró la reducción de la planilla en unos 700 empleados, pero el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) embargó las cuentas de la institución para garantizar el resultado de una demanda por recursos no girados al fondo de ahorro de los trabajadores como aporte patronal establecido en la convención colectiva.
El embargo impidió, durante meses, ejecutar nuevas liquidaciones y la empresa quedó con una planilla de 510 empleados, cuando debía operar con 275, según la capacidad financiera del momento. El exceso de empleados profundizó la crisis y, cuando Japdeva recuperó la facultad de disponer del dinero, el daño estaba hecho. Entonces, tramitó el préstamo de ¢6.000 millones, de los cuales la tercera parte estaba destinada a completar la reestructuración, pero, una vez más, el objetivo no se alcanzó.
Ahora, el gobierno prevé una reducción aún más drástica de la planilla. El presidente Rodrigo Chaves estimó en 80 el número de trabajadores necesarios para mantener las operaciones portuarias. Por su parte, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, descarta la posibilidad de un nuevo plan de rescate financiero y, al mismo tiempo, propone acelerar el proceso de reestructuración iniciado por la administración de Carlos Alvarado.
Eso no se podrá lograr sin recursos. Además, dijo el ministro, el cierre de la empresa tampoco figura entre las posibilidades. Acosta propone explorar opciones para mejorar la gestión del gasto en función de los objetivos de la reestructuración y la continuidad del servicio, pero no especificó los medios para conseguirlo.
El problema sigue siendo que los ingresos no alcanzan para sufragar el exceso de gastos. Así como la planilla devoró los fondos destinados a liquidaciones en los dos intentos de rescate, impedirá la generación de excedentes para pagar compensaciones y, como ha venido ocurriendo, agravará la situación financiera de la entidad. Así, las dificultades de Japdeva se perpetúan a sí mismas.
Es difícil creer en una salida gratuita o siquiera barata, pero es necesario romper el círculo vicioso. El gobierno hace bien en negarse a plantear un nuevo plan de rescate, pero debe asegurar una solución definitiva. No hay manera de lograrla sin financiar la reducción de la planilla y existen compromisos que gobiernan la forma de ejecutarla.
Se puede pensar en recuperar los fondos mediante la eficiencia de la gestión futura, pero el impacto financiero inmediato deberá ser absorbido por las finanzas públicas. Es mejor actuar con celeridad para impedir la prolongación de los daños. Las lecciones de Japdeva deberían estar bien aprendidas.
